Esta semana Chile entero fue sorprendido por las medidas económicas que contempla el mega proyecto del gobierno conservador. La oposición le ha llamado “Ley tutifruti”, y el gobierno “Plan de reconstrucción nacional”, en una coincidencia involuntaria o referencia evidente a la “Reconstrucción nacional”, anunciada por la junta militar al inicio de la dictadura. Parece ser un intento de restauración conservadora para echar por tierra la obra de los 30 años de transición democrática. Un retroceso en derechos sociales que han sido conquistas históricas de las familias trabajadoras, son varios pasos atrás de la propuesta de una “Derecha social”, que en el pasado fue encarnada por Joaquín Lavín o Pablo Longueira.
El proyecto mezcla tantos y tan variados temas que es difícil de entender para el ciudadano de a pie. Es por eso que la propuesta que se ha hecho más conocida, y sobre la que se han centrado la mayoría de las críticas, es la llamada ”Rebaja de impuestos a los más ricos”. Técnicamente se trata de la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27% a un 23% a las grandes empresas. Pero hay que ser honestos, la rebaja de este impuesto también fue propuesto por el gobierno progresista, hace menos de dos años, y fue rechazado por el actual oficialismo. ¿Por qué se rechazó si era una rebaja que buscaba un objetivo similar?, por una razón sencilla, el proyecto del progresismo establecía que la pérdida de ingresos fiscales que involucraba la rebaja, debía compensarse por otros tributos. Y he aquí uno de los aspectos centrales que han planteado economistas de renombre y prestigio transversal como Andrea Repetto, Nicolás Eyzaguirre o Hernán Frigolett. La reforma tributaria disimulada detrás de otras múltiples propuestas legislativas, constituye un severo riesgo de incrementar sustantivamente el déficit fiscal, que arrastra el país desde 2012.
Sí amigos y
amigas, el déficit fiscal no nació en la administración anterior. Proviene de
la primera administración del difunto presidente Sebastián Piñera, continuó
durante el segundo período de la presidenta Bachelet, la segunda administración
Piñera, y el gobierno del presidente Boric. Los economistas mencionados, han
advertido de que no existe evidencia empírica. Es decir, no existen datos que
avalen la tesis sostenida por el ministro de Hacienda. La reducción de impuestos
a las grandes empresas, no está comprobado que genere por sí solo crecimiento económico.
E incluso en los casos donde esto ha ocurrido, el aumento de los ingresos fiscales
es marginal, y no alcanza a compensar la pérdida de ingresos que la rebaja
produjo.
Otra propuesta
que los economistas recomiendan rechazar es la invariabilidad tributaria por
veinticinco años. En primer lugar, porque dejaría con las manos atadas a los próximos
cinco gobiernos, impidiéndoles ejercer su mandato constitucional. Por otra
parte, la propuesta tiene similitudes con el régimen creado por el Decreto Ley
600 en 1974, conocido como Estatuto de la Inversión Extranjera. En plena
dictadura para atraer capitales extranjeros se ofreció una serie de seguridades
jurídicas y por cierto la invariabilidad tributaria. La realidad de Chile dista
mucho de la de 1974 por lo que en 2015 con la reforma tributaria efectuada en
el gobierno de la presidenta Bachelet, se derogó ese régimen tributario. Se
consideró que las condiciones institucionales del país, daban suficiente
garantía a la inversión extranjera. Los datos parecen corroborarlo, debido al
continuo y progresivo incremento de inversión extranjera en sectores como el
minero, energético, y de nuevas tecnologías. Adicionalmente, el escenario
mundial, está favoreciendo la transformación hacia la electro movilidad, lo que
sin necesidad de garantías adicionales, propicia hoy el desarrollo de nuevos
proyectos de Cobre, y potencia la industria del Litio, con un precio
internacional al alza.
Es una
discusión en que debiera escucharse a los entendidos. Lo que está en riesgo acá
es desencadenar un proceso de deterioro de las cuentas fiscales que puede
frustrar por décadas nuestro desarrollo. Los intentos de disimular el impacto
de una reforma tributaria encubierta, es una forma de hacer política de
espaldas a la gente que se verá afectada. No es posible compensar la pérdida de
ingresos fiscales ciertos, por un incierto crecimiento económico. Mucho menos
alcanza para equilibrar la balanza, los numerosos recortes de programas
sociales anunciados para el año 2027.
Ofrecimientos
del tipo rebaja de IVA a los pañales, no compensan ni de lejos el aumento del costo
de la vida. Los economistas advierten que todos estos ofrecimientos, dados a
sectores del parlamento para obtener la aprobación de la reforma tributaria,
también generan gasto fiscal, y, por tanto, contribuirán a incrementar el
déficit fiscal. Consultado el ministro de Hacienda acerca de cómo se va a
asegurar de que el precio de los pañales no suba, señaló que no era función del
gobierno hacer eso, “No somos la Dirinco”. En otra clara referencia a los años
70´.
Llamó mucho la
atención el emplazamiento público que hizo la ex candidata presidencial doña Evelyn
Mathei al ministro de Hacienda. La preocupación de Mathei es por los anuncios
de programas sociales que se descontinuarían a contar de 2027, entre los más
conocidos el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este programa fue creado
por el ministro DC Radomiro Tomic, durante el gobierno del presidente Frei
Montalva, y ni siquiera el dictador Pinochet se atrevió a eliminarlo. Otras
figuras conservadoras como el ex ministro Monckeberg, también han advertido
sobre la sorprendente falta de empatía del ministro de Hacienda, el que ha
llegado a decir, que desea que la única política social que exista, sea la del
empleo. Echando por tierra la construcción de un sistema de protección social,
que se remonta a los albores de la república.
Se espera que
el Consejo Fiscal Autónomo, en línea con las recomendaciones del FMI, advierta
al gobierno del riesgo de incrementar el déficit fiscal, con la reducción de
ingresos que involucra la reforma tributaria. Asimismo, se encuentra en trámite
un requerimiento al TC, debido a la eventual inconstitucionalidad del proyecto misceláneo
propuesto.
Sorprende la
premura con que se pretende aprobar un proyecto de tantos alcances, y tantas
implicancias para la ciudadanía. La falta de socialización de las amplias
materias reguladas, parece ir en línea con las altas tasas de desaprobación que
tempranamente golpean a la administración. No por nada, los únicos que baten
palmas por la rebaja tributaria son los líderes de la gran empresa. No se ve a
los pensionados, ni a los trabajadores, ni a las dueñas de casa haciendo lo
mismo.
En la Patagonia
se dice “El que se apura pierde el tiempo”. ¿No sería más razonable tomarse más
tiempo para discutir la reforma tributaria y demás materias?, un acuerdo
conseguido pirquineando votos, ofreciendo cosas por aquí y por allá, no parece
en línea con un gobierno que pone a las personas en el centro de su quehacer.
Aún es tiempo de corregir el rumbo y escuchar a los demás.
Ernesto Sepúlveda Tornero
Punta Arenas, lunes 27 de abril
de 2026.-