UN CORAZÓN QUE ESCUCHA

En el mundo antiguo, el paradigma del rey sabio,  es el rey Salomón, aquel hijo del rey David, cuyo reinado fue conocido por su riqueza y magnificencia. Hasta la reina de Saba, admiró las maravillas exhibidas en las calles de Jerusalén, obra de Salomón. En el texto bíblico, libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 15, se relata que el joven Salomón, que tendría unos 22 años, tuvo en sueños, un encuentro con Dios.  “Aquella noche el Señor se apareció en sueños a Salomón, y le dijo: pídeme lo que deseas que te dé”. Ante esta oportunidad única y maravillosa, Salomón responde: “Concede pues a tu siervo un lev shomea ( un corazón atento, un corazón que escucha) para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal".

 Ante esta petición, el texto bíblico consigna que la respuesta del Señor fue: “Te concedo pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni surgirá otro igual después de ti..."

Y qué relación tiene el rey Salomón con nosotros en Chile. Conversando con una hermana mía, que es religiosa, me hizo el comentario de esta frase “Dame un Lev Shomea”, dame un corazón que escucha. La relación con nuestra situación en Chile, resulta evidente Cuantos de nosotros desde el denominado “Estallido social”, no hemos hecho sino reafirmar nuestros juicios, nuestras convicciones, aunque se basen en evidencias erróneas o inexistentes. Cuantos hemos preferido repetir las consignas de nuestro círculo social, de nuestro entorno, que darnos tiempo de escuchar con el corazón.

Un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Cuanto de esto le ha faltado a nuestros gobernantes. Al presidente, a los parlamentarios de lado y lado, y a todos los que ejercen el poder económico y social.

Cuanto de esta escucha debemos activar en nuestro circulo inmediato con nuestra familia y amigos. Encerrados en ghetos, entre cuatro paredes, con toda clase de medidas de seguridad. Más preocupados de cuidar los objetos materiales que nuestra propia felicidad.

La insatisfacción, la rabia y la impotencia, que sienten millones de compatriotas a lo largo y ancho de Chile, no se aplaca dando rienda suelta a los instintos primarios, a la violencia, a la destrucción. Mientras más se destroza el mobiliario urbano, la infraestructura básica de la ciudad, destinada a servir a todos por igual. Más se destroza ese frágil tejido que nos une a moros y cristianos, a frailes y a jueces, a soldados y a obreros, a estudiantes y oficinistas, a pescadores y arrieros.

Dame un LEV SHOMEA, un corazón que escucha. No sólo el clamor de los que salen a la calle todos los viernes a manifestar su descontento. Sino también, y en forma especial el murmullo, la voz callada, de los ocho millones de trabajadores que siguen cumpliendo con sus labores, para que el resto pueda hacer su vida normal. Tener un corazón que escucha, también significa escuchar a todos. No sólo a los que me aplauden, sino que con el mayor interés a los que piensan distinto.

De seguro que no ha surgido otro corazón sabio e inteligente como el del rey Salomón. Tal vez lo nuestro sea sólo el escuchar. Vivimos en los confines del planeta, tratando de remontar una cuesta demasiado larga y demasiado empinada para hacerla solos. Qué oportunidad más propicia tenemos ahora, ni más ni menos, que poder decidir todos juntos nuestro rumbo futuro. Es el momento de escuchar, el momento de comprender.

Si escuchas a alguien pidiendo paz, no le juzgues en demasía. Pedir paz no es transigir frente a la injusticia, o renunciar ante el malvado. Pedir paz, es buscar el espacio para que podamos escucharnos.

De ningún edificio en llamas, estación de metro destruida, ni comercio vandalizado, va a surgir la solución de nuestros problemas. El enfrentamiento callejero  no altera en lo más mínimo el funcionamiento del complejo financiero que controla el planeta. Lo de verdad revolucionario, lo que de verdad va a conmover las entrañas de la sociedad, es la determinación, la decisión de las grandes mayorías, que en forma pacífica se va a pronunciar en el plebiscito del 26 de abril.

Dame un corazón que escucha, dame un LEV SHOMEA.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Lunes, 2 de marzo de 2020.-

UN DESTINO COMÚN

Antes de que se cumpliera siquiera un mes, desde el reventón social, ya había ilustres intelectuales chilenos que habían publicado libros sobre el fenómeno. Así de rápido se han hecho los análisis y sacado las conclusiones. Lo cierto es que todos saben, o han acordado saber, que el 18 de octubre de 2019, cayó la gota que rebalsó el vaso. Todos saben cuando empezó esta escalada de movilizaciones, pero nadie sabe cuando terminarán.

Lo que fue pacífico o casi pacífico al comienzo, que fue masivo, festivo a ratos, fue dejando paso a escenas de pillaje, vandalismo y destrucción pocas veces vistas en Chile. El listado de demandas sociales encabezado por pensiones, salud y salarios, dio paso a un listado mas amplio, variopinto, diverso. De pronto se pasaba cuenta de todos los pendientes de la eterna transición a la democracia. De la incapacidad del gobierno para controlar el orden público, pasamos a la conducta pusilánime de la clase política, que desbordada totalmente, trataba de sumarse a la ola de demandas sociales. Personajes que han protagonizado la política del país, los últimos 30 años, figuraron rasgando vestiduras, con caras compungidas, hablando sobre la desigualdad.

Tanta hipocresía no les ha dado rédito alguno. Forzados por las circunstancias, de una asonada callejera que amenazaba la estabilidad del gobierno y de las instituciones, tuvieron que suscribir un pacto para llegar a un plebiscito en abril de este año. Obligados por el descrédito mas absoluto, los parlamentarios debieron aprobar leyes que reducen sus cuantiosas dietas, y otra que fija un límite a la reelección. Ambos proyectos fueron aprobados, en medio de aplausos de los mismos parlamentarios, pero aún falta su ratificación en la sala del Senado. Si efectivamente se transforma en ley el límite a la re elección, políticos muy conocidos  dirían  adiós al Congreso. Sólo a título ejemplar, estarían despidiéndose del senado, en 2022:  Juan Pablo Letelier,  Gido Girardi,  Andres Allamand,  Carlos Bianchi, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Víctor Pérez.

Se avizoran presiones de los afectados para dilatar su deceso parlamentario, pero se espera que la opinión pública esté muy pendiente de esta materia.

Vamos para los 4 meses de movilizaciones, en las ciudades más grandes del país, se ha convertido prácticamente  un hábito. El deterioro del espacio público en estas ciudades, salta a la vista, con sólo recorrer las calles del centro. Ciudades tranquilas y bien mantenidas, como las del sur austral, tampoco se han librado de vandalismo, de la destrucción, incendios, rayados con insultos y obscenidades.

Quienes hicieron de la política un oficio, quienes se hicieron fuertes y poderosos en ella, ahora callan. Las voces sensatas que antes llamaban a la moderación, que llamaban al encuentro entre ciudadanos, entre compatriotas, entre hermanos, hoy callan. Se teme a la respuesta violenta de quienes medran en las redes sociales. Esta actitud de cobardía, cuando no de complicidad interesada, la hemos visto en todo el espectro político. Es la glorificación de la protesta violenta, se rinden loas y alabanzas al que oculto en el anonimato de la multitud, quiebra los vidrios de museos o profana tumbas.

Nadie se arriesga a decir lo que el grupo más radical no quiere oír. Mientras 8 millones de chilenos continúan yendo todos los días a sus trabajos. Llegando como pueden por la destrucción de paraderos, y estaciones de metro. Ellos, los sujetos cuya vida sacrificada, y llena de privaciones, ha sido la justificación del estallido social, han visto afectada su ya difícil existencia. En las grandes ciudades la vandalización de supermercados, de pequeños comercios, de farmacias, de oficinas, ha significado la pérdida de empleos, pero también el deterioro de los barrios. La destrucción de luminarias, de semáforos y de cámaras de seguridad, y rayados e insultos en las fachadas de modestas casas particulares, afecta la vida misma de quienes debieran ser la principal preocupación, en el nuevo Chile.

Existe una lección que aprender acá. No existe ningún atajo para lograr el desarrollo económico. No existe ninguna posibilidad de construir una sociedad prospera e inclusiva, sin crecimiento económico. No se logra el crecimiento económico, sin orden público y estabilidad en las instituciones.

Estamos como país en un punto de inflexión, lo que los economistas llaman “la trampa de los países de ingresos medios”. Para salir de este bache, y poder saltar al desarrollo, se requiere de un gran acuerdo, de un gran consenso social y político. Esa es ni más ni menos, la oportunidad que tenemos por delante. La posibilidad de acordar las condiciones en que nos desarrollaremos como país. La discusión constituyente, no es un mero ejercicio para abogados o juristas, es la oportunidad de que fijemos el rumbo, que miremos por primera vez en nuestra historia republicana, a Chile, como un espacio que construimos todos juntos.

Y todos juntos, significa el encuentro con quienes piensan distinto a nosotros, un encuentro que requiere paz, requiere orden público y requiere instituciones funcionando. Incluido el congreso y el presidente de la República, Eso es lo que le debemos a quienes han quedado a la vera del camino a lo largo de la historia. Abrir espacios, abrir sendas y tender puentes, todos los necesarios, para que  nadie quede atrás, y lleguemos juntos a nuestro destino común.

FUERZAS ARMADAS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

El Artículo 101 de la Constitución política del estado, señala: “… las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. En tanto, respecto de las fuerzas de orden y seguridad, dice que “están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.”

     “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

              Desde octubre de 2019,  en todo Chile, se produjeron manifestaciones de descontento social, marchas, caceroleos, bocinazos, expresiones pacíficas del denominado “estallido social”. Sin embargo como un producto residual de estas manifestaciones, como un efecto no deseado, se produjeron también en todo Chile, acciones de violencia,  desmanes, vandalismo, saqueos e incendio de comercios, oficinas, atentados en contra de iglesias y profanación de tumbas y monumentos.

              El llamado a expresarse pacíficamente, no ha sido escuchado por grupos minoritarios, que persisten en una suerte de acción directa, que no distingue ni discrimina sus objetivos. Han terminado dañando mobiliario público, e infraestructura urbana, que es usada a diario por millones de trabajadores, para ir a sus trabajos y a sus casas.

              El rol que las autoridades de gobierno han pretendido que asuman las fuerzas armadas, en un primer momento, con la declaración de estado de excepción constitucional. Demostró el riesgo que eso implica tanto para la sociedad civil, como para los integrantes de los cuerpos armados, que existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”.

              Con más de 110 días de refriegas constantes en las calles, el saldo de fallecidos, heridos graves, y detenidos, ensombrece la historia de esta movilización social. Y ha afectado gravemente la imagen pública del gobierno, que se hunde en las encuestas de opinión. La imagen internacional del país, sufre con 4 informes de organismos internacionales, que condenan las violaciones a los DDHH perpetradas por agentes del estado. Se sindica a Carabineros de Chile, como la principal entidad pública que ha cometido estos actos, derivado de excesos en el uso de la fuerza, como por no cumplir los protocolos de control de disturbios. Se trata de la institución que junto a la Policía de Investigaciones, según la constitución “Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior”.

Se acerca a pasos agigantados el plebiscito constituyente. La instancia en la que con un lápiz y un papel, sin miedo y sin violencia, resolveremos si queremos una nueva constitución, y si queremos se elabore en una Convención constituyente. Mixta, o elegida íntegramente por votación popular. Las discusiones acerca de los contenidos de que podría tener una nueva constitución política,  ya comienzan a darse. Tanto en medios académicos, organizaciones gremiales, Juntas de vecinos, y empresas.

Un tema ineludible, en estas discusiones preliminares ha sido las atribuciones y facultades que el constituyente entregará a entidades tan importantes, y con tan distinta naturaleza, como es el Banco Central, el Tribunal Constitucional y  las fuerzas armadas.

Sucede que para muchos, la transición a la democracia, recién concluiría, con una nueva constitución política del estado, donde se aborde directamente estas instituciones. Ya que dentro de las cuarenta reformas constitucionales que se hicieron desde 1990, prácticamente no tocaron a las fuerzas armadas. Con timidez, cuando no con temor, los gobiernos democráticos avanzaron en temas como la posibilidad de que el presidente de la república, pueda llamar a retiro a los comandantes en jefe y al general director de Carabineros. Asimismo, y  casi 30 años después se logró modificar la denominada, “Ley reservada del cobre”, que establecía el sistema de financiamiento de las fuerzas armadas, el famoso 10 % de las ventas de Codelco. Que le entregó cifras ingentes de dinero a los institutos armados.

Los escándalos descubiertos en el ejército y en carabineros de Chile, conocidos como “Milico gate”, y “Paco gate”, no hicieron sino ratificar que hasta el día de hoy, el poder civil ejerce un control casi inexistente sobre el poder militar. O dicho de otro modo, los controles existentes  se han comprobado ineficaces, para velar por el respeto del interés nacional.

Una sociedad democrática moderna, debe contar con instituciones armadas, altamente profesionalizadas, sujetas de manera irrestricta a la constitución y a la ley. Por ello es de vital importancia, que la sociedad civil, se interiorice de las regulaciones que han fallado, y porque no decirlo, discuta acerca del rol que se espera de las fuerzas armadas en el Chile del siglo XXI.

Una formación académica rigurosa, no sólo para el cuerpo de oficiales, valores, ética, respeto absoluto a los derechos humanos. Para contar con dotaciones incorporadas a la dinámica de un país que aspira al desarrollo.

Es vital mantener y fortalecer, la colaboración y el apoyo de las fuerzas armadas, a las actividades productivas de zonas extremas. La actividad económica que se realiza en lugares de geografía o condiciones meteorológicas extremas, muchas veces requiere del apoyo logístico de las fuerzas armadas. También es importante mantener y dinamizar la actividad de divisiones, como el cuerpo militar de trabajo.

Un aspecto a discutir de manera prioritaria, en la nueva constitución, deberá ser la  de circunscribir a las fuerzas armadas a su rol específico, y no sobrecargarlas de tareas administrativas. La incidencia de decisiones de la burocracia militar, es gravitante sobre la actividad económica, sobre todo en las zonas extremas.

La sociedad civil requiere optimizar los procesos, reducir tiempos de tramitación, eliminar burocracia. Los conflictos entre particulares y los institutos armados, son de difícil solución. Normalmente terminan en tribunales, debido a la infinita cadena de mando. Una decisión discrecional o arbitraria, puede detener la actividad de una región completa.  La decisión final siempre radica en la capital.

Nos ha sucedido en Magallanes en más de una ocasión. Decisiones inconsultas, como fue en su momento autorizar el “landing”, a cruceros extranjeros. Que significó un duro golpe a las empresas chilenas que operan en nuestras aguas, brindando servicios de transporte turístico. Con la consiguiente pérdida de ingresos y de empleos. Y nos vuelve a suceder ahora, en una situación que ya ha producido perjuicios millonarios, tanto a empresas de transporte argentinas, como chilenas. Ha ocasionado cientos de reclamos de turistas, detenidos por largas horas a la espera de un cruce en Punta Delgada.

Ha sido cubierto difusamente por los medios locales. Una vez más una decisión imprudente y falta de fundamentos de un mando medio, le asesta un fuerte golpe a la economía local. Muchos atribuyen al desconocimiento de la dinámica económica de la temporada estival, por parte de un funcionario del norte del país. Resulta alarmante que la autoridad pertinente, no dimensione, el carácter estratégico de mantener el funcionamiento fluido del transporte marítimo.

En los tiempos que vivimos en Chile, y en la región, no estamos para  tolerar el entorpecimiento de nuestra principal vía de transporte con Tierra del Fuego. La dilatación innecesaria,  muy cercana a lo arbitrario,  de la autorización de zarpe para la moderna nave “Kaweskar” de la empresa regional Transbordadora Austral Broom, constituye un despropósito, y debe determinarse responsabilidades.

La sociedad civil merece contar con cuerpos armados, que sirvan leal y honestamente al interés nacional. La discusión en cabildos y asambleas, ha incluido la relación con las fuerzas armadas y de orden y seguridad. El adecuado financiamiento de sus operaciones, y el control estricto y la rendición de cuentas, para evitar irregularidades.

Del nuevo ordenamiento constitucional, deberá derivarse en lo sucesivo una profunda revisión de los estatutos jurídicos de los institutos armados. Estos son imprescindibles para nuestro desarrollo como país y como región, pero con una concepción moderna de su rol, que facilite  el libre y ágil desarrollo de la actividad económica.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, Lunes 17 de febrero de 2020.-

NO TEMAS ABRIL

Este año 2020, tendremos en Chile una seguidilla de instancias electorales.  El 26 de abril será el plebiscito, donde decidiremos entre las opciones APRUEBO y RECHAZO, a una nueva constitución. Deberá votarse en la misma instancia, entre un CONVENCIÓN MIXTA (Integrada en parte por representantes electos y en parte por integrantes electos por el parlamento) y la CONVENCIÓN CONSTITUYENTE (integrada totalmente por representantes electos por la ciudadanía).

El 26 de febrero inicia la propaganda electoral de las opciones en disputa, y el 27 de marzo  inicia la franja electoral gratuita en canales de televisión de libre recepción. La propaganda electoral concluye a las cero horas del 23 de abril.

Pero este año se eligen alcaldes y concejales, y además por primera vez los gobernadores regionales. Se efectuarán elecciones primarias para elegir a candidatos a alcalde y gobernador regional el domingo 7 de junio.

Las elecciones de alcaldes, concejales, y gobernadores regionales, se efectuarán el domingo 25 de octubre. En dicha fecha, eventualmente, se elegirá a los convencionales constituyentes.

El 22 de noviembre se efectuaría la segunda vuelta electoral, del gobernador regional, si en primera vuelta ninguno superara el 40% de los votos.

En medio de esta verdadera vorágine electoral, las preocupaciones de las grandes masas asalariadas, están muy distantes del calendario que políticos de gobierno y oposición ya manejan al dedillo. El descontento social, expresado en todo el país, a partir de octubre 18, tiene por fundamento condiciones estructurales de nuestro modelo de desarrollo. Aunque no suene popular decirlo, el cambio de constitución no resolverá ni el desequilibrio crónico en la distribución de los ingresos, ni la calidad de la salud, la educación o las pensiones de millones de chilenos.

Por qué, entonces toda la discusión pública, aparece capturada por el tema constituyente? Muy sencillo, porque el origen de nuestro actual ordenamiento constitucional, aparece cuestionado mayoritariamente, por su ilegitimidad de origen, y por la orientación ideológica que la inspiró. Parece un contrasentido, porque la constitución del 80´ la redactó media docena de abogados, sin participación ni discusión popular, y nos ha regido hasta ahora, pese a los más de 40 cambios efectuados. La necesidad de redactar un nuevo texto, se asocia al mejoramiento de la calidad de nuestra convivencia democrática. También en el inconsciente colectivo, está la idea de una redistribución del poder. Es el aspecto en que coincide la academia con la calle, en un nuevo pacto social, se plasma el tipo de sociedad que aspiramos a tener.  En este caso, sería la primera ocasión en nuestra historia republicana, que estaríamos ante un proceso constituyente, tan amplio y participativo.

La realidad económica y social que enfrentamos desde el año pasado en Chile, dista mucho de las promesas efectuadas por la actual administración. Sin embargo, las causas del denominado “estallido social”, son mucho más amplias y profundas. Abordar con claridad y transparencia la respuesta a las materias de la agenda social, es un imperativo que debiera convocar a todas las fuerzas políticas. Sin embargo, el liderazgo político parece capturado por la estridencia, por la lógica de trincheras, que nos lleva a un conflicto con suma cero. No se trata  de revivir la experiencia de la “política de los acuerdos”, de los años 90’, a la cual nos referimos en columnas anteriores. Se trata de sentar las bases de un nuevo diálogo social, el cual deberá manifestarse también en la discusión constituyente.

La tarea de todos sin exclusión, es generar las condiciones, para que podamos hablar y acordar una agenda social de urgencia. Antes que toda la energía se vuelque, a las campañas del plebiscito, de las primarias de alcaldes y gobernadores. Y posteriormente en octubre la votación para elegir al gobernador regional, alcalde, concejales, y convencionales constituyentes.

Quienes más se han oído en medios y redes sociales, son los sectores más extremos de derecha e izquierda. Son los partidarios del estatus quo. Con discursos que fomentan la animadversión, cuando no el odio, por nuestros compatriotas, pretenden sembrar el temor acerca del futuro. Y ya lo han conseguido en parte. Personalmente conozco decenas de pequeños y medianos empresarios, temerosos de lo que está pasando en las calles. La destrucción de semáforos, y cámaras de seguridad, mobiliario urbano, ha sido seguida por el incendio de locales comerciales, oficinas, atentados contra edificios públicos, monumentos, tumbas e iglesias.

Lamentablemente quienes no creen en la democracia representativa, ni en los derechos humanos, se mimetizan detrás de las marchas y manifestaciones pacíficas. Y ha existido tibieza, en el rechazo a la violencia y el pillaje, por parte de los dirigentes políticos.

El pueblo de Chile, ha demostrado una y otra vez que es amante de la paz, que desea mejorar su condición actual, pero sin perder lo que tiene. Sin perder el empleo, sin perder el entorno donde vive y trabaja. Se equivocan quienes creen que los grupos más violentos, representan al pueblo de Chile. Minorías iluminadas, existieron antes y existen ahora, sin ninguna relevancia, y sin ninguna vinculación con el tejido social.

Hay que tranquilizarnos, sembrar semillas de paz, generar ambientes propicios para el dialogo, en empresas, juntas de vecinos, y sindicatos. El pacto social que construiremos, consagrará derechos y respetará libertades, garantizará la dignidad del trabajo,  el valor del emprendimiento y la libre empresa.

Para llegar a un desarrollo integral e inclusivo, no existen atajos, ni balas de plata que maten la desigualdad. Debemos ponernos de acuerdo como sociedad, y un paso imprescindible es realizar un ejemplar proceso constituyente.  Trabajemos por ello, y recuperemos la fe y la esperanza.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, Lunes 10 de febrero de 2020.

EL CONSENSO

La política de los consensos o política de los acuerdos, es el sello con el que ha quedado en la historia, el período de la Concertación de partidos por la democracia.  Según coinciden, unos con más apasionamiento que otros, el período  de gobierno más estable y exitoso de nuestra historia. El crecimiento económico récord, a tasas nunca más vistas, la reducción de la pobreza de un 40% a un 12%. Como suele suceder con los procesos de transformación social y política, a medida que nos alejamos de los hechos, el juicio histórico va cambiando. Y lo que ayer era considerado un proceso de transición a la democracia, modelo en el mundo, ahora deviene en algo no tan  puro ni transparente.

La información con la que se cuenta hoy,  es similar a la que se sabía de antes, pero ahora documentada, e incluso con numerosos procesos judiciales en marcha. Sucede que durante ese mismo periodo, de los 20 años de la concertación, se inició el financiamiento irregular de la política, la relación incestuosa del dinero y la política, y el poder desmedido y sin control de quienes tienen el monopolio de las armas. Los escándalos de corrupción que golpearon empresas y partidos políticos, detonaron después, así como el de la corruptela conocida como “Milicogate” y “Pacogate”. En la práctica los hechos se produjeron durante décadas, sin sanción ni reproche alguno de las instancias fiscalizadoras y de control.

Cuando hablamos del consenso de los años 90´,  recordamos esas eternas reuniones en La Moneda o en grandes hoteles, donde un joven Enrique Correa, hacía gala de su habilidad para crear redes, y negociar, tanto con la derecha como con los militares. De él, llegó a decir el propio dictador, que si lo hubiese tenido en su gabinete no hubiera perdido el poder. Una aplaudida política de acuerdos que a la luz de los hechos posteriores, permite dudar acerca de su existencia.

Gran parte del contenido de la constitución política de Guzmán y Pinochet, tuvo por propósito impedir el ejercicio de las grandes mayorías. La idea era constreñir de tal modo a los adversarios del dictador, si llegaban al gobierno, que en la práctica, se vieran obligados a actuar muy parecido a como ellos mismos lo harían. Se diseñó un entramado legal con  senadores designados por el propio dictador. Con un sistema electoral binominal que empataba artificialmente a las fuerzas de oposición y de gobierno. Los quórum supramayoritarios que impiden hacer modificaciones estructurales, sin contar con el apoyo de los adversarios políticos. Leyes de “amarre” dictadas en los últimos días de la dictadura el año 1989, y las llamadas “leyes secretas”, que ni siquiera se publicaron en el diario oficial.

Decíamos que la propia existencia del consenso y la política de los acuerdos, con el devenir de tiempo, es controvertida. En el fondo a las autoridades de gobierno de la concertación, no les quedó otra alternativa que someter su acción política, a lo que estuvieran dispuestos a conceder los partidos que defendían el legado de Pinochet.

La política de los consensos, más bien fue la política “En la medida de lo posible”, la famosa frase del presidente Aylwin, refiriéndose al objetivo de su gobierno, en cuanto a justicia en casos de DDHH.

Nunca se contó con mayorías parlamentarias suficientes para sortear las barreras instaladas por Guzmán y asociados. La Concertación hizo lo que pudo, con el beneplácito y la aprobación de los grandes grupos económicos, a quienes garantizó estabilidad. No hubo ni grandes cambios laborales ni tributarios, y se mantuvo contenida a la Central de trabajadores y grandes sindicatos.

Cuando nos enfrentamos hoy, a 30 años del retorno a la democracia, a una nueva instancia decisiva. Enfrentamos las mismos dudas, de esos primeros años de gobiernos democráticos. La amenaza de que cosas horribles pasarían si el dictador no ganaba el plebiscito. Se actualiza por sus herederos,  llamando  a conservar lo que queda de la constitución de Pinochet.

Sin el miedo de hace 30 años, el denominado “estallido social”, nos muestra la necesidad de construir verdaderos consensos en nuestra patria.  El sueño de que en 2020 Chile sería desarrollado, no se cumplió. Tampoco que a esta fecha los jubilados sacarían el 100% de su remuneración como pensión. Hay muchas razones para el descontento. La confianza en las instituciones está por los suelos, y hoy en día no existen figuras públicas que conciten una adhesión y respeto, que les permita liderar.

En este escenario, con más incertezas que certidumbres, es imprescindible que todos y cada uno de nosotros, ciudadanos comunes y silvestres, tomemos el control de nuestras vidas. Tenemos una oportunidad histórica de ser dueños de nuestro propio destino. Pero debemos hacerlo en paz. Debemos construir puentes allí donde se alzan barricadas y cercos policiales. Debemos llevar tranquilidad y apoyo allí donde se teme abrir el pequeño comercio o la oficina. Debemos conocernos más, con nuestros vecinos, nuestros caseros de la feria o el almacén. Con la cara descubierta y las manos limpias. Es el único camino posible para retomar la senda del progreso, y que esta vez, llegue a todos.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 3 de febrero de 2020.-

CHILE Y EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Cuando en Chile superamos ya los 100 días, desde el inicio de las manifestaciones sociales. No se vislumbra aún, cuando concluirá la faceta callejera de la movilización. Como un invitado indeseado, el vandalismo, la destrucción y la violencia, se ha colado en cada manifestación, de Arica a Punta Arenas. El gobierno, largamente superado por las circunstancias históricas que le tocó vivir, no ha sabido equilibrar la necesaria respuesta, la canalización de las demandas sociales. Con la ineludible actuación disuasiva, para la conservación del orden público.

A estas alturas, el deseo de  paz y la estabilidad, es opinión mayoritaria de la ciudadanía, reflejado en la encuesta CEP de diciembre. Sólo sectores muy extremos de lado y lado del espectro político, se benefician con este orden de cosas. La existencia de focos de violencia y destrucción, aunque acotados, han sido persistentes, y si bien el rechazo es mayoritario. No es unánime. Aun hoy en día, existen sectores políticos entusiasmados por el desorden callejero. Lo comentó con la brillantez de costumbre, el profesor Squella. Refiriéndose a las personas de edad bastante mayor, que aplauden emocionados los cortes de calles, y las tomas de liceos. “Pretenden que otros hagan la revolución, que ellos no hicieron en su juventud”.

El fenómeno social que está experimentando nuestro país, no es ni nuevo, ni único. En Estados Unidos, en España, en Francia, a propósito del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, surgieron movimientos de “indignados”: Ellos  ocuparon plazas y otros espacios públicos, reclamando por el salvataje público, de los especuladores financieros.

El origen del problema, está en la economía. Hoy en día, cuando se cumplen dos décadas de un nuevo siglo. Cuando indiscutidamente, el sistema de libre mercado, domina la economía mundial. Desde el propio seno del sistema capitalista, nos llegan voces que advierten que el crecimiento no será eterno. Que no se puede seguir la dinámica de crear riqueza y distribuir utilidades, sin considerar los impactos sociales, medioambientales, y el riesgo para la propia sobrevivencia de la especie humana.

Los capitanes del mundo financiero, se reunen año a año en el World Economic Forum (Foro Económico Mundial). Esta entidad fue fundada en 1971 por el profesor, ingeniero y economista Klaus Schwab,  quien la dirige como su presidente ejecutivo. La particularidad que tiene este organismo, es que se funda en la denominada “Teoría de las partes interesadas”. Según ésta, una organización es responsable ante todos los sectores de la sociedad. El Foro económico mundial sostiene que el progreso, “Ocurre al reunir personas de todos los ámbitos de la vida que tienen el impulso y la influencia para hacer un cambio positivo”. La gestión de una empresa moderna debe servir no solo a los accionistas sino a todos los interesados.

En la convocatoria al Foro de este año,  Klaus Schwab, elaboró el “Manifiesto de Davos”, donde  sintetiza unas normas de conducta que debieran seguir las empresas e instituciones, para pasar de un capitalismo de accionistas, a un capitalismo de” partes interesadas”.

Un aspecto central del Manifiesto, es el que se refiere al rol de la empresa “Una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. El rendimiento no debe medirse tan solo como los beneficios de los accionistas, sino también en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales, sociales”.

 Cuando en Chile, estamos ad portas de iniciar las votaciones donde decidiremos sobre tener o no una nueva constitución. Debemos considerar la notable coincidencia, en la reflexión que se hace en el mundo desarrollado, con la que podemos hacer acá sobre el origen del problema económico. La necesidad de modificar las bases del orden público económico, consagrado en la constitución de 1980, es ineludible. No significa esto que se establecerá un cambio hacia el estatismo, o poco menos que a una economía central planificada. Por el contrario, dentro del mismo sistema capitalista, deberán modificarse las condiciones de trato entre shareholders y stakeholders. Entre accionistas y partes interesadas. Parte fundamental de las razones que han llevado a la gente a volcarse a las calles, dicen relación con el funcionamiento defectuoso de sistema económico. Esto debido a distorsiones y vicios, como la colusión, los monopolios, la escasa competencia, la baja tributación debido a elusiones y exenciones. La debilidad de los instrumentos de redistribución.

El foro económico mundial, ilustra qué pasos debieran adoptar las empresas y los gobiernos, para avanzar hacia un sistema empresarial, más consciente del impacto social y medioambiental, de las decisiones económicas. Y de la necesidad de equilibrar la necesaria gratificación a los  accionistas, con la retribución a las partes interesadas.

Para adentrarnos en estas discusiones de contenido de un nuevo pacto social, es ineludible, e imprescindible, terminar con el vandalismo, los desmanes, y la alteración del funcionamiento normal de ciudades y trabajos. Sin el retorno de la paz y la estabilidad, no es posible suscribir pacto, ni realizar negociación alguna.

Lo tarea que tenemos por delante, es demasiado importante, como para  decidirla en medio de calles asoladas, y negocios vandalizados. La paz es conditio sine quanon, para cualquier futuro.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, Lunes 27 de enero de 2020.-

ENCUESTA CHILE

Con toda la desconfianza que existe hoy en día, respecto de instituciones y personas, el prestigio y el respeto con el que se miraba la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), ha mermado considerablemente. No contribuyó a la seriedad de la medición, que el año 2018 realizará sólo una medición, decidiendo suspenderla. Sólo en mayo de 2019 se volvió a tomar la encuesta, y luego del estallido social, se publicó la encuesta de diciembre de 2019.

Hecha esta salvedad, la encuesta CEP sigue considerándose una medición seria, es además una encuesta presencial, que se realiza en una muestra de 117 comunas, considerada representativa de la realidad del país.

Una primera constatación se refiere a los temas a los cuales, a los cuales debería dedicar mayor esfuerzo el gobierno. Los tres principales mencionados son pensiones 64%, salud 46% y educación 38%. Comparada con la medición de mayo de 2019, sube  la percepción de que debe dedicarse mayor esfuerzo a Sueldos, que pasa de un 21 a un 27%. Desigualdad, que sube de un 9 a un 18%.

Es muy significativo que temas a los que el gobierno dedicó muchos recursos, y campañas mediaticas, casi no existan en la preocupación de los encuestados. La inmigración se menciona sólo por el 1%, y la delincuencia baja como tema prioritario de un 51% en mayo a un 26% en diciembre.

En cuanto a la situación económica, la percepción que tienen los encuestados, difiere cuando se le consulta por su propia situación económica, que cuando se consulta por la del país. Hay una mirada mas positiva de la propia situación, que de la que tienen los demás. Así se considera que la situación económica no es ni buena ni mala, personal 50%, del país 35%. En tanto un 25% considera que su situación económica es muy buena, versus un 9% que considera muy buena la situación del país. En tanto un 25% cree que su actual situación es mala o muy mala, porcentaje que se eleva a un 56% cuando se consulta sobre la situación económica del país.

La incertidumbre que existe sobre la marcha económica del país, se refleja en la respuesta que dan los encuestados sobre cómo creen que estará la economía en los próximos 12 meses. En lo personal un 30% cree que estará mejor, y un 20% que también el país lo estará. En tanto 13% piensa que su situación personal estará mucho peor, y un 27% cree que el país empeorará su situación económica. Un 50% cree que la situación económica no cambiará, osea se piensa que seguirán  las débiles cifras de crecimiento y empleo.

Dentro de los aspectos mas positivos de la medición del CEP, nos muestra el impacto que ha tenido la movilización social iniciada en  octubre de 2019. La percepción que se tiene de la democracia, ha mejorado ostensiblemente respecto de la medición de mayo de 2019.  Pasando de un 52% a un 64% de personas que creen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Consecuente con lo anterior, se ha reducido de un 19% a un 11% quienes justifican que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a uno democrático. Este dato también coincide con la baja notable en la aceptación, y el aumento del rechazo a las figuras políticas, que se asocian con las posturas de extrema derecha.

La mirada crítica acerca de como se han hecho las cosas en nuestro país, y que en parte ha motivado las movilizaciones sociales, se refleja en la encuesta CEP,  en la evaluación del funcionamiento de nuestra democracia. Existe un juicio duro sobre nuestra situación actual, pero una mirada llena de esperanza sobre el futuro. Sólo un 6% dice que la democracia hoy en día,  funciona bien o muy bien. En tanto esa percepción aumenta a un 19%, cuando se consulta como funcionará la democracia en Chile en 5 años más. Quienes creen que la democracia funciona regularmente son el 44%, muy parecido al 46% que cree que en 5 años seguirá regular.

Lo que da mas esperanzas, es que el 47% que piensa que hoy la democracia funciona mal o muy mal, se reduce a un 27%, cuando se consulta como funcionará en 5 años más.

Ratificando que la discusión constituyente, está entre los temas ya incorporados a la discusión cotidiana. Un rotundo 67% aprueba la redacción de una nueva constitución, versus un 13% que la rechaza. En tanto, un 44% quiere que la redacte una convención constituyente electa totalmente. Y un 37% quiere que sea una convención mixta.

Graficando el estado de desconfianza pública existente en Chile, las preguntas sobre confianza en distintas instituciones arrojan niveles inferiores a 10% de confianza, del gobierno, del congreso, de los partidos políticos, de los tribunales de justicia y del ministerio público. Las FFAA bordean el 20% de confianza, y carabineros y la PDI, en torno a 15%. Destacan dentro de las instituciones mas confiables, la radio y las redes sociales, aún así, no alcanzan al 30%.

Cuando muchos políticos, e incluso artistas populares han tratado de hacerse con los eslóganes y con la mística de las movilizaciones sociales, sin lograrlo. Y cuando intelectuales reputados, advierten que el camino de la violencia, y el desencuentro, sólo acarreará más injusticias y dolores. Nuestra propia gente, nos está diciendo en esta encuesta, que prefiere líderes que privilegien los acuerdos. Y en esto hay un sólido 78% de los encuestados, que espera eso de quienes se han puesto a la cabeza de partidos y movimientos.

 Los chilenos, somos entusiastas, pese a todo. El grueso de los encuestados, un 60% se manifiesta totalmente satisfecho con su vida, pero sólo un 11% cree que el resto de los chilenos se siente así.  Aquí hay una  mirada hacia los demás, que puede ser de colaboración, de solidaridad. Un reconocimiento implícito de las precarias condiciones  de vida de muchos compatriotas.

En los históricos tiempos que nos toca vivir. Desde este espacio, hemos abogado por el dialogo y el entendimiento, hemos abogado por la paz, y lo seguiremos haciendo. Sólo a través del encuentro entre las personas, podremos construir una comunidad. Partiendo por el barrio, el campo, la ciudad, la región.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, Lunes 20 de enero de 2020.-