Hace 7 años, el 15 de noviembre de
2019, dirigentes políticos de diversos sectores de Chile suscribieron el
Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Reunidos en horas de la
noche, tras largas deliberaciones, se acordó un texto que sintetizaba la
aspiración del mundo político por encauzar institucionalmente las demandas
expresadas en el estallido social iniciado el 18 de octubre de ese año.
El fracaso de los dos procesos
constitucionales que se intentó después, hace olvidar que lo ocurrido aquella
noche del 15 de noviembre, es lo que permitió construir una salida pacífica a
la mayor explosión social de los últimos cien años en Chile. En otras palabras,
la decepción generalizada producida por el fracaso constituyente, hace olvidar
que lo que impidió un desenlace sangriento de la crisis social y política, fue
ese momento poco conocido, y poco valorado en que un grupo amplio de políticos,
se reunió para salvar la institucionalidad. Con toda seguridad, había otras
alternativas, como que se insistiera con la acusación constitucional en contra
del presidente de la república, lo que habría puesto término anticipadamente al
mandato del presidente Piñera. Un hipotético caso como ese, no consideraba la
reacción del resto de los poderes del Estado, ni tampoco de los poderosos
intereses económicos. Para la historia queda la firme oposición de la senadora
Isabel Allende, que, con el recuerdo de su padre, el presidente mártir, sostuvo
que en democracia los presidentes debían concluir su período. Algunos años más
tarde, la ultra derecha le pagó ese acto de hidalguía, con una acusación ante
el TC que la privó de su cargo para el cual fue electa democráticamente, y fue
expulsada oprobiosamente del Senado de la república.
En ese no tan distante año 2019, una asonada
popular que no dejara títere con cabeza, fue una idea que rondó por las cabezas
de moros y cristianos. Un sector de la derecha instaba al presidente Piñera a
instalar el estado de sitio en todo el país, y reprimir con fuerza a los
manifestantes. Eso estaba encima de la mesa la noche del 15 de noviembre. A su
lado estaba el conjunto de demandas sociales de diversa naturaleza, que
impulsaba la ciudadanía en forma transversal, en cada rincón del país, de Arica
a Magallanes. El reclamo en contra de los abusos de bancos, Farmacias,
supermercados; el reclamo en contra de la desigualdad, y la exigencia de una
mejor distribución de la riqueza y el mayor acceso a derechos sociales.
El fracaso de los dos procesos
constituyentes, le ha quitado visibilidad y valoración al acuerdo del 15 de
noviembre de 2019. Por cierto, en esa noche los sectores más extremos del
espectro político no participaron del acuerdo. No estuvo el PC, tampoco
estuvieron los partidos de lo que hoy se conoce como FA. Ya que el por ese
entonces diputado Gabriel Boric, lo hizo a título personal, ganándose después
las recriminaciones y amenazas de sanción en su partido. También se manifestó
contrario a este acuerdo el diputado Kast, quien lideraba el partido
republicano, que se encontraba en formación, y eran partidarios de conservar la
constitución sin modificaciones.
Entre las cosas insólitas de nuestra
historia reciente, con seguridad el premio se lo lleva la situación que se
produjo en los dos procesos constituyentes. Dos procesos liderados por sectores
de izquierdas y derechas, realizados en forma consecutiva, dieron como
resultado dos sonados rechazos ciudadanos. Un verdadero remake electoral sucedió
después en las elecciones presidenciales. En 2021 se impuso una alianza de
partidos de izquierda liderados por el ex diputado Boric, quien asumió con la
promesa de dar respuesta a las demandas sociales expresadas por la ciudadanía
en 2019. El resultado de esta experiencia no fue la de proyectar el programa de
transformaciones sociales en otro mandato presidencial. Por el contrario, y
repitiendo el movimiento pendular que se ha cumplido cada 4 años, desde 2010, el
trompo volvió a girar, y en 2025 fue electo el líder de la ultraderecha, el ex
diputado JAK.
Los cambios electorales, no han
calado en el tejido social. Los últimos estudios de opinión dan cuenta que la
ciudadanía ve que las causas que motivaron el estallido social, se
mantienen. Paradójicamente, al día de
hoy se identifica al estallido social como una respuesta a los abusos, la
injusticia, la mala distribución de la riqueza, se esgrimen como fundamento del
estallido. Hoy la ciudadanía, ajena a la propaganda financiada por las AFP y
las grandes fortunas, no sólo justifica el estallido, sino que tiene una imagen
positiva del mismo.
Lo anterior es un contraste evidente
con la opinión que sostiene la coalición gobernante. Lo que pareciera indicar
la pérdida de ese “sentido común” del que se sentía la voz hegemónica. El
rechazo a las medidas económicas adoptadas en el primer mes de mandato, como
por ejemplo el traspaso íntegro del alza del precio de los combustibles a los
consumidores, hunden la aprobación de ejecutivo en torno al 20%. El sentido
común ciudadano, como siempre ha sido, está ligado a sus condiciones materiales
de vida. El año pasado con el país recuperándose al ritmo de un crecimiento de
2,5 anual, con inflación controlada en torno al 3%, y a la baja, se avizoraba
el inicio de una baja en las tasas de interés por el Banco Central. El desempleo
cerca del 8% también en tendencia a la baja. Pero eso no era suficiente para la
población, había descontento, insatisfacción. En ese terreno hallaron campo
fértil los anuncios de campaña, las promesas, de que el país estaba en el suelo,
y que, con el cambio de ciclo electoral, “todo va a estar mejor”. El cúmulo de
expectativas de un electorado ansioso e impaciente, rebota ahora cuando las
promesas de campaña se han comprobado ineficaces, erróneas o derechamente
falsas. Como máxima expresión y síntesis de cómo empeoró la situación en un
breve lapso, están las declaraciones del ministro de Hacienda, donde ha
reconocido, lo que todos los economistas de progresismo y de centro derecha
adelantaron, Chile está en recesión. Es primera vez que Chile entra en una recesión,
que no es provocada por una recesión mundial. Según datos del FMI, el mundo
crecerá un 3% este año. Latinoamérica crecerá un 2,3%, mientras Chile terminará
2026 con crecimiento cero.
Otra de las materias sobre las que
más se discurseó en campaña, es el desempleo. Hoy el desempleo está rompiendo
todos los récords anteriores, está rosando los dos dígitos, superando el millón
de personas. La inflación que estaba en 2025 por llegar al rango meta del Banco
Central de 3,0%, hoy llega a 4,5 %. La
alta inflación impide al Banco Central bajar la tasa de política monetaria, lo
que priva a la economía del impulso al crédito y la inversión, que gatilla el
crecimiento. El termómetro de la economía es el consumo de los hogares, como
efecto del “bencinazo” y con los precios de la canasta de alimentos al alza, el
consumo privado se ha reducido nuevamente. Un efecto que lo han notado hasta
los feriantes, pero que en las finas oficinas de Hacienda en Teatinos 120 no se
oye padre.
Mantener una decisión de política
económica errónea, no es liderazgo o señal de carácter, persistir en un camino equivocado
contra toda evidencia, es señal de obstinación, de rigidez, incompatible con
los atributos de cercanía, confianza, credibilidad y empatía, que son los
atributos en que la ciudadanía reprueba con más fuerza al ejecutivo.
Una decisión de última hora, forzada
por una movilización de gremios regionales de dueños de camiones, llevó al
ministro de hacienda a revertir su decisión de liberar a su suerte el precio de
los combustibles. El MEPCO que en marzo era malo, pésimo, ahora parece que no
sólo es bueno y se repone, sino que se presenta un proyecto de ley, para
inyectar más recursos para subsidiar el precio de los combustibles a un costo
cercano a los mil millones de dólares entre 2026 y 2027. Esto como respuesta al
gremio que se atrevió a desafiar al gobierno en las calles y rutas.
Como soy optimista, espero que esta
mini señal de flexibilidad, se replique también en otros ámbitos. Aunque el
rostro del ministro Quiroz en el punto de prensa que anunció el acuerdo con los
camioneros lo decía todo. Apurados por el viaje del presidente a Asia,
terminaron firmando un acuerdo que desmiente todos los argumentos esgrimidos
desde marzo. El discurso oficialista es que su programa y sus medidas de
política económica, fueron apoyadas mayoritariamente en las elecciones, por lo
que no se cede ni negocia, y se deben aceptar sus términos. La señal de
apertura al dialogo y negociar, bajo la presión de un paro que alteró el
tránsito de personas y mercaderías, se presta para diversas interpretaciones.
La interpretación más positiva, es que por fin se dieron cuenta de cómo había
afectado a la economía la pésima decisión del bencinazo. Otra interpretación es
que sólo negocian con quienes sostienen una estrategia de negociación agresiva.
Ojalá que no sea el caso, porque sería la puerta de entrada para entrar de
lleno en el conflicto social.
Actuar imbuido de certezas absolutas
en políticas públicas, pone al oficialismo en riesgo de chocar contra la
realidad, que es diversa y cambiante. Lo que en diciembre de 2025 fue un apoyo
rotundo y mayoritario, hoy se ha esfumado, y tratar de recuperarlo va a
requerir un grado de flexibilidad mayor a la que ha demostrado el elenco
ministerial que acompaña al presidente. El país necesita de una conducción
económica que recupere los índices de crecimiento, inflación y desempleo, no al
año 2030, sino al año 2027. Hacer los cambios para conseguirlo es plena
responsabilidad del presidente.
Ernesto Sepúlveda Tornero
Punta Arenas, lunes 16 de noviembre de 2026.-
