UN 1° DE MAYO QUE UNA A CHILE

En teoría este día 1° de mayo, debiese ser el último con la constitución del 80’. Esto dependerá en buena medida, de los resultados de la elección constituyente del próximo domingo. Aunque parezca increíble, considerando los ríos y ríos de tinta, videos de YouTube, tiktok, y lives de IG, que han pasado bajo el puente, aún hoy día existen sectores, por dejar la constitución como está. El caso es que será el consejo constitucional, quien decidirá el nuevo texto fundamental, de ahí la importancia de elegir buenos y buenas constituyentes. El ambiente social y político, que precede a esta elección, viene marcado por la preocupación pública por la seguridad. Una seguidilla de hechos delictivos de alta connotación, ha impedido situar las cosas en su debida dimensión. Los datos de la subsecretaría de prevención del delito, indican que durante lo que va del 2023, ha habido una disminución de delitos de mayor connotación social, se ha desarticulado organizaciones criminales por todo chile, se ha sacado de circulación armamento e incautado droga, con cifras históricas. No obstante, el bombardeo mediático cotidiano, en matinales de TV y prensa del duopolio Emol-Copesa, nos tiene a todos con la sensación que nada se hace o se hace muy poco. En época de elecciones, el tema de la seguridad es recurso habitual, para que decir el uso y abuso de la institución de Carabineros. Políticos del sector conservador han llegado a decir que el actual gobierno, tiene abandonados a Carabineros. Afirmaciones que han sido desmentidas por el propio general director, señalando que este gobierno, le ha entregado todos los recursos que la institución necesita. Nuevos vehículos y equipamiento, aumento de presupuesto, y esta misma semana, la modificación del sistema de gratificación, que va en beneficio directo del personal operativo. Entonces, amigos y amigas, el clima en que llegamos a la elección constituyente, es para variar, un clima de confrontación. A ratos pareciera que algunos políticos se comportan como barras bravas. Como esos sujetos que dicen amar un club deportivo, y sin embargo, su único interés es dejar la grande, ojalá hiriendo a los del otro equipo, o destruyéndole su estadio. Esta irracionalidad, que en Chile, sucede con una frecuencia inaudita, nos permite, identificar políticos (as), que harán y dirán todo lo que este a su alcance, para impedir los acuerdos, para impedir los avances. En nuestro país, estamos desde los albores de la república enfrentándonos periódicamente, las fuerzas del progreso y las fuerzas conservadoras. Nuestra historia está jalonada por eventos trágicos de confrontación, en que las diferencias se las quiso resolver a sangre y fuego. El corazón de la patria arde, por la necesidad de encontrar caminos de entendimiento, que alejen el riesgo de la confrontación violenta. Es en el mundo del trabajo, de donde surge la esperanza de encontrar estos caminos. El acuerdo transversal que viabilizó la ley de 40 horas, es una muestra de que es más fácil construir acuerdos con los actores de la economía real. Quienes se relacionan cotidianamente en la actividad productiva, saben mejor que nadie lo que se requiere para trabajar mejor. Esto a su vez, es una lección para los políticos, empantanados por años en discusiones añejas, ajenas a la existencia del trabajador y trabajadora. Las 40 horas es una prueba de que se puede compatibilizar una mejor calidad de vida, con jornadas de trabajo menos extensas. Con la flexibilidad que tanto la actividad productiva, como la vida familiar del trabajador y trabajadora requieren. No hay que olvidar jamás, la historia del 1° de mayo, se inscribe en la larga lista de tragedias de la lucha obrera, por mejores condiciones de trabajo. Una historia que tuvo también en Chile capítulos de heroísmo y sacrificio, en Las Salitreras, en el carbón, en el puerto, también en la Federación obrera de Magallanes y en el Frigorífico Bories. También la lucha de los que resistieron la dictadura, y los héroes y mártires de la recuperación de la libertad. La historia de los avances en la lucha social, es siempre una lección de futuro. Un día fueron las 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación, hoy son las 40 horas de trabajo a la semana, y vendrán otros avances, en este camino hacia el progreso social y político. Tenemos una vez más una oportunidad como sociedad, que no nos acalle el griterío de las barras bravas, que no prime el insulto y la injuria, por sobre el dialogo franco, la conversación directa, para resolver nuestros conflictos. Que nuestra disposición al diálogo y al entendimiento, sea nuestro mejor homenaje, para los hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas luchando por una sociedad más justa. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 1 de mayo 2023.

LITIO DE CHILE

Amigos y amigas, el jueves recién pasado, el presidente Gabriel Boric anunció la estrategia nacional del Litio. Una política pública destinada a posicionar a Chile como el primer productor del mundo, aprovechando la circunstancia de que es el litio, el recurso más demandado hoy para el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos, siendo vital para reducir el uso de combustibles fósiles, y por ende el calentamiento global. La posición de Chile hoy en el mercado del Litio, es expectante, ya que cuenta con el 36% de las reservas mundiales de este recurso. Son tres los países que están a la cabeza de la producción de Litio en el mundo, Australia, que en 2022 generó el 46,9% de la producción mundial de Litio. Chile, que generó el 30%, y China que generó el 14%, de la producción mundial. Se ha informado por el ejecutivo, que la estrategia, se sustenta en cinco elementos: -El estado va a participar de todo el ciclo productivo del mineral, a través de una nueva empresa estatal, la Empresa nacional del Litio. El proyecto de ley, se presentaría al congreso durante el segundo semestre. -Se promoverá la colaboración público-privada, ya que las actividades de exploración, explotación y agregación de valor se harán en colaboración entre el sector público y el sector privado. -Nuevas tecnologías. Se plantea el uso de nuevas tecnologías de extracción, para minimizar el impacto en los ecosistemas de los salares. Adicionalmente, se creará una red de protección de salares, con el compromiso de alcanzar el 30% de ecosistemas protegidos al 2030. -Participación de las comunidades aledañas a las faenas mineras. Se contempla la participación activa de las comunidades, particularmente de Pueblos Atacameños, debido a que es en Atacama, donde se encuentran las zonas con mayor potencial para futuros desarrollos. -Se busca, que el desarrollo de la industria del Litio, a través de la estrategia nacional, sea en todo el ciclo del recurso, no sólo en la extracción, sino también en la generación de productos con valor agregado. Sólo mediante una autorización legal, el estado puede iniciar actividad empresarial en un área donde no la desarrolla. En plena vigencia del principio de estado subsidiario de la constitución del 80’, la empresa nacional del Litio, no vería la luz, sin un amplio acuerdo que involucre a parlamentarios de oposición. Digamos las cosas por su nombre, no está fácil. Por algo, el presidente Boric, recordó la histórica chilenización del Cobre, del presidente Eduardo Frei Montalva, y la nacionalización del Cobre, del presidente Salvador Allende. Destacó el presidente Boric, que ambas iniciativas contaron en su oportunidad, con el apoyo unánime de las fuerzas políticas, invitando a la oposición a mirar con altura de miras, la estrategia nacional del Litio. Desde el gremio empresarial, se ha fustigado el supuesto intento de nacionalizar el recurso, incluso se ha difundido que, en todos los casos, la asociación del estado con privados, sería, con el control mayoritario del estado. Como en muchas otras materias, ha sido, el ministro Mario Marcel, quien salió a tranquilizar al empresariado, anticipando que efectivamente existen actores privados interesados, en asociarse con el estado de Chile, en la explotación del Litio. Advirtió Marcel, de la diferencia que existe entre el tratamiento legal del Litio, y de otros minerales como el Cobre. Señala que las empresas que operan hoy día en el Salar de Atacama, lo hacen en virtud de un contrato de arrendamiento, ya que, a diferencia del Cobre u otros minerales, que pueden ser objeto de una concesión del estado a privados, el Litio no puede ser objeto de una concesión. El caso de las empresas mineras, Soquimich (SQM), con un contrato por 81.000 hectáreas; y la estadounidense Albemarle, contrato por 16.000 hectáreas, ambos contratos se encuentran vigentes, y el gobierno de Chile los respetará como hasta ahora. El ministro expresa que el anuncio del presidente ha sido mal interpretado, ya que la noticia relevante, es la decisión del gobierno de abrir nuevas oportunidades para el sector privado. A través de asociaciones con el estado, sea a través de Codelco, de Enami o de la futura Empresa nacional del Litio. Se trata de abrir espacios a la inversión privada que hoy están restringidos por ley. También se aclara que sólo respecto del Salar de Atacama, existe el interés del gobierno, en establecer asociaciones con el sector privado, manteniendo el control del estado. Esto se explica por la importancia y valor estratégico del Salar para el estado de Chile. Asimismo, se explica que existen distintas formas en que el estado pueda ejercer el control, puede ser a través de la participación mayoritaria, o a través de cláusulas especiales, o pacto de accionistas. Incluso se anticipa que, para proyectos a desarrollarse en sitios distintos al Salar de Atacama, podría incluso generarse proyectos con participación mayoritaria del sector privado. En síntesis, lo que se pretende con la estrategia nacional del Litio, es aprovechar la oportunidad histórica, de que Chile participe de una industria en alza, pero no como sucedió con el Salitre, o como sucede aún hoy en día con el Cobre. La idea de la estrategia es el desarrollo de una industria con incorporación de valor, pasando del mero extractivismo, a la producción de insumos con mayor incorporación de tecnología. El valor estratégico de esta riqueza natural, justifica que se resguarde para el estado el control del Salar de Atacama. Pero la generación de nuevas oportunidades de negocio, para actores privados, está garantizada, en un mercado al alza, por el boom de los autos eléctricos, y también por la generación eléctrica no convencional, con uso intensivo de baterías. El fantasma de un gigante estatal, apropiándose de empresas y fábricas, es propia de una mente afiebrada. La mesura y tranquilidad, con que explica los detalles de la estrategia nacional del Litio, el buen ministro de Hacienda, es prueba suficiente, de que es una política pública necesaria, y de que abre nuevos horizontes para Chile. El anuncio de que se promoverá el uso de una nueva tecnología de extracción de Litio, en base a la inyección de salmuera, y no a través de esas gigantescas piscinas de evaporación, es un alivio para las señales de alarma, del mundo medio ambiental. Se dice que el ahorro de agua, es cercano al 90%, y utiliza plantas móviles, con bajo impacto. Vale la pena, darle una oportunidad a la estrategia nacional del Litio, quizás sea bastante más, que el viejo “sueldo de Chile”. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 24 de abril de 2023.-

POLÍTICA NACIONAL DE ZONAS EXTREMAS

Amigos y amigas, estamos próximos a cumplir un año, desde que el presidente Gabriel Boric, anunciara en la sede de la Junta de vecinos población Santos Mardones de Punta Arenas, una noticia muy anhelada por los habitantes de las zonas extremas del país. En efecto, el 5 de mayo de 2022, y acompañado de vecinos, dirigentes sociales y autoridades comunales y regionales de Magallanes, informó del lanzamiento de una política nacional, de carácter permanente para zonas extremas. De este modo, el presidente avanzaba en el cumplimiento de un compromiso de campaña, con los habitantes de las regiones de Magallanes y antártica chilena, Aysén, Arica Parinacota, y la provincia de Palena. El ejecutivo recogió el trabajo desarrollado en el plan de zonas extremas PEDZE, iniciado en 2014, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el cual, por su alcance y profundidad, fue extendido en su vigencia, tanto por el gobierno del presidente Piñera, como por la actual administración. La condición de aislamiento y las menores oportunidades de acceso, a bienes y servicios, de calidad y precio similar al centro del país, son de carácter permanente, no importando quien gobierne. Así lo entendió el presidente Boric, y durante este período, en base al dialogo sostenido con gobiernos regionales y municipios de todo el país, se ha elaborado la política nacional de zonas extremas. El ejecutivo dictó el decreto N° 43 de 25 de enero de 2023, que fija el reglamento de la política nacional de zonas extremas, el cual se encuentra actualmente en tramitación en Contraloría general de la república. En forma preliminar, ya que aún no se publica en el diario oficial, podemos anticipar que la política nacional de zonas extremas, recoge el avance de los planes de zonas extremas iniciados en 2014, y que se encuentran vigentes hasta diciembre de 2023. Además, incorpora criterios para identificar territorios como zona extrema: Distancia de 1.500 kms. entre la capital regional y la capital nacional. Condiciones territoriales especiales, como Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. Y territorios que sean parte de los planes de zonas extremas. El propio decreto puntualiza que territorios cumplen con estos criterios, y son considerados como zona extrema en este instrumento: Las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Aysén del General Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena, el Archipiélago de Juan Fernández y la Provincia de Isla de Pascua, como también, la Provincia de Palena y comuna de Cochamó, estas últimas pertenecientes a la región de Los Lagos. En cuanto a la gobernanza, se establece que el gobierno regional lidera el proceso de formulación e implementación del Plan de Desarrollo. En tanto, los órganos de la Administración del Estado que operen en el territorio de zona extrema, deberán prestar la colaboración que requiera la gobernación regional, dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, para el diseño e implementación del Plan. Al igual que en la construcción del PEDZE, en la política nacional se incorpora participación ciudadana, y mecanismos de transparencia, para la información adecuada del estado del plan en cada etapa. Se define, asimismo, que una vez cumplidas todas las etapas en la elaboración del plan, la propuesta de Plan de Desarrollo de Zona Extrema, debe ser remitida por el gobernador o gobernadora regional a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). Para este efecto se debe remitir, la cartera de iniciativas, la aprobación del consejo regional y la documentación que formaliza los compromisos financieros o de apoyo técnico de los sectores para su evaluación técnica. La SUBDERE evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento, para la elaboración, contenido y antecedentes del Plan, luego de lo cual aprobará el Plan de Zona Extrema mediante resolución. Otro elemento fundamental, que la política nacional de zona extrema, incorpora del PEDZE, es la evaluación técnico financiera en el Ministerio de Desarrollo social (MIDESO), el reglamento establece que las iniciativas de inversión pública, ingresadas al sistema nacional de inversiones, deberán evaluarse bajo un enfoque costo eficiencia, hasta la publicación de una nueva metodología que la reemplace. Este factor es muy relevante, ya que, en las zonas extremas, el enfoque tradicional de evaluación costo beneficio, hacía inviables muchos proyectos. Una innovación incorporada por el reglamento, que se vio como muy necesaria, durante la ejecución del PEDZE, es la posibilidad de modificar la cartera de inversión. Esto es de particular importancia, sobre todo en aquellas iniciativas de inversión de más largo aliento, por cambios en las necesidades que motivaron la iniciativa, o cambios relevantes de la realidad regional. Se podrá efectuar cambios en los siguientes casos: a) Cuando la iniciativa contenida en la aprobación del Plan de Desarrollo inicial no sea viable técnicamente o exista una mejor alternativa para dar solución al problema que busca abordar. b) Cuando se presente alguna contingencia que obligue a priorizar un elemento adicional al considerado inicialmente por el Plan. En todo caso, los cambios en la cartera deben ser coherentes con los objetivos y metas propuestos en el Plan de Desarrollo, y considerando la disponibilidad presupuestaria según su fuente de financiamiento. Asimismo, los proyectos y/o programas deberán contar con la respectiva recomendación satisfactoria en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Toda modificación propuesta deberá ser solicitada a la SUBDERE con los antecedentes de respaldo correspondientes. Se establece la evaluación de los Planes de desarrollo, para medir los resultados y avances, las que efectuará la SUBDERE, en tres momentos. Inicial, para aprobar el plan de desarrollo y su puesta en marcha. Intermedia, al quinto año de ejecución desde la entrada en vigencia del plan, o con el 50% de la ejecución presupuestaria del proyecto. Y una evaluación final, al décimo año de ejecución desde la entrada en vigencia del plan. En esta se identificará logros y resultados, y tendrá por objeto entregar antecedentes para una actualización o un nuevo plan de desarrollo. El decreto 43 que fija el reglamento de la política nacional de zonas extremas, está en análisis en la división jurídica comité municipal de la CGR. Los habitantes de las zonas extremas, esperamos con ansias, la concreción de esta política permanente, para no depender de la voluntad de los gobiernos de turno, en la decisión de nuestro propio destino. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, Lunes 17 de abril de 2023.-

MANO FIRME Y CORAZÓN SERENO

Amigos y amigas. Esta semana nuevamente la agenda de seguridad hace pasar a segundo plano, cualquiera otra materia del tapete público. No es para menos, en momentos en que se conseguía un trabajado acuerdo para aprobar, con modificaciones, el proyecto de ley Nain-Retamal, sobreviene un nuevo crimen, que cuesta la vida a un carabinero. Se trata del cabo primero Daniel Palma, quien en medio de un procedimiento realizado la noche del miércoles en el centro de Santiago, recibió un disparo en la cabeza. Es el tercer carabinero fallecido en un lapso de 23 días, siendo ascendido en forma póstuma a Suboficial mayor de la institución. Como era de esperarse los medios, transmiten 24/7, todos los pormenores, sin pudor ni prudencia alguna. Explotando con fines de rating, el justo dolor de las familias afectadas. Tampoco se hizo esperar, el coro de políticos populistas, que trataban de ganar cámaras, con anuncios disparatados. Los hubo incluso, que, en medio de la indignación de la familia institucional, se mostraron sonrientes, sacándose selfies, como si se tratara de un carnaval o una celebración. Afortunadamente, el ejecutivo no sucumbió a la fiebre mediática, y optó por dar una señal de estado. Al responso fúnebre, efectuado en la iglesia institucional, la tarde del jueves, concurrió el presidente Boric, acompañado por la ex presidenta Michelle Bachelet, y los ex presidentes, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Las medidas adoptadas por el gobierno para fortalecer el combate al crimen organizado, incluyen el respaldo de las coaliciones de gobierno, a la aprobación de la Ley Nain-Retamal, con modificaciones. Lo que constituye por una parte una señal de autoridad del ejecutivo, y por otra una señal de responsabilidad de las fuerzas políticas que sustentan el gobierno. Asimismo, el presidente junto a la ministra del interior, el ministro de hacienda, los jefes de ambas policías, y el director de la ANI, anunció la implementación de un plan desarrollado por interior, en dialogo con las fuerzas policiales, y los municipios, denominado “Plan Calle sin Violencia”. A través de este plan se va a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías. El fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, la creación del delito de extorsión y el endurecimiento de penas para el delito de secuestro. El plan tendrá su foco en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos. También se dispondrá de recursos destinados a áreas verdes, espacios de deporte y espacios educativos. Para el financiamiento de estas y otras acciones, el gobierno ha dispuesto de un fondo de US$ 1.500 millones anuales en régimen los que, sumados a los recursos del Presupuesto 2023, involucrarán un incremento del 40% real del presupuesto público asignado a funciones de seguridad. El fondo de recursos adicionales, se financiará con fondos de emergencia del tesoro público, no habrá reasignaciones, ni se emplearán fondos destinados a otros fines. Estas medidas permitirán la focalización de la persecución para poder esclarecer los homicidios y delitos asociados, reforzando la acción investigativa especialmente donde existe tráfico de armas. En cuanto a reforzamiento de la acción policíaca: A la renovación del parque vehicular que ya está en curso, se intensificará la fiscalización de control de armas y aumento de patrullajes. Habrá dotación adicional en Carabineros para estas tareas, liberando personal de tareas administrativas. Asimismo, se dispondrá un programa especial para el reforzamiento de los equipamientos de protección personal de Carabineros y la PDI. Un aspecto relevante de la agenda de seguridad de la actual administración, la constituye el compromiso de traspaso de competencias a los gobiernos regionales y a las municipalidades, para mejorar las acciones de prevención, desde las localidades y regiones del país. Como corolario de un trabajo iniciado en 2022 por la ministra del interior, se suscribió el “Compromiso transversal con la seguridad”, con gobernadores regionales y municipios de todo el país. Este compromiso considera 92 iniciativas legales y de políticas públicas, que se distribuyen en 5 ejes: prevención y víctimas; control, con el fin de frenar el alza de homicidios y el uso de armas de fuego; persecución y sanción; institucionalidad y policías. Se transferirán competencias específicas a los gobiernos regionales para diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de seguridad. Asimismo, se modificará la Ley orgánica de municipalidades, para fortalecer su rol preventivo. Con toda esta batería de medidas legales, administrativas, recursos adicionales, y la puesta en marcha del Plan “Calle si violencia” y el “Compromiso transversal con la seguridad”, los organismos especializados en el combate a la delincuencia, estarán efectivamente dotados de mayores recursos, para realizar su labor. Sin embargo, el riesgo al que se encuentran expuestos los funcionarios en funciones operativas, continuará presente. El conjunto de medidas dispuestas por el gobierno, y la entrada en vigencia de normativa, que tipifica nuevos tipos penales, surtirá efecto en el mediano plazo. En lo inmediato, se requiere de medidas que dependen únicamente del alto mando institucional. Expertos de seguridad y del mundo académico han advertido de las necesidades de capacitación, y mejoras de protocolos de actuación. Es la labor propia de la competencia de los organismos de orden y seguridad, y deben contar no sólo con los recursos materiales y técnicos, que el estado les provee, sino de los niveles adecuados de formación y preparación. En el intertanto, el llamado que ha hecho el presidente es a enfrentar, como un tema de estado, el tema de seguridad, y no intentar sacar réditos políticos. En este escenario de dolor y legítima indignación, de gran parte del país, conmovida con estos cruentos hechos de sangre, tenemos que sacar adelante la tarea constituyente. A estas alturas es un verdadero desafío, teniendo en cuenta los transversales reportes, que hablan de un tedio o desinterés ciudadano. El hecho cierto es que el domingo 7 de mayo, volveremos a las urnas, para elegir al consejo constituyente, órgano encargado de redactar nuestra nueva carta fundamental. Abierto el período de campaña electoral, y franja televisiva, cada quien puede apreciar, las propuestas, ideas, o la ausencia de ellas, de cada uno de los conglomerados que sustentan listas al consejo. Salta a la vista que, en la propaganda de la oposición, se centran más bien, en el resultado del plebiscito pasado, que en las propuestas que impulsarán en este nuevo proceso. La razón podría estar, en que un sector no despreciable de ese sector, que impulsó al candidato presidencial Kast, no está de acuerdo con una nueva constitución. La defensa del estatus quo de la constitución del 80’, se traduce en ideas como el estado subsidiario, la defensa de la salud privada y de la capitalización individual. Además de otras ideas, no menos conocidas, como reducir el estado, y la carga de impuestos. Es difícil que la decisión de esta elección, se haga en base a discusión de ideas y propuestas. La obsesión opositora con golpear al presidente, les tienta a enfrentar esta votación como un plebiscito al gobierno. Nada nuevo bajo el sol. Subidos en la ola populista, estrujando cada hecho criminal, toda una pléyade de alcaldes, alcaldesas, actuales parlamentarios, y el ex candidato presidencial de su sector, ya se ven terciándose la banda. En una escena que ya hemos visto varias veces, en los últimos 20 años, se ha iniciado la disputa presidencial en la derecha. Es desafortunado para Chile, que cuando enfrentamos la tarea más trascendental de nuestra democracia, las rencillas de una tribu, se tomen todos los espacios. Esperemos que los días que vienen, los ánimos mejoren. Las tareas que enfrenta nuestra sociedad, son múltiples y complejas, y le corresponde al gobierno progresista, liderar, conducir, la capacidad creadora e innovadora, de las fuerzas sociales, económicas y políticas. Las tareas que tenemos entre manos como país, demandan, como tantas veces he dicho, altruismo, altura de miras, pensar en el bien de los otros, en el bien de Chile. Al Presidente Boric, mano firme y corazón sereno en la conducción de los destinos de la patria. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 10 de abril de 2023.-

ALTO AL POPULISMO

Amigos y amigas, la semana que nos deja, estuvo marcada por los temas de seguridad. El brutal crimen que afectó a la Sargento Rita Olivares, póstumamente ascendida a suboficial mayor, conmocionó al país. Los hechos se produjeron cuando la unidad que dirigía, la carabinera fallecida, acudió a un lugar donde se perpetraba una “mexicana”, es decir el intento de una banda narco de robar a otra banda su droga. Se trataba de individuos fuertemente armados, que, viéndose en peligro de ser atrapados, dispararon decenas de tiros, a la policía. Difícil que, en el país, haya quedado alguien sin conmoverse. Lamentablemente, la oposición, dejando de lado el más mínimo pudor, hizo aprovechamiento político, del sensible deceso, responsabilizando al gobierno, de las trágicas muertes. Un escenario donde la emoción, legítima de las familias, se instrumentaliza para obtener dividendos políticos. Así, en un contexto donde medio Chile, lloraba a la nueva mártir de la institución, se discutió en la cámara de diputados el proyecto de ley Nain-Retamal. Un proyecto que en lo sustantivo establece un endurecimiento de penas, para quienes atenten en contra de personal de las fuerzas de orden y seguridad. Sin embargo, incorpora un nuevo concepto de legítima defensa privilegiada, que ha sido objeto transversalmente de cuestionamientos, por abogados penalistas. Su aprobación implicaría, prácticamente. que ya no sería necesario comprobar la ilegitimidad de la agresión, la necesidad racional del medio empleado ni la falta de provocación suficiente. Requisitos hasta ahora de la legitima defensa, que ya no serían objeto de revisión ni control, lo que conllevaría relajar los controles sobre el uso de la fuerza letal, aumentando el riesgo de eventuales excesos. También se pronunció en el mismo sentido, el jefe de la ONU para América del Sur, Jan Jarab, señalando que no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos, ya que “en lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas. Obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos, favoreciendo la impunidad”. Tras la aprobación en la cámara, el ejecutivo ha presentado indicaciones, con el propósito de que el endurecimiento de penas se concrete. En cuanto a la legítima defensa privilegiada, se introducen requisitos para el ejercicio de la misma, evitando así el riesgo de futuros excesos. Una política tan importante para el país, como la política pública de seguridad, no puede legislarse al compás de las redes sociales, o matinales de TV. Está comprobado que la pauta televisiva, marcada por la crónica roja, notas sobre asaltos, portonazos, o delitos de droga, incrementa la percepción de inseguridad de la población. Si a eso le sumamos, políticos populistas, ofreciendo soluciones inmediatas y fáciles a cuanto mal aqueja a la sociedad, tenemos un cóctel indigesto, alto en riesgos contra la convivencia y contra la democracia. No es fácil discernir, en medio del bombardeo mediático. Y sucede, que, en los próximos meses, tendremos que acudir nuevamente a las urnas. Para elegir a los consejeros constitucionales, que nos darán, una nueva carta fundamental. Cómo podemos hacer, para no equivocarnos, para no caer presa del canto de sirena populista. No está fácil. Lo primero será, revisar tus propias ideas sobre la vida y la sociedad. Luego será informarse sobre los planteamientos concretos que hacen los distintos conglomerados políticos. La decisión esta vez, no será una caja de pandora, de la que puede salir cualquier cosa. Este proceso, cuenta con doce bases institucionales, previamente acordadas por las fuerzas políticas con presencia parlamentaria. Cuenta con una comisión técnica de admisibilidad, que realizará un examen del contenido, para verificar se encuadra dentro de las bases institucionales. Y cuenta con una comisión experta, integrada por 24 personas, las que ya dieron origen a una propuesta de contenido constitucional, en un texto de 192 propuestas de norma, y 22 disposiciones transitorias. Esta propuesta de texto deberá votarse por el pleno de la comisión experta, lo que debiera ocurrir durante este lunes. Como se puede apreciar, el proceso en curso, carece del vértigo que produjo el anterior proceso. Se han extremado medidas para que los acuerdos surjan de consensos amplios. Los que, de todos modos, son forzados por la composición de la comisión experta y de la comisión de admisibilidad, en ambos organismos hay un virtual empate entre gobierno y oposición. De ahí la importancia, de lo que cada uno (a) de nosotros haga el 7 de mayo, contar con un consejo constitucional variado y representativo, dependerá de la candidatura, y del pacto electoral, que cada quien apoye. La posibilidad de redactar un nuevo contrato social, pese al resultado del proceso anterior, honra a Chile, honra nuestra democracia. Definitivamente queremos, tener una mirada común sobre nuestra vida en sociedad. Sabemos la importancia de los consensos y grandes acuerdos, y nuestra realidad histórica y política, nos obliga a perseverar en la búsqueda de un propósito común, una idea, un proyecto de país. Para que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, cuenten con instrumentos adecuados para resolver sus diferencias, y para que los frutos de un futuro país próspero, lleguen a todos y todas. No es un camino fácil el que estamos siguiendo, pero nuestros ancestros, enfrentaron desafíos mayores, para legarnos este sueño llamado Chile. Somos herederos de esos esfuerzos, y de cada hombre y mujer de esta tierra, depende el llevar nuestro barco a buen puerto. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 3 de abril de 2023.-