Para nadie ha sido sorpresa cómo se
ha desplomado la adhesión al gobierno de ultra derecha. Semana a semana, los
estudios de opinión arrojan resultados adversos en su aprobación. Una curva
descendente que incluso en CADEM ha bajado la barrera del 30%, situándose en
torno al 27%, básicamente la administración se sostiene en su voto duro, aquel
que en teoría le será fiel hasta el final. No es un dato que dé para
celebraciones al progresismo.
El avance legislativo de la mega
reforma, implica un golpe demoledor al estado de bienestar. Un sistema que, con
falencias, con dificultades, logró consolidarse gracias al consenso político básico
de los 30 años. El mejoramiento de las condiciones materiales de vida de millones
de personas, fue fruto de las realizaciones de los gobiernos progresistas, pese
a la oposición encarnizada de la derecha dura y neoliberal. Los mismos que hoy
idolatran a los presidentes Aylwin y Ricardo Lagos, se opusieron tenazmente a
toda reforma, y defendieron a ultranza los privilegios y granjerías otorgados
en dictadura a los más ricos del país.
La anunciada emergencia, muletilla
de campaña que se repitió como un mantra, desde marzo, se amplificó, con miles
de altos cargos del ejecutivo repitiéndolo sin pausa. En un giro drástico de
los acontecimientos, una emergencia ficticia, usada como elemento aglutinador,
infundiendo el temor en la población, se transformó en realidad en diversos
ámbitos. Una economía que hasta el año 2025 crecía a 2,5%, hoy se hunde con un
magro crecimiento de cero%, que incluso podría estar en cifras negativas para
el crecimiento anual. La inflación que estaba contenida y se proyectaba
llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de este año, ahora ya suma 4% y
sigue en alza. El desempleo que ya estaba alto el año pasado en torno al 8%,
hoy supera el 9,6%, y ya superó los dos dígitos en mujeres. Los discursos catastrofistas
que fueron muy exitosos para instalar la idea de un país quebrado, a partir de
marzo fueron replicados estando en control del ejecutivo, y fueron justificación
para llevar a cabo una restauración conservadora que echara por tierra los
consensos de décadas anteriores.
Una cosa era cierta de lo que el candidato
Kast dijo en campaña, se intenta llevar a cabo un cambio radical en Chile. Como
una especia de dejavú del proceso constitucional donde fue mayoría el partido
del presidente, se intenta instalar un proyecto ideológico totalmente ajeno a
la vida social, económica y política de nuestra democracia.
El predominio de los intereses de los
sectores más favorecidos en la agenda gubernamental es innegable. En medio de
un clima de gran inestabilidad externa producto de la guerra en Irán, desde el
núcleo de decisiones del ejecutivo, se llevó a cabo una reforma que le rebaja
el impuesto de primera categoría a las empresas y personas de más altos ingresos.
Y se persiste en un discurso que instala un clima de inestabilidad. Difícil no
recordar al tristemente célebre De Polo ex embajador en Brasil, cuando ofrecía “meterle
inestabilidad a la economía”. Todos los economistas ajenos al oficialismo han
criticado las medidas adoptadas por el ejecutivo, que tienen al país en una virtual
“Estanflación”, ósea una economía con alta inflación y nulo crecimiento. Las
promesas de que todo va a estar bien en el futuro, no satisfacen a los actores
económicos, porque si hay algo a lo que los inversionistas tienen aversión es a
la incertidumbre. El riesgo es un elemento que está siempre presente en toda
actividad humana, y cuando se trata de inversiones al nivel de riesgo se puede
asignar un valor mediante cálculo de probabilidades. Eso es lo que viabiliza
inversiones al futuro. Un caso distinto es cuando, como en el escenario
económico actual, este está marcado por la incertidumbre, por variables que no se
pueden predecir, ni asignarles un valor.
Economistas del progresismo
aconsejan tomar medidas para cambiar en el corto plazo el estado actual, como
por ejemplo suspender la entrada en vigencia de la rebaja tributaria, para que
el ejecutivo cuente con recursos frescos para potenciar la alicaída inversión
pública. Pero hasta ahora, no se oye padre.
Para mala fortuna del gobierno, la
apuesta para completar los quórums de aprobación legislativa, en base al
pirquineo, parece haber llegado a su fin. Por una parte, votaciones adversas de
diputados del PDG en la cámara, por otra, el desafuero del senador Calixto, y
la salida de la comisión de constitución del senador Araya, alejan la
posibilidad de que el oficialismo pueda saltarse el dialogo con la oposición.
Profundizando más la sensación de
que el gobierno no tiene control sobre la agenda, y va cuesta abajo en la
rodada, esta semana se cometieron errores garrafales en el ministerio de
justicia. El escándalo estalló cuando se supo de que el ministro Rabat firmó,
nada menos que 56 decretos concediendo rebajas de condenas a sujetos condenados
por crímenes deleznables en contra de menores de edad. Estamos hablando de
sujetos que cumplían largas condenas de cárcel por abuso y violación de niños y
niñas. Algo repugnante de sólo mencionarlo. En este caso, ni la ley aprobada en
el gobierno anterior, obligaba a otorgarle beneficios a estos condenados, ni
tampoco existe una jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema que obligara al
ministro a firmar tales decretos. La propia presidenta del máximo tribunal del
país, se encargó de aclarar que ninguno de esos casos había sido revisado en la
Corte, y que quien firma el decreto es el ministro de justicia. Prácticamente
todos los ex ministros y ex ministras de justicia, salieron a desmentir el bulo
que se trató de instalar, de que siempre se había hecho del mismo modo, y de
que el ministro estaba obligado a actuar de tal manera.
En un hecho que claramente se trató
de disimular, sin éxito, lo que le otorga mayor gravedad aún. Se incluyó entre
los decretos que concedieron rebajas de condena, a criminales condenados por crímenes
de lesa humanidad que cumplen su pena en Punta Peuco. Se trata de dos
criminales ex miembros de la siniestra CNI, autores de secuestro, tortura y
desaparición de cinco jóvenes que combatían la dictadura, en septiembre de
1987. Para que estos valientes jóvenes sean recordados con honor y gloria, dejo
plasmados sus nombres:
• José Julián Peña Maltés, ingeniero
electrónico.
• Julio Orlando Muñoz Otárola, técnico.
• Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, tornero
mecánico.
• Alejandro Alberto Pinochet Arenas, técnico
automotriz.
• Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, mueblista.
Políticos de ultra derecha han reaccionado
indignados, porque “cómo pueden pretender que una buena persona como el
ministro de justicia tuviera la intención de liberar a estos criminales”. El
hecho es que no se califica aquí si el ministro es una buena o mala persona, sino
la consecuencia de su acción. La firma
de los mencionados decretos produjo un bien o un mal, esa es la interrogante, y
tiene una única respuesta. No se puede justificar lo injustificable, y toca
ahora a la máxima autoridad del país que se pronuncie sobre estos delicados
hechos.
Está en juego el tipo de sociedad en
la que queremos vivir, independiente del gobierno de turno, porque hay valores
que son anteriores y superiores al Estado, como la justicia, la paz, la
solidaridad, y el respeto de los derechos fundamentales, y dentro de estos el
respeto y protección de los niños y niñas, están dentro de aquellos que en
Chile tenemos más firmemente incorporados.
Al igual que muchos de quienes leen
o escuchan esta columna, creo que esta es una oportunidad para que la empatía,
la compasión, la solidaridad, vuelvan a estar en el centro de la acción
política. Es el único camino para que quienes están en la actividad política
demuestren que trabajan por el bien común, por el interés general de la nación y
no por mezquinos intereses de grupo.
Ernesto Sepúlveda Tornero
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