La política de los consensos o
política de los acuerdos, es el sello con el que ha quedado en la historia, el
período de la Concertación de partidos por la democracia. Según coinciden, unos con más apasionamiento
que otros, el período de gobierno más
estable y exitoso de nuestra historia. El crecimiento económico récord, a tasas
nunca más vistas, la reducción de la pobreza de un 40% a un 12%. Como suele
suceder con los procesos de transformación social y política, a medida que nos
alejamos de los hechos, el juicio histórico va cambiando. Y lo que ayer era
considerado un proceso de transición a la democracia, modelo en el mundo, ahora
deviene en algo no tan puro ni
transparente.
La información con la que se
cuenta hoy, es similar a la que se sabía
de antes, pero ahora documentada, e incluso con numerosos procesos judiciales
en marcha. Sucede que durante ese mismo periodo, de los 20 años de la
concertación, se inició el financiamiento irregular de la política, la relación
incestuosa del dinero y la política, y el poder desmedido y sin control de
quienes tienen el monopolio de las armas. Los escándalos de corrupción que golpearon
empresas y partidos políticos, detonaron después, así como el de la corruptela
conocida como “Milicogate” y “Pacogate”. En la práctica los hechos se
produjeron durante décadas, sin sanción ni reproche alguno de las instancias
fiscalizadoras y de control.
Cuando hablamos del consenso de
los años 90´, recordamos esas eternas
reuniones en La Moneda o en grandes hoteles, donde un joven Enrique Correa,
hacía gala de su habilidad para crear redes, y negociar, tanto con la derecha
como con los militares. De él, llegó a decir el propio dictador, que si lo hubiese
tenido en su gabinete no hubiera perdido el poder. Una aplaudida política de
acuerdos que a la luz de los hechos posteriores, permite dudar acerca de su
existencia.
Gran parte del contenido de la
constitución política de Guzmán y Pinochet, tuvo por propósito impedir el
ejercicio de las grandes mayorías. La idea era constreñir de tal modo a los
adversarios del dictador, si llegaban al gobierno, que en la práctica, se
vieran obligados a actuar muy parecido a como ellos mismos lo harían. Se diseñó
un entramado legal con senadores designados
por el propio dictador. Con un sistema electoral binominal que empataba artificialmente
a las fuerzas de oposición y de gobierno. Los quórum supramayoritarios que
impiden hacer modificaciones estructurales, sin contar con el apoyo de los
adversarios políticos. Leyes de “amarre” dictadas en los últimos días de la
dictadura el año 1989, y las llamadas “leyes secretas”, que ni siquiera se
publicaron en el diario oficial.
Decíamos que la propia existencia
del consenso y la política de los acuerdos, con el devenir de tiempo, es
controvertida. En el fondo a las autoridades de gobierno de la concertación, no
les quedó otra alternativa que someter su acción política, a lo que estuvieran
dispuestos a conceder los partidos que defendían el legado de Pinochet.
La política de los consensos, más
bien fue la política “En la medida de lo posible”, la famosa frase del
presidente Aylwin, refiriéndose al objetivo de su gobierno, en cuanto a justicia
en casos de DDHH.
Nunca se contó con mayorías
parlamentarias suficientes para sortear las barreras instaladas por Guzmán y
asociados. La Concertación hizo lo que pudo, con el beneplácito y la aprobación
de los grandes grupos económicos, a quienes garantizó estabilidad. No hubo ni
grandes cambios laborales ni tributarios, y se mantuvo contenida a la Central
de trabajadores y grandes sindicatos.
Cuando nos enfrentamos hoy, a 30
años del retorno a la democracia, a una nueva instancia decisiva. Enfrentamos las mismos dudas, de esos primeros años de gobiernos
democráticos. La amenaza de que cosas horribles pasarían si el dictador no
ganaba el plebiscito. Se actualiza por sus herederos, llamando a conservar lo que queda de la constitución de
Pinochet.
Sin el miedo de hace 30 años, el
denominado “estallido social”, nos muestra la necesidad de construir verdaderos
consensos en nuestra patria. El sueño de
que en 2020 Chile sería desarrollado, no se cumplió. Tampoco que a esta fecha
los jubilados sacarían el 100% de su remuneración como pensión. Hay muchas
razones para el descontento. La confianza en las instituciones está por los
suelos, y hoy en día no existen figuras públicas que conciten una adhesión y
respeto, que les permita liderar.
En este escenario, con más
incertezas que certidumbres, es imprescindible que todos y cada uno de
nosotros, ciudadanos comunes y silvestres, tomemos el control de nuestras
vidas. Tenemos una oportunidad histórica de ser dueños de nuestro propio
destino. Pero debemos hacerlo en paz. Debemos construir puentes allí donde se
alzan barricadas y cercos policiales. Debemos llevar tranquilidad y apoyo allí
donde se teme abrir el pequeño comercio o la oficina. Debemos conocernos más,
con nuestros vecinos, nuestros caseros de la feria o el almacén. Con la cara
descubierta y las manos limpias. Es el único camino posible para retomar la
senda del progreso, y que esta vez, llegue a todos.
Ernesto Sepúlveda Tornero
Punta Arenas, lunes 3 de febrero
de 2020.-
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