Amigos y
amigas.
La semana
pasada se dio inicio a una movilización social histórica en Chile. Histórica
porque constituyen las manifestaciones más masivas desde el triunfo del NO, en
octubre de 1988. Así se ha consignado en todos los medios. Que la marcha
efectuada el viernes 25 de octubre, fue la más grande de todas las realizadas
anteriormente. Ha destacado lo pacifico, festivo y alegre de estas marchas. En
el caso de Magallanes, con la concurrencia de familias completas.
Un gobierno
atrapado en la trampa de sus propias palabras, paralizado, sin signos de
reacción. Dio paso, después de la mega marcha, a un presidente tratando de
retomar el control. Haciendo distintos gestos hacia la ciudadanía movilizada:
Disculpas por errores pasados; reconocimiento de la legitimidad de las
protestas; petición de renuncia a gabinete; disposición a modificar la
denominada “agenda social”, que había presentado días antes a algunos partidos
políticos.
La
legitimidad, el fundamento, y el clamor mayoritario en las calles, es contra la
desigualdad, contra el abuso, contra los sueldos y pensiones miserables, contra
la postergación. Pero no es excluyente, el catálogo de reivindicaciones
sociales, es muy extenso. Incluye el reclamo por el cambio de la constitución;
reducción de privilegios a los más ricos; el agua como un derecho; No más AFP;
seguro universal de salud; educación pública; transporte público. Y un largo
etcétera.
Sin lugar a
dudas, lo que ha resonado con más fuerza, ha sido el reclamo por una nueva
constitución para Chile. Un tema que se abordó en el segundo gobierno de la
presidenta Bachelet. Se efectuaron encuentros locales en todo el país, con
participación directa de más de 200 mil personas. Se sistematizó las propuestas
de la gente, y se confeccionó un proyecto de ley que reformaría la constitución
para la realización de un plebiscito. En esa instancia se resolvería por el
voto popular, si sería el congreso nacional, una comisión de expertos o una
asamblea constituyente, la que sancionaría la nueva constitución.
Eso ocurrió el
2017, hace escasos dos años. El proceso fue torpedeado sistemáticamente por los
políticos conservadores de derecha y centro izquierda. Se decía que poco menos,
se iba a alterar la estabilidad democrática. El gran empresariado, y las
cadenas de medios de comunicación afines, repetían con insistencia, que esos no
eran los problemas que importaban a la gente, que era algo que le interesaba
solo a los políticos.
Con la
llegada de la actual administración, el proceso se paralizó. Se desechó la idea
de continuar con la tramitación legislativa de proyecto de gobierno anterior.
Que el
reclamo por una nueva constitución, este presente ahora, en todas las
movilizaciones sociales, es prueba fehaciente, de que no son ni los partidos
políticos, ni mucho menos el gobierno, quien lo impulsa. Claramente no es del
gusto de los políticos tradicionales. Reconocer que es el pueblo el origen y
destino, de toda la organización política, implica para muchos de los que han
detentado granjerías y privilegios, la aceptación implícita, a que
sea el pueblo como poder constituyente originario, el que determine una nueva
forma de organización.
Los
políticos de uno y otro lado, no vieron venir esta marea. Ya no sirven los
alegatos a la estabilidad política, a la paz social, al ambiente de necesario
para los negocios, la amenaza de quiebre de empresas y pérdida de empleos. Lo
que millones de personas han dicho, y siguen aún hoy día diciendo, con fuerza y
claridad, es que la paz social que teníamos, era una burbuja. Que se apretó
demasiado la tuerca para mantener el sistema productivo funcionando, a bajo
costo, y el hilo del perno se cortó, y la tuera ya no aprieta y gira en banda.
Somos un
pueblo pacífico, gustamos de vivir en paz, junto a nuestras familias. Casi el
90% de quienes vivimos en Chile, decimos que la familia es lo más importante.
Que nos preocupa el brindarles protección, el darles bienestar. De ahí que lo
que más nos preocupa es el empleo, la salud, la delincuencia, la educación.
Grandes
compañías dedicadas a la comunicación estratégica y al marketing electoral,
diseñaron la campaña presidencial que triunfó el 2017. Se explotó hasta la
saciedad los temores. La pérdida del empleo, el quiebre de empresas, el aumento
de la delincuencia, la inseguridad. Se difundió información falsa, para
vincular a la alianza de centro izquierda con el Chavismo, y con la dictadura
venezolana. Se prometió un paraíso de crecimiento económico, mejores ingresos,
mayor seguridad, y un sinnúmero de otras ofertas de campaña, cubriendo todo el
espectro de necesidades de la ciudadanía.
El candidato
que utilizó esa estrategia electoral, venció holgadamente las elecciones
presidenciales. Ganó y por un amplio margen, en todas las regiones del país,
menos en Aysén y Magallanes.
Si volvemos
a revisar las peticiones, demandas o reivindicaciones, del movimiento social,
que se ha desplegado en todo el país, apreciamos con facilidad que cubren todas
las áreas, donde el actual presidente hizo propuestas, que no se cumplieron. En
muchos casos, ni siquiera han formado parte de los proyectos de ley presentados
al congreso.
Si las cosas
hubiesen seguido como siempre, como han sido desde el retorno a la democracia.
La molestia habría sido el combustible para echar a andar de nuevo a la vieja
oposición política. Y de ahí a armarse de paciencia hasta el fin de este
gobierno en dos años más. Pero algo cambió. Las personas que se volcaron a las
calles en todo el país, protestan en contra del gobierno, pero también en
contra todo el sistema político y económico. No persiguen apoyar a un candidato
en específico, sino que apuntan a cambios más profundos que una simple
elección.
Por lo
anterior, es que los sucesivos anuncios presidenciales, no han logrado sofocar
la movilización social. Tampoco lo ha hecho, la represión sistemática de
protestas pacíficas, golpizas, balaceras, con resultado de muertos y heridos
graves.
Las personas
que he visto en las marchas por todo el país, son en su mayoría menores
de 30 años. Son una generación que nació en libertad, nació en democracia. No
tiene los temores ni los recuerdos macabros, de la generación que tuvo que
enfrentar la dictadura. Por lo mismo son personas que nadie va a poder someter
por la fuerza, ni con la represión. Esto aún no lo comprenden las autoridades.
Somos un
país de paz. Es nuestro orgullo y nuestro privilegio. Para que esta paz, que
tanto nos costó conquistar, vaya acompañada de grados crecientes de igualdad,
se va a requerir esfuerzos consistentes y concretos, para un dialogo amplio de
toda la ciudadanía. Es una tarea de valorización de la vida cívica, se trata de
reconstituir los lazos que nos unen en sociedad. Es algo que va más allá del
cambio de gobierno.
Debemos
entender, que el sistema donde las decisiones las tomaban unos pocos
incumbentes, ya no existe más. Que la legitimidad de nuestra democracia se
juega en la participación masiva, también en los procesos eleccionarios.
Ejercer nuestros derechos políticos, lleva consigo cumplir con nuestros deberes
cívicos también.
El voto
obligatorio, la presentación por el ejecutivo de proyecto de plebiscito para
una asamblea constituyente, retirar proyecto de reforma tributaria, separar
incremento del pilar solidario del proyecto de pensiones, patrocinar el
proyecto de las 40 horas. Son sólo algunos mínimos imprescindibles. No es lo
suficiente, es lo mínimo.
La sanción
ejemplar a quienes han violado los DDHH durante el estado de emergencia, es tan
importante como condenar la violencia, que un puñado de delincuentes trató de
instalar sin éxito en la protesta social.
Desconozco
si la protesta social, se va a detener sólo tomando estas decisiones.
El inicio de
encuentros ciudadanos, de cabildos, son fundamentales para dar cauce al torrente
de peticiones, y demandas sociales. La sociedad civil los puede realizar de
inmediato, más allá de los mecanismos institucionales que se establezcan, para
discutir una nueva constitución.
Amigos y
amigas, de octubre de 1988, a octubre de 2019, hemos avanzado bastante como
país. Pero como sociedad, unos han ido más rápido y más lejos que otros que se
han quedado retrasados, o se han detenido. Es una deuda grande de la que
tenemos que hacernos cargo.
Soy Ernesto
Sepúlveda, y espero que nos dejen vivir en paz, que podamos decidir nuestro
propio destino, sin armas apuntando, con nuestras legítimas diferencias, pero
unidos en el sueño de un mundo mejor.
Punta
Arenas, lunes 28 de octubre 2019.-
