A propósito del inesperado escenario constitucional en
el que ha entrado nuestro país, hemos estado revisando como se gestó la
constitución política del estado de 1980. Cuando se cumplían 7 años desde el
golpe de estado, los miembros civiles del régimen, instaron al dictador a
generar un nuevo marco constitucional. La
idea era dotar de estabilidad al régimen, asegurando su continuidad.
Resulta muy ilustrativo consignar como se elaboró y
cómo se aprobó la constitución del 80, para contrastarlo con el procedimiento
iniciado este año, y que nos dejará con una nueva constitución el 2021.
Según un artículo elaborado por la Biblioteca del
Congreso Nacional, se consigna, que la Junta Militar, dictó los DL N°1, N° 128
y N° 788, donde se auto atribuyó la potestad constituyente. Cesa en los hechos,
la vigencia de la Constitución de 1925.
En la elaboración de la nueva constitución
participaron tres instancias. La comisión de estudios de la nueva Constitución
política del Estado, creada el 24 de septiembre del 73, conocida como Comisión Ortúzar, porque
fue presidida por Enrique Ortúzar, e integrada entre otros por Jaime Guzman,
Sergio Diez, Jorge Ovalle, Enrique Evans y Alejandro Silva, Raúl
Bertelsen, Juan de Dios Carmona y Rafael Eyzaguirre.
La Comisión Ortúzar sesionó entre el 24 de septiembre de
1973 y el 5 de octubre de 1978, completando 417 sesiones de trabajo. Al término
de las cuales, entregaron al dictador Pinochet un anteproyecto constitucional
compuesto por 123 disposiciones permanentes y 11 transitorias. Luego de eso, la
Comisión se disolvió.
Una segunda instancia la constituye el Consejo de Estado,
órgano consultivo del Presidente de la República en asuntos de gobierno y
administración civil. En la ficción jurídica creada por los miembros civiles
del régimen, el dictador Pinochet se atribuía el cargo de presidente de la
república. El Consejo de Estado, estaba integrado por los ex Presidentes de la
República Jorge Alessandri Rodríguez
(presidente) y Gabriel González Videla. Además, Carlos Cáceres, Juan de Dios
Carmona, Juan Antonio Coloma, Juvenal Hernández, Vicente Huerta, Renato García,
Diego Barros, Pedro Ibáñez, Oscar Izurieta, Hernán Figueroa, Mercedes Ezquerra,
Héctor Humeres, Julio Philippi, William Thayer, Guillermo Medina, Enrique
Bahamonde y Enrique Urrutia Manzano, entre otros.
El consejo de estado elaboró un nuevo proyecto
constitucional, alternativo al de la Comisión Ortúzar, entre el 14 de noviembre
de 1978 y el 1 de julio de 1980, a partir de un total de 57 sesiones de
trabajo. El 8 de julio de 1980, el Consejo entregó su proyecto a la Junta de
Gobierno. El consejo de estado continuó en funciones hasta marzo de 1990.
La constitución definitiva, fue elaborada en base a los
textos antes mencionados, por un grupo de trabajo designado por la junta
Militar. El grupo de trabajo estuvo integrado por el Ministro del Interior
Sergio Fernández, la Ministra de Justicia Mónica Madariaga, más los auditores
de las Fuerzas Armadas. Entre el 8 de julio y el 8 de agosto de 1980,
elaboraron el texto final de la Constitución, que fue aprobado por la Junta
militar.
El
texto constitucional debía aprobarse en un plebiscito. Este se llevó a cabo el
11 de septiembre de 1980, aprobándose con una mayoría del 65,71% de los
votantes.
Sin registros electorales, sin partidos
políticos, que habían sido proscritos. Sin libertad de prensa, ni de expresión.
La aprobación fue sólo reconocida por los partidarios del régimen. La
Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981.
Por aplicación del artículo 14 Transitorio de la nueva constitución, se
aseguraba la continuidad del dictador
Pinochet, con el cargo de Presidente de la República por 8 años. Al término de
estos, de acuerdo a los artículos 17 y
29 Transitorios, los Comandantes en
Jefes de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros por
unanimidad propondrían al país el nombre de una persona que ocuparía el cargo
de Presidente de la República por 8 años más, sujeto a ratificación en un
plebiscito. Como era de fácil de prever, el dictador Augusto Pinochet fue el
designado.
En el plebiscito del 5 de octubre de 1988, el
pueblo de Chile se volcó a las urnas, y derrotó abrumadoramente la opción de que el general Augusto Pinochet prolongara
su mandato por ocho años más. Para la
anécdota, queda el retraso por varias horas de la entrega del cómputo final. El secretario general de gobierno Cardemil,
apareció en horas de la madrugada a dar los resultados definitivos. Durante más
tres horas los canales de TV, trasmitieron el “Correcaminos”.
La historia cuenta, que a noche del 5 de
octubre el dictador pretendía desconocer el resultado, y disponer el despliegue
de tropas en todo el país. No todos los miembros de la junta lo respaldaron. El
más notorio fue el general Mathei, comandante de la FACH, que fue el primero en
reconocer el triunfo de la opción NO. Si bien hubo patrullajes militares en
tanquetas y con rostros pintados de negro, en varias ciudades. La noche del
triunfo fue de una tensa espera, y una alegría contenida.
El escenario de triunfo de la oposición sobre
la opción de continuidad del régimen, abrió una posibilidad de reformar la
constitución para la realización de elecciones libres. El régimen pactó con la
oposición un paquete de 54 reformas, y fue convocado un plebiscito, que se efectuó el
día 30 de julio de 1989 del mismo año, a pocos meses de las elecciones
presidenciales y parlamentarias programadas para el día 14 de diciembre de ese
año. Donde el candidato del régimen sería Hernan Büchi, ex ministro de Hacienda
de Pinochet, el cual fue derrotado por el candidato de la Concertación de
partidos por la Democracia, Patricio Aylwin.
Desde 1990 al año 2017, subsistieron las
principales trabas y cortapisas, establecidas por los redactores de la
constitución del 80, para impedir que las mayorías democráticas pudieran expresarse.
La última gran reforma fue el cambio del sistema binominal, que mantenía
artificialmente empatadas a las fuerzas políticas.
El estallido social, o la revolución de
octubre de 2019, pone a Chile frente a una posibilidad única en toda nuestra
historia. Poder decidir dentro del sistema democrático y dentro de nuestra
institucionalidad, una nueva constitución para Chile. Por primera vez, mediante
la participación de todos, podremos optar por la convocatoria a una asamblea o
convención constituyente. Las diferencias con el escenario descrito, en la génesis
de la constitución del 80’, no pueden ser más radicales. Es imprescindible que
todos quienes hoy se expresan en el espacio público, puedan atesorar el
grandioso momento en el que nos encontramos.
Poder concretar una nueva constitución,
requiere ahora de un trabajo educativo, instructivo, el cual se puede hacer en
las aulas, en los lugares de trabajo, en las juntas de vecinos, en los clubes
deportivos, en las iglesias.
Una sociedad avanzada, un estado social y
democrático de derecho, no se construye desde una calle incendiada. No hay
épica alguna en la destrucción del mobiliario de un liceo, en atentados contra
sedes políticas, o en la profanación de tumbas o capillas. La lucha social se
debe a sus destinatarios, el pueblo mismo. Y nada ofende más al pueblo
trabajador, que se destruya el fruto de su sacrificio.
Es hora de construir, de acercarse, de
confiar. Se lo debemos a los fallecidos, a los cientos de heridos, a los miles
de detenidos, se lo debemos a Chile.
Soy Ernesto Sepúlveda, en Crónicas de la Patagonia.
Lunes 25 de noviembre de 2019.-