ECOS DE UN NUEVO 11 DE SEPTIEMBRE

No hay caso con Chilito, por más que pasen y pasen los años, cada once de septiembre vuelve a abrir las heridas del pasado. Ya van 51 años del golpe civil-militar que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende, y la tragedia que ha marcado las vidas de varias generaciones de chilenos y chilenas, sigue allí. La recuperación de la democracia, conquistada en una lucha de 17 años, que costó innumerables vidas, y el tormento de miles, no puso fin a los dolores de un alma nacional fracturada. Son tantas las preocupaciones del día a día del ciudadano de a pie, que es muy probable que la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, haya pasado desapercibido. A excepción de las grandes ciudades, donde se multiplican los cortes de tránsito o las suspensiones de clases, el Chile profundo, que mueve literalmente, la máquina productiva del país, le resulta lejana esta fecha. Haremos acá una reflexión breve de los intentos de 1990 a la fecha, porque no se olvide lo que sucedió. Desde 1990, los sucesivos gobiernos progresistas, hicieron esfuerzos por determinar la verdad histórica. La comisión de verdad y reconciliación, que lideró el abogado Raúl Rettig. Estuvo integrada por ocho miembros, cuatro de los cuales pertenecían a la derecha política. Esta comisión dio lugar al informe Rettig, en el año 1991, durante el gobierno del presidente Aylwin. Fue el primer intento del estado de Chile para consignar por escrito, la memoria de lo ocurrido, y se anotó los nombres de las personas víctimas de violencia política durante la dictadura, que a ese año eran 2.298 personas. En el año 1996 durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, se constituyó una mesa de diálogo entre la sociedad civil y las FFAA y de orden y seguridad. Durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, se constituyó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como comisión Valech, la cual consignó en su informe de 2005 los testimonios de 35.865 personas residentes en Chile y el extranjero. De estos casos, más de 28 mil testimonios fueron aceptados como válidos, existiendo más allá de toda duda, la convicción de que fueron víctimas de prisión y tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Con muy sentidas palabras el presidente Lagos reflexionaba al presentar el informe: “¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué pudo provocar conductas humanas como las que allí aparecen? No tengo respuesta para ello. Como en otras partes del mundo y en otros momentos de la historia, la razón no alcanza a explicar ciertos comportamientos humanos en los que predomina la crueldad extrema. ¿Cómo explicar que el 94% de las personas detenidas señalaron haber sufrido torturas? ¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres que prestaron testimonio, casi todas señalan haber sido objeto de violencia sexual? Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se creó el museo de la memoria y los DDHH, instancia que es reconocida internacionalmente, por la dignidad y respeto con el que se conserva la memoria de las violaciones a los DDHH durante la dictadura. Asimismo, durante su gobierno, se constituyó la denominada Comisión de Valech II, que se abocó entre 2007 y 2009 a retomar los registros y análisis de testimonios, ampliándose el número de víctimas de la violencia política a 3.216 personas. Asimismo, durante su gobierno se promulga la ley N° 20.405 que crea el Instituto Nacional de los Derechos humanos, iniciativa que inició su tramitación en 2005 durante el gobierno del presidente Lagos, se publica en el diario oficial el 10 de diciembre de 2009. El acto de constitución del INDH, se efectuó el 20 de julio de 2010, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien designa a los once miembros fundacionales del Consejo: Miguel Amunátegui, Eugenio Díaz, Lorena Fries, Sergio Fuenzalida, Roberto Garretón, Claudio González, Luis Hermosilla, Enrique Núñez, Manuel Núñez, y María Luisa Sepúlveda. Como primera directora del Instituto fue nombrada la abogada Lorena Fries. Durante ese primer mandato del presidente Piñera, habla de los “cómplices pasivos” de las violaciones a los DDHH, que estarían en su sector político, separando aguas de ese modo, de quienes aún reivindicaban el golpe de estado y defendían la dictadura. Durante el gobierno del presidente Boric, se ha creado la política nacional de búsqueda, cuya finalidad es avanzar en la recopilación de información, que permita ubicar el paradero de las miles de personas, víctimas de desaparición forzosa durante la dictadura militar. Asimismo, se ha dispuesto modificar la obligación de secreto de los testimonios entregados en la Comisión Valech, que fijaba un horizonte de 50 años, para que se liberaran esos testimonios. Esto a su vez ha abierto una discusión, ya que los testimonios fueron recibidos bajo esas reglas, y no se estaría respetando la voluntad de los declarantes. Hoy existe un mecanismo judicial para acceder a esa información, en los casos específicos de personas a quienes les atañe directamente. Durante la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, el año pasado, se efectuó el viaje que ya constituye un rito para los ex prisioneros del campo de reclusión de Isla Dawson. En un buque armada, y acompañados de sus familias, los ex prisioneros visitaron Isla Dawson, en esa ocasión fueron testigos, del discurso del Almirante Juan Andrés Maza, quien expresó "Es por todos conocido (...) este fue un centro de detención de prisioneros políticos de la época. Y, ¿cómo lo vamos a desconocer?, no lo puedo desconocer y por eso estamos aquí", asimismo, hizo votos para que "Nunca más, que estos hechos no ocurran nunca más. Ni aquí y ojalá en ninguna parte del mundo, estos son condenables, los hechos todos, en cualquier parte del mundo". Hasta ahí vamos bien. Una sola voz para repudiar las violaciones a los derechos humanos y las atrocidades cometidas durante la dictadura. Sin embargo, nunca se puede dar por sentada la democracia y la libertad. Muy inquietantes hechos ocurrieron esta misma semana, en lo que aparentaba ser una humorada, una docena de jóvenes de un grupo ultra conservador, filmaron un pequeño video frente a La Moneda, reivindicando el golpe de estado de 1973. Las declaraciones sorprendieron incluso en el sector conservador, que con el difunto presidente Piñera, intentó separarse de la herencia del dictador. Eso sería meramente anecdótico, y si no se hubiese conocido también esta semana, una resolución de la excelentísima Corte Suprema, que autoriza a reponer en las instalaciones de las FFAA y de Orden y Seguridad, las fotografías de los comandantes en jefe de las mismas durante la dictadura. Una decisión que sólo se puede entender, en el contexto de descalabro moral que sufre el máximo tribunal del país. A pocos días del inicio de acusaciones constitucionales contra tres de sus miembros, y con el cuaderno de remoción abierto por ellos mismos, contra una conocida ministra, y ex vocera del propio tribunal, la que, por cierto, estuvo por autorizar la reposición de la foto del dictador y sus secuaces. Pasan y pasan los años, y los consensos básicos, que nos tardamos treinta años en construir, hoy se tiran por el caño, y se encienden de nuevo los odios, que nos llevaron al abismo. La responsabilidad del liderazgo político conservador, que mira con ansias las elecciones del 2025, tiene un desafío mayor, cortar amarras definitivamente con el pasado autoritario, o cerrar filas, con los grupos ultra conservadores que miran con nostalgia la dictadura. El sector progresista, tiene una tarea mayor, intentar cerrar con éxito un gobierno sin mayoría parlamentaria, donde sus iniciativas emblemáticas chocan indefectiblemente con la muralla conservadora. La proyección presidencial de alguna de las figuras más reconocidas del ex movimiento estudiantil, parece descartada, y se mira con excesivo entusiasmo la mano que puede devolver la centro izquierda, con su figura más relevante. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 16 de septiembre de 2024.- Ver más en https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-85804.html

VOLVER A CREER

El pasado martes, el Banco Central emitió su informe de política monetaria, conocido como IPOM. Es el verdadero barómetro de la economía chilena, confeccionado en la reunión de política monetaria (RPM) del Consejo del Banco Central de Chile. Se informó que el acuerdo del Consejo fue reducir la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos base, hasta 5,5%, y que esta decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. La cifra está en línea con lo que venían adelantando los expertos de bancos y entidades financieras, y confirma que el Banco continúa hacia una normalización de las tasas. Recordemos que la inflación de dos dígitos que tenía el país, al inicio de la actual administración, obligó a un ajuste de la política monetaria, con alzas históricas de la tasa. Para los chilenos de a pie, es una buena noticia, ya que las tasas de créditos comerciales a corto plazo se han reducido, incentivando la adquisición de bienes y servicios. La decisión del Banco Central, considera en el escenario externo, un anuncio del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en que informa del inicio del proceso de recorte de tasas. En la economía del país del norte, también se ha producido una disminución de la inflación, y también allí el mercado del trabajo ha empezado a debilitarse. En cuanto al crecimiento de la economía, el Central, informa que en el segundo trimestre hubo una caída de actividad, el PIB total y no minero cayó 0,6% de trimestre a trimestre. Y el PIB total tuvo una caída de 1,6% anual, en tanto el PIB no minero cayó un 1%. Si bien el IMACEC del mes de julio mostró un alza significativa respecto a julio de 2023, el incremento responde a factores puntuales, en un contexto de volatilidad de las cifras mensuales. Asimismo, se da cuenta, que, desde el punto de vista de la demanda, se refleja una caída del consumo y la estabilidad de la inversión. En cuanto a las proyecciones de nuestra economía, el Banco central reduce la proyección de crecimiento para este año 2024, en un rango entre 2,25 y 2,75%, fundamentalmente por el resultado del segundo trimestre. En tanto, para 2025 y 2026, las proyecciones de crecimiento se mantienen en un rango entre 1,5 y 2,5%. Se proyecta que el consumo privado retomará su impulso, por el menor costo del crédito y el aumento de los salarios reales. Se estima que para 2025 y 2026, el consumo privado crecerá a tasas del orden de 2% anual. Asimismo, de acuerdo a los requerimientos de la meta de balance estructura, se reducirá el consumo de gobierno, en particular para este año. Si bien, las proyecciones de menor nivel de consumo, reduce las presiones inflacionarias, que nos ha costado tanto combatir, por otra parte, incide en la brecha de actividad. Asimismo, el Banco Central llama a “monitorear cuidadosamente”, la desaceleración del empleo. No obstante, todos los esfuerzos realizados, con el alza de tasas y la restricción del gasto público, el Central debió revisar la meta de inflación para este año, la que en junio se había fijado en 4,2% y que ahora se fija en 4,5%, lo que se explica por el impacto del alza de las tarifas eléctricas producidas en junio y julio, por la depreciación del peso, ocurrida los últimos meses, y por un factor externo, el alza de las tarifas de los fletes marítimos, ocurrida en todo el mundo. Se confirma que, en un horizonte de dos años, la inflación llegará a la meta fijada de 3%, lo que ocurriría, de no mediar circunstancias imprevistas, en los primeros meses del año 2026. Tal vez la cifra más inquietante, es la estimación de crecimiento tendencial no minero, que para el período 2025-2034 se estima un crecimiento promedio de 1,8%. En otras palabras, la proyección de crecimiento del país, para los próximos diez años, sin considerar la actividad minera, será de un magro 1,8%. Esta síntesis de cifras del informe del Banco central, puede resultar tediosa, pero la hago con el propósito de llamar la atención, de todas esas personas que luchan cada día por llevar el pan a sus casas, y que miran muy de lejos las decisiones políticas que afectan sus vidas. Chile puede y debe crecer más si de verdad queremos alcanzar el desarrollo. El crecimiento económico es esencial para lograr este objetivo, y ya lo hemos hecho. En los 20 años de gobiernos progresistas desde 1990 a 2009 se creció como nunca antes en Chile, en promedio Chile creció 5,1%, versus 2,9% durante los 17 años de la dictadura. Las claves del crecimiento logrado en el período 1990-2009 la clase política actual las debe buscar, en lo que constituyó el principal activo de la Concertación de partidos por la democracia, su capacidad de lograr acuerdos, y su capacidad de gestión para implementarlos. La mayor parte de aquellos años sin mayoría parlamentaria, y con todos los enclaves autoritarios presentes, se logró, lo que ahora parece tan distante. En una época de desconfianza en las instituciones, cuando se abren cada día nuevas cajas de pandora, y el ciudadano de a pie, está harto de malas noticias, se deben buscar aquellos temas que nos convocan a todos. No tiene sentido, hacer un gesto político sólo al sector de afines al gobierno, presentando iniciativas que serán un saludo a la bandera, porque el progresismo no tiene los votos. ¿Para qué perder energía en tales intentos?, el verdadero liderazgo está en poder concitar el apoyo de los incondicionales, que siempre va a estar, pero también de los de la vereda de enfrente. Para eso se eligen los presidentes y las presidentas de la república, para que tomen decisiones pensando en Chile, y pensando en el futuro, no sólo en el próximo año. Es difícil hacer el cambio, ya que es más fácil contentar al sector afín, hay seguridad allí, un círculo cercano (o varios círculos de distinto nivel como sugirió un político), es lo más cómodo también. Quien podría culpar al presidente Boric, si hace lo que todos esperan, nadie por cierto en su sector político. Pero ir más allá, y pararse en los hombros de los gigantes y la giganta, que lo precedieron, eso ya es otra cosa. Generar ese clima de dialogo, que permita forjar acuerdos amplios en materia de crecimiento económico, en materia de seguridad, se ve difícil, pero ¿no es precisamente a lo difícil a lo que estamos llamados, quienes creemos en una sociedad mejor? Si no se está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, para superar los grandes y antiguos dolores de Chile, entonces no vale la pena llegar al gobierno. Cuando se reflexione sobre esto, en los círculos del poder, seguro surgirán quienes prefieren seguir con su 30%. Basta mirar la historia, para ver donde termina eso. Y quienes aún caminamos por estas tierras, tenemos el deber de no olvidar, donde nos conduce, la obcecación, el sectarismo, y la obsecuencia. El pueblo de Chile clama al cielo, por un respiro, una esperanza, un alivio, ya no se resiste más el clima de crispación, las insidias y ataques cotidianos, contaminan el aire, en medio del mayor escándalo de corrupción de los últimos 30 años. Necesitamos recuperar un sentido de bien superior, de interés general, que está por sobre las disputas de grupo, es la única forma de salvar las bases de la sociedad democrática, y construir los cimientos de nuestra prosperidad futura. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 9 de septiembre de 2024.- Ver más en https://www.bcentral.cl/resumen-ipom/-/detalle/resumen-ipom-septiembre-2024

TRABAJO, TRABAJO, TRABAJO

Corría el año 2005, y Chile enfrentaba un nuevo proceso electoral presidencial y parlamentario. Concluía el período del presidente Ricardo Lagos, aclamado y casi canonizado por los empresarios chilenos, debido al empuje que le dio a la economía. En las parlamentarias se enfrentaban cuatro pactos electorales, aún existía el sistema binominal así la torta se repartía entre los dos grandes bloques. De forma desigual, ya que con el 51% de los votos la victoriosa Concertación, obtuvo un número muy similar de escaños, a los de su rival de derecha, que obtuvo sólo 38%. Entre las cosas curiosas que ocurrieron en esa elección, y que inspiran esta columna, está lo que se dio en la franja electoral. También allí se expresaba la preferencia del legislador hacia los grandes bloques, que se llevaban el mayor tiempo en pantalla. Los más perjudicados, era que no, los candidatos independientes. Bueno, llegó a tanto esta desproporción en la asignación de los tiempos, que, en la región de Valparaíso, se pudo ver en la franja parlamentaria, a un señor que aparecía en pantalla, y sólo alcanzaba a decir “Trabajo. Trabajo. Trabajo”. Y así hasta la próxima transmisión televisiva. Era el candidato a diputado Sergio Velasco de la Cerda, quien, por cierto, no resultó electo, obteniendo poco más de diez mil votos. Entrevistado años después, acerca de su brevísima performance, explicaba que sólo disponía de dos segundos en pantalla. Escucharon bien, dos segundos. Y entonces, pensó en cuál era el problema más grave de San Antonio, y este era la falta de oportunidades de trabajo. Recordé la frase de este candidato, esta semana, al conocer las cifras de empleo entregadas por las autoridades. Según la Encuesta nacional de empleo del INE la tasa de desocupación en Chile fue de 8,7% durante el trimestre mayo – julio de 2024 (MJJ 2024). Este dato corresponde a 880.390 personas desocupadas. La tasa de desocupación es mayor para las mujeres con un 9,1%, que para los hombres que presentan un 8,3% de desocupación. La ministra del ramo se apresuró a destacar que la administración recibió el país, con un 9% de desempleo y una alta inflación, y que se ha recuperado más de 500 mil empleos. Sin embargo, los datos no son alentadores, ya que la economía no tiene el dinamismo suficiente, para retomar los niveles de desempleo pre pandemia. Existe una opinión concordante en el sector empresarial en que las medidas impulsadas por el ejecutivo como el alza de impuestos a las empresas, como el intento de establecer una negociación por rama de la actividad, son desincentivos a la inversión privada. Es cierto de que el sector empresarial chileno ha sido reacio permanentemente a las reformas tributarias impulsadas desde 1990 a la fecha, también es cierto de que la cultura de la negociación colectiva ramal, es ajena a la cultura sindical chilena en democracia. Ni sindicatos ni empresas están preparadas para dar ese paso. Se trata de una reforma mayor al sistema de relaciones laborales chileno, tan relevante como una reforma constitucional, y para lo cual la actual administración carece de apoyo parlamentario. Cuando se revisa en los datos de SIMEL, sistema de información creado por INE y el Ministerio del Trabajo, los datos de escolaridad de las personas desempleadas en este trimestre, se verifica un hecho de importancia. El 11% de los desocupados unas 98.676 personas, tienen educación primaria. El 45% de los desocupados que corresponde a 402.693 personas, tiene educación secundaria. Un 13% que corresponde a 118.994 personas, tienen educación técnica. Un 26% que corresponde a 237.154 personas tienen educación universitaria. Un 2% que corresponde a 18.369 personas tiene postgrado. En tanto 2.383 personas nunca estudió. Se aprecia que el grueso de las personas desocupadas cuenta con al menos educación primaria y secundaria. Sólo un 13% de los desocupados tiene educación técnica, lo que puede significar que existe una alta tasa de personas con educación técnica que ya cuenta con un empleo. Y por otra, la eventual inadecuación de dichas carreras a las necesidades del mercado laboral. El alto porcentaje, casi un 30% de las personas desocupadas, tiene educación universitaria, lo que representa un grave problema. Se trata de personas que hicieron una inversión de recursos económicos y de tiempo, y no han encontrado ocupación. También en este caso, podríamos estar ante la inadecuación de la carrera universitaria a las necesidades del mercado laboral. Lo que abre un gran tema de discusión, acerca de la extrema liberalidad, con que se imparten en Chile, carreras y la nula regulación en relación a las tasas de empleabilidad de las mismas. Carreras de bajo costo de implementación se multiplican en cada región del país, urge que exista una regulación que determine los cupos de las carreras en función de las necesidades del mercado laboral. Otro dato que no es para nada alentador de las cifras de empleo, es el dato de las personas ocupadas informales, las que en el trimestre mayo a julio de 2024, llegan a 2.556.530 personas, correspondiendo a una tasa de 27,6% las personas ocupadas informales aumentaron 5,4%, la que se desglosa en un 6.3% de mujeres y un 4,6% de hombres. En esta materia, como en materia económica en general, no existen las soluciones mágicas, sin empleo asalariado formal, no existe ahorro previsional, tampoco pago de impuestos ni seguridad social. El grave problema que Chile enfrenta con su sistema de pensiones, se ve agravado por la persistencia de masas de trabajadores en la informalidad. Al mismo tiempo que es imprescindible contar con mayorías parlamentarias, para aprobar la reforma de pensiones, la reforma tributaria y la reforma de la negociación ramal, también es imprescindible generar un dialogo social amplio. Las cifras de empleo, recurrentemente muestran la insuficiencia del mercado del trabajo para absorber los aumentos de la fuerza de trabajo. Esta debilidad proviene directamente, de las magras cifras de crecimiento económico. Sin un pacto amplio por el crecimiento económico, ninguna reforma que implique gravar más la inversión va a ser viable. Incluso la modesta reforma de pensiones que se aprobaría a comienzos del próximo año, va a generar un encarecimiento del costo de contratación, cada vez que esto ha ocurrido, los ajustes se producen por la vía del aumento del empleo informal. Son temas que tienen un importante contenido técnico, y en los puntos de prensa de las autoridades, nunca se logran explicar en detalle. Lo que obliga a redoblar esfuerzos, a las autoridades de gobierno y al parlamento, para construir los consensos necesarios. Esto es urgente, ya que la ausencia de avances en esta materia, postergará nuevamente las modificaciones que la economía requiere, para volver a crecer. El candidato a diputado por San Antonio en 2005, señor Velasco, clamaba en sus dos segundos de franja electoral Trabajo, trabajo, trabajo. Casi veinte años después, lo estamos escuchando por todo Chile. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 2 de septiembre de 2024.- Ver más en https://de.ine.gob.cl/

LA CUECA EN PELOTAS

Desde hace un tiempo nos hemos venido enterando de los entretelones, del llamado “caso audios” o “caso Hermosilla”, por ser este abogado, el foco de una trama pocas veces antes conocida públicamente. No es que en Chile no se hayan conocido antes casos donde el poder, el dinero, y las influencias políticas fueran protagonistas. Lo distinto con este caso, es que cual reality show, nos vamos enterando en vivo y en directo, a través de las cámaras, de los avances que va teniendo la investigación judicial. Aparentemente, la trama pública de este caso, se inicia en junio de 2023, cuando el empresario financiero Daniel Sauer, dueño de una empresa de factoring llamada Factop, se reúne con los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Según reveló una investigación periodística efectuada por el medio electrónico CIPER CHILE, está reunión habría sido grabada secretamente por la abogada Villalobos. En el audio de esta reunión se discute acerca de las estrategias para enfrentar una investigación que realizaba el SII y la CMF, a la empresa Factop. En la confianza de una reunión con su cliente, Hermosilla se explaya con total libertad, acerca de mecanismos para obtener la actuación favorable de funcionarios tanto del SII como de la CMF. Derechamente se sugiere generar una cuenta para efectuar pagos a estos funcionarios, y así obtener información clave para anticipar los pasos de los organismos fiscalizadores, y preparar la defensa. El audio que dura poco menos de dos horas, es impactante en cuanto a las múltiples afirmaciones que realiza el abogado Hermosilla, que involucra a terceros en hechos presumiblemente constitutivos de delito. Las máximas autoridades del país, expresaron su rechazo a esta situación, y rápidamente la fiscalía nacional dispuso una investigación de oficio. En su oportunidad el abogado Hermosilla, emitió un comunicado donde señalaba ser víctima de una operación “siniestra”, en base a una grabación obtenida de forma ilegítima, por tratarse de una conversación privada entre él y su cliente, no pudiendo ser esgrimida en tribunales. Como efecto inmediato de que se hicieran conocidos los audios señalados, y de haberse incautado el teléfono celular al abogado Hermosilla, se produjo la salida del director nacional de la PDI Sergio Muñoz, el 16 de marzo de 2024. En esa fecha a primera hora de la mañana la fiscalía metropolitana Oriente, dispuso allanamientos al domicilio y oficina del director Muñoz, lo que produjo la presentación de su renuncia al cargo. En su caso, se habría compartido información con el abogado Hermosilla, sobre diligencias seguidas en contra de su antecesor en el cargo, que era de defendido por Hermosilla. Posteriormente en el mes de abril, se produce la formalización de los empresarios financieros Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer, Rodrigo Topelberg, Darío Cuadra y Luis Flores por el Caso Factop, en este caso se les imputa la emisión de 9.970 facturas falsas que generaron una deuda a sus clientes por más de doce mil millones de pesos. Finalmente, en este mes de agosto, el SII se querelló en contra del abogado Hermosilla, la abogada Villalobos, y el esposo de esta, por no haber declarado ingresos recibidos desde distintas sociedades y por la utilización de facturas falsas. La extensa red de contactos e influencia que construyó a lo largo de una trayectoria profesional de alto nivel, asesorando siempre a lo más granado del mundo político y empresarial, hacen del caso del abogado Hermosilla, un caso digno de estudio. En él se conjugan las debilidades del sistema de nombramiento de jueces y ministro de corte, nombramientos en los cuales, se presume tuvo incidencia o al menos influyó en apoyo de algunos de ellos. Su contacto estrecho y privilegiado con el coronel de la UDI, Andrés Chadwick, el cual se inicia ya en sus tiempos de estudiante de derecho en la PUC, y que fructifican en las dos administraciones del finado ex presidente Piñera. Muchos cibernautas reflotaron las palabras de despedida, luego de perder a acusación constitucional en el senado. El coronel Chadwick emocionado hasta las lágrimas agradece a su amigo Luis Hermosilla. Tras cartón se ha conocido de la intermediación de este, para obtener recursos para la defensa de Chadwick ante el senado. El costo de la asesoría especializada efectuada por un constitucionalista alemán la habría costeado Hermosilla a través de Factop. Posterior a su destitución, Chadwick se trasladó a las dependencias donde se ubica el estudio jurídico de Hermosilla, donde habrían constituido una “comunidad de techo”. Se trataría de un acuerdo para compartir oficinas y gastos. En el mismo escenario, la fiscalía metropolitana oriente ha informado, que investiga a Chadwick, por numerosos pagos percibidos por éste, y que provendrían de cuentas del abogado Hermosilla. Dentro de los casos de relevancia que intervino Hermosilla, se encuentra la representación de la familia del senador asesinado Jaime Guzmán, asimismo, fue abogado de Jovino Novoa y de Pablo Longueira. Fue un asesor del círculo inmediato del ex presidente Piñera, de hecho, en los chats encontrados en su teléfono, se jacta de su influencia, aludiendo a los mismos como ACH y SP. También mencionaba a otro político conservador, Sebastián Sichel, otrora presidente del Banco Estado, el cual ha anunciado querellas negando cualquier relación con Hermosilla. Como era de presumir, los medios de comunicación afines al sector político conservador, han ignorado olímpicamente el caso. De no ser por la investigación de CIPER CHILE, nunca nos hubiéramos enterado de lo que estaba sucediendo, tras bambalinas del poder. El caso surge a raíz de la denuncia periodística, los medios tradicionales, han cubiertos sus portadas, primero con notas reiterativas acerca de la ex directora de un organismo público, a quien se pidió la renuncia. El intento por ocultar los detalles de un caso, que penetra en los vericuetos del poder político y del dinero, es tan burdo, que un diario nacional llevaba en portada el viernes pasado, “Los beneficios de practicar Pilates en la nieve”, y entrevistaba a una desconocida instructora, que lucía con bikini sentada en la nieve. ¿Cuál será el impacto de este caso en la opinión pública?, es una incógnita si las personas de a pie, que enfrentan estoicamente las dificultades cotidianas, apreciarán la magnitud de un caso que remece las fibras mismas del estado de derecho. Según la encuesta CEP, en su estudio nacional de Opinión Pública N.º 91, junio-julio 2024, las mayores preocupaciones de la ciudadanía son la delincuencia, la inmigración irregular, la salud, y las pensiones. En tanto según la encuesta “Tú Influyes” de Data Influye, el 85% de las personas está informada o ha escuchado sobre el "Caso Audios". Sin embargo, respecto del destino que tendrá el proceso judicial, un 48% señala que "habrá comisiones, investigación y procesos donde todo finalmente se irá diluyendo". En tanto, el 18% manifestó que "no pasará nada. El 16% señala que "los posibles culpables recibirán clases de ética o penas menores". Solo un 7% manifiesta que "las instituciones funcionaran y se sancionará como corresponde a los culpables". Y un escaso 6% cree que "vendrán cambios sustantivos en la lucha contra la corrupción y habrá justicia para los culpables". Con los niveles de aprobación que tienen los partidos políticos de gobierno y de oposición, y con los altos niveles de rechazo que tienen hoy las instituciones de Chile, el daño reputacional, el daño a la imagen de las instituciones que aparecen involucradas en el caso audios o caso Hermosilla, es de proporciones siderales. Da lo mismo que los medios afines al sector conservador pretendan invisibilizar este escandaloso caso, da lo mismo que sigan cubriendo sus portadas con farándula y vanidades, la verdad está a la vista, y los responsables deberán asumir las consecuencias. Más vale que nos demos cuenta del tamaño del abismo que se abre frente a nosotros, y nadie está para soportar más abusos e injusticias. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 26 de agosto 2024.-

CIENCIA ANTÁRTICA EN CHILE: SCAR CHILE 2024

Chile será a partir de este lunes, el epicentro de la ciencia antártica mundial, ya que será anfitrión de la conferencia abierta del SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) en español, Comité Científico de Investigación Antártica. Esta es la mayor instancia de encuentro de ciencia antártica del mundo. La conferencia abierta de ciencia (OSC), se efectúa cada dos años para fomentar y facilitar la investigación internacional en la Antártica y el océano austral. Chile es uno de los miembros permanentes del SCAR, desde su fundación en 1958, entre el 3 y el 6 de febrero de ese año, doce países fueron invitados a constituir el comité, del que hoy forman parte miembros que representan a las comunidades científicas de cuarenta y tres países. El SCAR se ocupa de iniciar, desarrollar y coordinar investigación científica de calidad internacional en la Antártida y el Océano Antártico. Asimismo, el SCAR asesora a órganos internacionales, como las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. En Chile, la política antártica la ejecuta y coordina el ministerio de relaciones internacionales, a través de un organismo técnico de su dependencia, el Instituto Antártico Chileno INACH. El INACH que fue creado en 1964. tiene entre sus misiones el incentivar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, de innovación en la Antártica, el fortalecimiento de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y promover el conocimiento de las materias antárticas a la ciudadanía. Un hito relevante a destacar, es que desde el año 2003, el INACH trasladó su oficina matriz y dependencias científicas a Punta Arenas en la región de Magallanes y de la antártica chilena, Consolidando de esta manera a la región austral y zona extrema Magallanes, como la puerta de entrada a la Antártica. Un hito importante en la consolidación de Chile como país polar, y puerta de entrada a la antártica, es la realización de la conferencia abierta de ciencia (OSC) del SCAR, en Pucón y Punta Arenas, este evento de relevancia mundial, organizado por el Comité Nacional de Investigaciones Antárticas (CNIA) y el Instituto Antártico Chileno (INACH), contará con la concurrencia de más de 1.500 científicos y especialistas en el tema antártico. Este sábado fueron recibidos por el equipo organizador y funcionarios de INACH. El lema del encuentro que se efectuará desde este lunes 19 hasta el 23 de agosto, es “Ciencia Antártica: Encrucijada para una nueva esperanza”. Se espera la presentación de 1.430 investigaciones efectuadas por los científicos y científicas presentes, centradas en ciencias físicas y de la tierra, así como en ciencias de la vida y ciencias sociales. El SCAR de esta semana no sólo incluirá la presentación de las investigaciones científicas, sino también actividades de difusión con la comunidad. Además de las presentaciones científicas, la conferencia incluirá conferencias plenarias, mini simposios, sesiones paralelas, mesas redondas y presentaciones de pósteres científicos. También se llevarán a cabo actividades destinadas a involucrar a la comunidad local. Una exposición de artesanías con inspiración antártica, en gimnasio Municipal de Pucón. Exposición de Ilustraciones Naturalistas de Mauricio Álvarez. Universidad de la Frontera, sede Pucón. Exposición fotográfica antártica de John Weller. Enjoy Gran Hotel Casino Pucón. Y Festival de Cine Documental Antártico. Universidad de la Frontera (Pucón) y Liquen Centro Cultural de Villarrica. En tanto en Punta Arenas se efectuará la reunión de delegados del SCAR, entre el 26 al 28 de agosto. La Antártica y el Océano Antártico tienen un papel fundamental en la regulación de procesos como el clima y la absorción de dióxido de carbono, y la investigación en la Antártica es crucial para comprender procesos de importancia global y para el avance de la ciencia. El compromiso del estado de Chile con el objetivo de conservar la antártica como un territorio de ciencia y paz, ha seguido una línea constante desde la suscripción del tratado antártico y desde la constitución de SCAR en 1958. Gobiernos de distinto sello, han mantenido una línea inequívoca en este plano. Estamos hoy en un escenario expectante como país, con un empoderamiento creciente de nuestra institucionalidad científica. Con la ejecución de instancias de importancia estratégica, como la política nacional de construcción naval, que nos ha entregado ya, un nuevo y moderno rompehielos, el “Oscar Viel”. Y con la ejecución de la política nacional de desarrollo de zonas extremas, sucesora de los planes especiales de desarrollo, que ejecuta el Gobierno regional de Magallanes y de la antártica chilena. Una política fundamental para potenciar el desarrollo de la zona austral y para fortalecer nuestro rol antártico. Entre otras decenas de iniciativas relevantes, nos permitirá construir el hito más importante en la ciencia nacional, el Centro Antártico Internacional. También proyectamos reponer instalaciones de bases antárticas, que desempeñan hoy un rol crucial para el desarrollo de la investigación científica. La realización de la conferencia abierta de ciencia (OSC) del SCAR esta semana en Chile, constituye una gran noticia para el posicionamiento de Chile, en el ámbito internacional, y constituye también un hito para la divulgación del conocimiento científico hacia la comunidad. También es un importante impulso a la actividad turística y del comercio local. En la zona extrema Magallanes, estamos proyectando inversiones que nos permitirán en los próximos años, ser anfitriones de la SCAR, coronando así, el objetivo país, de que la región de Magallanes y de la antártica chilena, sea la puerta de entrada y el puente hacia el continente blanco. Los países que prosperan y alcanzan el desarrollo, son aquellos en que la sociedad acuerda objetivos de largo plazo, que trascienden gobiernos. Son los países que no dejan de invertir en derechos sociales, para invertir en ciencia y desarrollo tecnológico. Los países que prosperan, siguen construyendo viviendas sociales y consultorios de salud primaria, al mismo tiempo que potencian la inversión y el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Esa es la ruta de la zona extrema Magallanes. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 19 de agosto 2024.- Ver más en: https://www.inach.gob.cl https://scar.org/about-us/history https://www.minrel.gob.cl/minrel_old/site/artic/20100730/pags/20100730163923.html https://www.inach.cl/

SANTIAGO DE CHILE A MEDIA LUZ

Lo que se ha vivido en las últimas semanas en el centro sur de Chile, es como un dejavú. Es algo de nuestra historia, ya es tradicional en Chile, que las fuerzas de la naturaleza cambian la agenda pública. De tanto en tanto, terremotos, aluviones, inundaciones, o como en este caso, daños masivos producidos por el viento. El sistema frontal que afectó la Región Metropolitana (RM), región de O´Higgins y la Araucanía, produjo intensas precipitaciones, y vientos que, en algunas partes, superaron los 90 y 100 Kms/hora. Vientos de esta naturaleza son inusuales en estas zonas, por lo que produjeron daños en techumbres, de casas y edificios, daño a terminales de aeropuertos, inundación de vías férreas y estaciones de metro. Pero lo que fue más perjudicial, fue la caída de árboles y postes, que interrumpieron la distribución eléctrica. En las primeras horas de este evento, se reportaba más de 700 mil clientes afectados sólo en la región metropolitana. En todo el país pudimos apreciar los programas de TV, volcados por entero a explotar el morbo, de las personas afectadas. Como es un clásico de nuestros medios de comunicación, las penurias e incomodidades de los vecinos, se trataban de reconducir hacia una crítica a las autoridades. Sin embargo, la incomodidad al comienzo, y la molestia e indignación un poco más tarde, se empezó a dirigir espontáneamente hacia las empresas de distribución eléctrica. En el área afectada, operan ENEL, CGE y CHILQUINTA, pero de estas las que se llevó todos los reclamos fue ENEL, por ser la que concentra la mayor cantidad de clientes, es natural. Pero lamentablemente, fue la que incurrió en mayores errores en el manejo de esta crisis. Canales de atención al público saturados, la tele atención que opera con dispositivos de IA, fueron deshabilitados ante la imposibilidad de dar respuesta a la avalancha de reclamos. La paciencia de los vecinos, se agotó cuando había transcurrido un par de días, ya no llovía ni golpeaba el viento, pero nadie se presentaba a retirar los cables ni los postes derribados. Se produjo gran impotencia y frustración a las personas, que veían alteradas sus vidas, en los aspectos más esenciales, como la conservación y preparación de los alimentos. El aseo, el cuidado de niños y de personas mayores. La poderosa compañía eléctrica no dio abasto a resolver la situación. Se empezó a desnudar en todas sus flaquezas un modelo de negocios, construido sobre la base de un mercado regulado, cuasi monopólico. Por toda la región metropolitana, surgieron espontáneamente acciones de protesta de los vecinos, para visibilizar los problemas no resueltos por ENEL. La gerencia general de la compañía, que abastece a 33 comunas de la Región metropolitana, expresó que, desde el mega terremoto de 2010, no se enfrentaba una situación con tantos postes caídos. La empresa se comprometió a la recuperación paulatina de los alimentadores y las líneas de transmisión, para normalizar el suministro eléctrico. Sin embargo, la magnitud de la afectación ha impedido que esto suceda. Como consecuencia de esto las autoridades de gobierno han manifestado que los graves incumplimientos de ENEL, justificarían el cese de la concesión eléctrica, que está explotando. El subsecretario del interior Manuel Monsalve, afirmó que la impresión del gobierno, es que la empresa no ha destinado los recursos necesarios para enfrentar la emergencia con la oportunidad y rigurosidad requeridas, dejando a muchas personas sin suministro eléctrico desde el 1 de agosto”. Ha debido ser la autoridad la que exija un plan de reposición hasta la total recuperación del suministro eléctrico a todos los clientes, pero se ha evidenciado, el incumplimiento de la compañía, incluso a sus compromisos voluntarios. Se está gestionando asimismo el envío desde Argentina de diez generadores para proveer electricidad temporalmente a las zonas afectadas. Pese a la existencia de derecho a compensación a los clientes afectados, no se aprecia una disposición clara e inequívoca de ENEL, de generar a la brevedad un mecanismo de compensación económica. Esto contrasta con lo informado por Chilquinta a sus clientes, quienes ya fueron informados de una rebaja inmediata en su próxima cuenta. Algunas voces del populismo parlamentario, ya están sugiriendo una nueva postergación del alza a las cuentas de la luz. Insólito e irresponsable, cuando estamos sufriendo este mismo mes la brusca alza del IPC, producida por la postergada alza de las mismas, ocurrida en pandemia. Numerosas voces se alzan hoy día, pidiendo el fin de la concesión a ENEL. El tema de discusión debiera ser más amplio. ¿Se justifica hoy la prohibición al estado para que realice actividad empresarial? La norma está en la base del orden público económico de la constitución redactada por la comisión Ortuzar. Desde allí surge el impulso privatizador, que arrasó con el patrimonio, construido durante décadas por el estado con el impulso de la CORFO. Hoy pocos saben, y menos recuerdan, que los servicios básicos en Chile, eran proveídos a través de servicios y empresas públicas. Agua potable, gas, electricidad, telefonía y telecomunicaciones. Al igual que en otros múltiples países, fue el estado el gestor, el motor empresarial que dotó a todo el territorio de las bases elementales para su desarrollo. Sólo mediante una dictadura como la chilena, con la conducción económica de fanáticos neoliberales, se entiende la destrucción del patrimonio nacional, y la vil forma de apropiación y enriquecimiento privado, que benefició a los agentes civiles del régimen. La cuestionada empresa ENEL es propiedad del estado italiano, como lo fue otrora del estado chileno. Para el que quiera indagar más acerca de la burda operación que llevó al gerente de la empresa eléctrica del estado, a convertirse en su principal accionista como empresa privada, puede leer “Poderoso caballero” del periodista Daniel Matamala. Spoiler, hasta el finado ex presidente estuvo en el negocio. El funcionamiento de la economía de mercado de la que Chile forma parte, hace imprescindible el impulso, la creatividad y el dinamismo de la empresa privada. Eso no se contradice para nada, con la existencia de un estado emprendedor, un estado propietario y gestor de empresas públicas. Chile las tuvo en el pasado, no sólo en la distribución eléctrica, también en la generación. ENDESA, empresa nacional de electricidad SA, fue una filial de CORFO creada en 1943. Según el “Repositorio de historia económica y de la industria de Chile” ENDESA implementó con éxito un plan de electrificación del país. Alcanzando el 56,7 por ciento de la potencia eléctrica instalada del país, y el 79,7 por ciento de la de servicio público en 1975. En 1981 se inició la privatización de Endesa y sus filiales, proceso que culminó en 1989. En 1999 el grupo económico ENERSIS S.A. tomó el control de la empresa y lo mantuvo hasta 2016 cuando fue vendida al grupo italiano ENEL. La superación de los daños producidos por el inusual evento de la naturaleza, reparar los postes y cableado, es responsabilidad exclusiva de las empresas distribuidoras de electricidad. No está tan claro que pueda concretarse en el corto plazo el fin de la concesión eléctrica de ENEL. Ya ha intervenido el ultra conservador gobierno Italiano, ante el gobierno de Chile, preocupado por el perjuicio que puede causar a la estatal ENEL. Por otro lado, y para variar, ha salido en distintos medios, la nómina de aportes de campaña de la compañía eléctrica, que benefició a varios partidos con representación parlamentaria. Curiosamente, cuando se leen los entretelones del DFL 1 de 12 de septiembre de 1982, decreto de la dictadura que privatizó las empresas eléctricas, se aprecia que el objetivo no fue reemplazar empresas ineficientes, como nos repitieron durante años los guardianes del modelo. Por el contrario, como reconoce Renato Agurto, uno de los redactores del decreto de 1982, entrevistado por “La tercera” en 2012, “Las empresas estatales no estaban arruinadas, el sector no estaba en crisis. La idea fue poner a tono el sector eléctrico con la política general de desarrollo que venía aplicando el país”. Asimismo, dentro del equipo redactor de la norma que privatizó las empresas eléctricas, se pensaba que el sector eléctrico iba a ser mixto, estatal-privado. El sistema económico actualmente vigente en Chile, y en gran parte del mundo, requiere de transparencia, de libre competencia entre los actores económicos. Algo que los fundadores del neoliberalismo chileno, parecieron olvidar, cuando compraron a vil precio la empresa nacional, para alzarse como controladores de un negocio multimillonario. Lo que pudieron hacer con total impunidad en plena dictadura, y en los primeros años de nuestra democracia, hoy es inaceptable. Podemos y debemos revisar la norma constitucional que establece que sólo por ley de quórum calificado, se puede autorizar al estado a desarrollar actividad empresarial. Debemos discutir el mejor modelo para las empresas de servicios básicos, empresa estatal o empresa mixta. El dinamismo de la economía, y la exigencia de una gestión de excelencia, como se ha visto, en esta semana no es patrimonio exclusivo del sector privado. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 12 de agosto 2024.- Ver más en https://www.historiaeconomicadechile.cl/taxonomy/term/1098 https://www.mch.cl/negocios-industria/los-entretelones-de-la-ley-que-privatizo-el-sector-electrico-a-30-anos-de-su-creacion/

EL ROL DE CHILE EN EL CONTINENTE

Como decíamos a inicios de la semana pasada, las elecciones presidenciales en Venezuela, se han transformado en un evento que inevitablemente produce efectos en nuestra política interna. Los resultados absolutamente contradictorios entregados por el régimen chavista, y los entregados por la oposición, vuelven vitales los informes de entidades independientes. La propia noche de la elección el domingo 28 de julio, el presidente Boric hacía un llamado urgente a través de su cuenta en la red X, “La entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional de la que nuestro país Chile es parte, no aceptaría otra cosa”. Esto ante la ausencia de datos, que respaldaran las declaraciones atribuyéndose el triunfo por parte de los funcionarios chavistas. El propio régimen invitó a una serie de organizaciones sociales, representantes de movimientos políticos, y facciones de partidos de izquierda radical, de distintos continentes. Según la prensa del régimen, serían unos mil observadores, mismos que a las pocas horas de haberse adjudicado el triunfo, Nicolás Maduro, publicaban una declaración felicitando la victoria del pueblo venezolano, y del gobierno “revolucionario”. La categoría de invitados y de observadores acreditados, el gobierno venezolano se la negó a diversas personalidades extranjeras, ex presidentes del continente, parlamentarios conservadores chilenos, y al ex director de “The clinic”, el ex convencional Patricio Fernández. Pero existió otro grupo de observadores chilenos invitados, entre los que se cuenta al ex candidato presidencial Eduardo Artés y al diputado en ejercicio Boris Barrera del partido comunista. Este último, dando cuñas a CNN, sobre la transparencia del proceso electoral. Como era de esperarse, a pocas horas de anunciado su supuesto triunfo electoral, este grupo de “observadores”, despachó una declaración, suscrita por Eduardo Artés, el diputado Barrera, y once personas más, que dice lo siguiente: 1.-Reconocemos al pueblo venezolano por la realización del proceso electoral presidencial, que cumplió con los estándares democráticos internacionalmente. 2.-. Pudimos constatar directamente el trabajo serio del Consejo Nacional Electoral como Poder Institucional autónomo y soberano de la República Bolivariana de Venezuela, compuestos por todas las fuerzas políticas designadas por el parlamento y prestigiosos académicos, el que garantizó la realización de las elecciones presidenciales en todo el territorio venezolano a través de un mecanismo electoral con altos estándares de transparencia, fiscalización y auditabilidad. 3. Valoramos la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral en la entrega de los resultados que despejaron el intento de vulneración antidemocrático a través de un ataque cibernético. 4. Finalmente desde nuestra observación y acompañamiento de las elecciones presidenciales llamamos al gobierno de Chile a respetar la institucionalidad democrática de Estado de la República Bolivariana de Venezuela y a reconocer la voluntad de los venezolanos nítidamente aceptada en las urnas como ya incluso lo han hecho 8 de los 9 candidatos opositores. Afortunadamente, la política internacional de Chile, no la dirige un partido político, sino el presidente de la república, en su rol de jefe de estado, y en esta materia el presidente ha tenido una claridad sin ambigüedades. La propia noche de la elección, el domingo 28 de julio, mientras los afines al régimen chavista llamaban a celebrar, el presidente expresó a través de su cuenta en la red social X: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”. Horas de zozobra y expectación se vivieron en Venezuela, y en numerosos países que han acogido a la diáspora venezolana, se estima unos ocho millones migraron en los últimos seis años. El día lunes 29 de julio las calles de las principales ciudades de Venezuela permanecían desiertas, en silencio, a la espera de la entrega de los antecedentes, que aclararan el resultado electoral. Pero esto no se produjo, el único organismo independiente, acreditado como veedor por la autoridad electoral venezolana, el Centro Carter, declaraba el martes 30 de julio: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela”. Esta entidad observadora, es una organización sin fines de lucro, fundada en 1982 por el expresidente estadounidense Jimmy Carter y su esposa Rosalyn. Cuenta con gran prestigio y dilatada trayectoria, como veedora de procesos electorales, y mediadora en conflictos internacionales. Por la labor de este organismo en resolución de conflictos y promoción de la democracia, el presidente Carter obtuvo el premio Nobel de la Paz en 2002. Lo que declara este centro independiente y especializado es que el hecho de no haberse entregado los resultados desglosados por cada mesa, constituye una grave violación de los principios electorales. Asimismo, expresa que el proceso se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas que perjudicó a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Se dificultó la actualización del registro de electores, con plazos muy cortos, escasos lugares de inscripción y escasa difusión pública. Para los venezolanos en el exterior, las dificultades para acreditarse como electores fueron mayores, con barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. Como resultado de esto, la proporción de votantes habilitados para votar en el extranjero, fue mínima considerando el universo de la diáspora venezolana. El Centro Carter comprobó también el uso de recursos públicos, vehículos y funcionarios públicos en la campaña electoral oficialista. La declaración del Centro Carter, fue precedida por la evacuación de todo su personal de Venezuela, al desatarse la represión policial contra las manifestaciones de la oposición. Llama poderosamente la atención, que el grupo de observadores chilenos, no haya visto, ni oído, ninguna de las constataciones efectuadas por el Centro Carter. Si esas personas, de conocida afinidad política con el régimen chavista, fueron inmunes a la verdad, otros observadores internacionales acusaron recibo. Eso pasó con el denominado “Grupo de puebla”, que reúne a diversas personalidades, ex presidentes o ex candidatos de partidos de izquierda, de diversas latitudes. Entre ellos, el ex político chileno Marcos Enríquez, conocido como Meo, la noche de la elección en una críptica declaración, pedía que la “controversia” existente se pudiera aclarar. Con el andar de las horas, su postura fue mutando, y terminó alineado con la declaración del presidente Boric. Misma situación ocurrió con otros integrantes del grupo de puebla como los ex presidentes de la República Dominicana, Leonel Fernández y el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quienes también exigen que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publique inmediatamente de las actas de votación. La voz más respetada del progresismo chileno, y referente internacional de la centro izquierda, Michelle Bachelet, manifestó enfáticamente que debe existir total transparencia en el proceso electoral, y “Es imperativo que refleje la voluntad del pueblo" El día lunes 30 de julio el presidente Boric, fue más categórico aun, y Chile marcaba un punto intransable en la defensa de la libertad y la democracia, dando ejemplo a otras naciones del continente cuyos líderes han sido titubeantes. Y Chile pagó las consecuencias, en una medida inédita en las relaciones diplomáticas con Venezuela, el régimen chavista expulsó al personal de nuestra embajada, dirigida por el ex senador socialista Jaime Gazmuri. Junto a la misión chilena, fueron expulsadas las representaciones diplomáticas de Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El presidente Boric, recibirá este lunes al presidente del Brasil Ignacio Lula Da Silva, con quien se espera, aborde una posible mediación conjunta de los presidentes de Brasil, México, Colombia y Chile ante el régimen de Maduro. La represión desatada por el régimen chavista contra la población civil en Venezuela, hace recordar las peores épocas de las dictaduras militares del continente, detenciones arbitrarias por agentes del estado que no se identifican, sin órdenes judiciales, represión violenta de manifestaciones pacíficas. Todo el repertorio de un régimen autoritario, para defender una victoria electoral, que no puede comprobarse mediante medios válidos y transparentes. La conocida diferencia existente en Chile, entre las fuerzas progresistas, sobre el régimen venezolano, aflora ahora con fuerza. El presidente del partido comunista de Chile, Lautaro Carmona, reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, pese a toda la evidencia existente. La decisión genera una crujidera intensa en el centenario partido. Se dice que esto no afecta el desempeño de sus ministros y ministras, ni la lealtad al presidente Boric. Mientras, los partidos del socialismo democrático, cuestionan enfáticamente las credenciales democráticas de Maduro y su gobierno, y se respalda totalmente la postura presidencial. Si bien algunos se justifican, diciendo que es una postura sobre política internacional, no se puede soslayar que la posición de Chile, defendida con coraje por el presidente Boric, debe ser respaldada transversalmente, partiendo por el conglomerado de gobierno. No sólo por ser una política de estado, sino también para defender la dignidad de nuestro personal diplomático, y nuestros equipos de prensa, expulsados intempestivamente de la hermana tierra de Venezuela. Paradojas del destino, cierta izquierda titubea en el rechazo a la tiranía venezolana, cuando fue precisamente en esa tierra, donde encontraron refugio cientos de chilenos que huían de la dictadura civil militar chilena. Esperamos que nuestro país juegue un rol importante en la mediación con el régimen chavista, el objetivo debe ser claro, acreditación de resultados por entidades internacionales independientes, y respeto irrestricto de los DDHH de los opositores políticos y de la voluntad popular. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 5 de agosto 2024.-