NO HAY PROGRESO SOCIAL SIN PAZ

Después de las masivas movilizaciones sociales de 2019, el mundo político, se vio forzado, a generar acuerdos que encauzaran pacíficamente, el descontento y la explosión de expectativas populares. En estos más de dos años transcurridos, tuvimos que enfrentar el flagelo de la pandemia Covid 19, con su secuela de dolor y muerte. También tuvimos que enfrentar graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Piñera. En este mismo período, fuimos capaces de aprobar en plebiscito, una nueva constitución, y que esta la escribiera una Convención constituyente. Elegimos a los convencionales, y se ha desarrollado la labor constituyente, que concluirá el 4 de septiembre con un nuevo plebiscito, para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. También en este mismo período, se eligió como presidente, al representante de una coalición de izquierda y centro izquierda, que propuso un programa profundo de transformaciones sociales. Si bien, el encauzamiento institucional, del descontento social, hasta ahora ha sido exitoso. Ya que existe un convencimiento mayoritario en la necesidad de una nueva constitución, ratificado por el 80% del apruebo en el plebiscito. No todo es miel sobre hojuelas. Teniendo por delante un enorme y ancho camino de esperanza y progreso, aún hoy en día, existen grupos minoritarios, que se aferran a la violencia callejera, a la acción delictiva, como medio de expresión. Probablemente, aun hoy en día, se alzarán voces para justificar a quienes salen a destruir el mobiliario público, o destruyen establecimientos educacionales. Algunos, siguen creyendo que detrás de las acciones que ponen en riesgo la vida e integridad física, existe una causa social. Es un profundo error. Bajarles el perfil a las agresiones, sólo nos expone a otras. Y esta violencia está en los liceos y escuelas, aún subsiste en Santiago y las grandes ciudades. Ni siquiera se relaciona sólo con la política. Se busca como excusa cualquier cosa. Esta semana, inició con insultos y amenazas de muerte, a Cecilia Pérez, ex ministra del deporte de Piñera. Fueron escritas sobre los muros de la sede de la U. de Chile. Supuestamente, serían hinchas descontentos, por la llegada de la ex ministra al directorio de ese equipo. La misma semana, trajo una agresión sufrida, ni más ni menos, por el equipo del presidente Boric. En su visita a la Región de Coquimbo, un individuo lanzó una piedra hacia el presidente, impactando en su jefe de gabinete que estaba a su lado, rebotando en la espalda del presidente. El autor fue detenido, y dejado en libertad por el tribunal de garantía. Aparentemente, esa decisión se adoptó por la ausencia de querella del ministerio interior. Y he aquí, amigos y amigas, donde a mi juicio, el presidente enmienda una decisión inicial, y anuncia que el ministerio del interior, estudiaría las acciones a seguir. El presidente se hace cargo, de una verdad más grande que una catedral. En la calidad que inviste, representa una institución de la república, por tanto, no es una decisión que pueda tomarse sólo por deseo personal. Puede parecer de Perogrullo, pero este criterio, de Estado, debiera orientar en lo sucesivo, la actuación del gobierno, en materia de orden y seguridad pública. Es una materia peliaguda. Parte de la izquierda chilena, tiene una especia de prurito o complejo sobre esto. En esa lectura, se entiende la ausencia de denuncia o querella, ante el atentado sufrido por la ministra del interior, en Temucuicui. Fue en la primera semana del gobierno, y pese a la evidencia de la brutal amenaza, y al riesgo evidente de las autoridades de interior, no se efectuó denuncia alguna. Así también, se entiende los titubeos, incluso, para referirse a los grupos armados que operan en la Araucanía y en la provincia de Arauco. No es un tema menor, o el cual se pueda ocultar, u obviar. La violencia, tanto respecto a las personas, como a las instituciones, no son compatibles con el estado de derecho. Sin orden y seguridad pública, resulta estéril, el notable avance en derechos sociales, que se está logrando en la convención constituyente. No existe posibilidad alguna de concretar las aspiraciones de progreso social, que motivaron las multitudinarias movilizaciones pacíficas, si permitimos la violencia, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en los estadios, en las calles. Tengo el convencimiento, que el presidente Boric ha hecho una lectura apropiada de esta realidad. Es el primer responsable de la conducción del país, y debe tener una mirada amplia. Imagino su preocupación, viendo al equipo de la franja. La U. Católica del cual es hincha, nuevamente arrojó proyectiles a la cancha y a la banca de suplentes de Colo-Colo. Lanzaron bombas de ruido, hamburguesas, y al final, una silla plástica. En las entrevistas posteriores, ni los jugadores, ni los técnicos ni los dirigentes, se refirieron a este asunto. Así estamos en Chile amigos, nadie escapa a este engendro de la violencia. Y no se puede “tomar palco”, como dijo una conocida senadora. Se debe tomar posición, y no tener titubeo alguno. Son demasiadas las expectativas de nuestra población. La gran mayoría, tiene la esperanza de mejorar sus condiciones materiales de vida. Este mejoramiento, se va a producir paulatina y progresivamente, como ha sido los últimos 30 años. No va a ocurrir de un día para otro, mucho menos en el primer semestre del gobierno. Tampoco, la aprobación de la nueva constitución, va a significar de inmediato, el otorgamiento de los derechos sociales allí consagrados. Esta situación va a generar frustración, habrá quienes pretenderán sacar partido del descontento. Es por eso, que la conducción política del país, a cargo del presidente Boric, debe orientar, contener, dirigir, para convencer a todos y todas, que nuestro único camino viable, es el de la paz y el entendimiento. Y el rol nuestro, como ciudadanos de a pie, será respaldar, apoyar, aconsejar para que podamos avanzar hacia el progreso social. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 25 de abril de 2022.-

CHILE UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

El pasado lunes 11 de abril se aprobó en la Convención Constitucional, con una mayoría de 114 votos a favor, 26 en contra y 10 abstenciones, la propuesta de artículo 1° de la Constitución que será plebiscitada el 4 de septiembre del presente año. En esta disposición, se incluye en su inciso primero, la siguiente expresión: “Chile es un estado social y democrático de derecho”. Ha sido objeto de muchos comentarios de dirigentes políticos, acerca de que sería el fin del denominado “estado subsidiario” de la constitución política vigente. Para entender un poco más acerca de esta definición, hemos consultado el artículo publicado en la Revista de derecho y humanidades, por el doctor en derecho y académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash (NASH, 2011). En este texto, se describe la gestación del estado de derecho, desde el estado de derecho liberal, que responde a la necesidad de protección de las personas, de sus bienes y otras libertades, de poderes despóticos. Corresponden al estado liberal de derecho, la Declaración de derechos de 1689 de Inglaterra, la Declaración de derechos de 1776 de Estados Unidos, y la Declaración de Derechos del Hombre de 1789 en Francia. Este orden de cosas, fue avanzando paulatinamente, a lo largo del siglo XVIII, pero entró en crisis, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Podemos inferir, que el conjunto de declaraciones, establecían derechos, en un nivel meramente teórico, y las condiciones materiales de vida de millones de personas, eran invisibles para la estructura del Estado liberal. Aquí surge el Estado social, “para superar la ceguera del estado liberal”. El Estado social, se caracteriza por el rol activo que empezó a jugar el Estado. Ahora, no sólo para abstenerse de “interferir en las libertades y derecho de las personas”, propio del rol pasivo del Estado liberal, sino que despliega su acción para “revertir las situaciones de inequidad a las que se ven enfrentadas determinados grupos de personas”. Son propios del Estado social, “el resguardo de los derechos civiles del individuo –incluyendo derechos de participación política–, la consagración de mecanismos de distribución de riqueza a través del salario, el ejercicio de derechos colectivos y de un conjunto de prestaciones sociales orientadas al bienestar del individuo.” En tanto, el Estado Social y democrático de derecho, corresponde al período de post guerra, es de alguna manera una reacción, ante la amenaza a las libertades y derechos, del Estado social autoritario. Por ello, no es de extrañar, que la primera consagración del Estado Social y democrático de derecho, fue en Alemania, en la Ley fundamental de Bonn. Sin perjuicio de lo cual, a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI, ya se encuentra consagrado en las Constituciones políticas de Colombia, Ecuador, Paraguay, España, Turquía y Venezuela. En cuanto a la Constitución política de Chile de 1980, reformada en 2005, y que, con el proceso constituyente en marcha, se propone reemplazar. El profesor Nash señala, “Consagra los derechos fundamentales como límites al Estado antes que como obligaciones de actuación...”, “Con un énfasis en las libertades (entendidas como protección frente al Estado y suponiendo una omisión de su parte), sin que expresen un adecuado desarrollo en materia de derechos de participación y derechos sociales”. A título meramente ejemplar, la forma en que consagra la constitución actual, los derechos de salud, educación y trabajo “Son tratados principalmente como libertades (de elección) y no como derechos de prestación por parte del Estado. Estos derechos, concebidos como derechos de igualdad de facto, como lo son la salud y la educación, se establecen como mandatos de organización y actuación del Estado, y no como derechos exigibles directamente”. En la reforma efectuada en 2005, se intentó introducir el concepto de Estado Social y democrático de derecho, a la Constitución Política de Chile. Fue una propuesta del senador Enrique Silva Cimma, que fue rechazada por la derecha, y, en consecuencia, continuó rigiendo el enfoque original de este texto constitucional. Aunque estamos en una etapa incipiente, antes de conocer la redacción definitiva de la propuesta de nueva constitución política, podemos decir, sin lugar a dudas, que va quedando atrás la concepción de estado de la constitución de 1980. La consagración del Estado Social y democrático de derecho, constituye un avance civilizatorio para la sociedad chilena. El estado destinará sus esfuerzos a asegurar, progresivamente, condiciones materiales de vida, con un piso de derechos sociales mínimo. No ya, a nivel meramente declarativo. El rol pasivo del estado, consagrado en la Constitución de 1980, empieza a quedar atrás. Los méritos del rol subsidiario del Estado, fueron destacados hasta el agotamiento, por los medios afines, a los grupos controladores del sistema financiero y bursátil de Chile. Las restricciones inauditas, a la actividad del estado en el ámbito económico, empiezan a quedar atrás. Aunque es muy probable, de que, dado el avance acelerado del cambio tecnológico, no veamos un estado empresario, al modelo del siglo XX. Se puede sostener, sin temor a equivocarse, que se proveerá a través de la legislación correspondiente, de las herramientas técnicas, que permitan llevar la acción del estado hasta el último confín del territorio. Algo que esperamos con ansias, quienes vivimos en las zonas extremas. Proveer bienes y servicios de calidad a la población, no puede depender del tamaño de la clientela o del “bolsón de clientes”. Localidades escasamente pobladas, tienen igual derecho a acceder a los derechos sociales, que el que reside en Ñuñoa o Santiago centro. El artículo 1°, al que hemos hecho mención en esta columna, señala en toda su extensión “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y de integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”. Como se puede apreciar, el nuevo enfoque del Estado de Chile, involucra un rol activo en cuanto a generar las condiciones, para que todas las personas, puedan acceder a mejores condiciones de vida, lo que involucra no sólo aspectos materiales, sino también aspectos esenciales, como declarar como valor intrínseco e irrenunciable la dignidad, la libertad y la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. El nuevo texto constitucional será plebiscitado el 4 de septiembre, con voto obligatorio. Muy recomendable mantenerse informado, de los textos que ha ido aprobando el pleno de la Convención. Esos textos son los únicos oficiales. No confundirse con las propuestas que aún se discuten, o que sólo han sido aprobados en comisiones. Un llamado especial, a mantener la calma, y la confianza en el proceso que está en marcha. La inmensa mayoría de la población jamás leyó la constitución de 1980. Pero sí recuerdan los aspectos más escabrosos, como el artículo 8° y el 24 transitorio, ambos derogados en la reforma de 1989. El sistema binominal, los senadores designados y los senadores vitalicios. También ya derogadas. Es muy probable, que muy pocas personas lean el texto completo, que va al plebiscito. Sin embargo, algo que se comentará sin falta, es el fin del rol subsidiario del estado. Y esperemos, en que muchos más se interesen en el cambio fundamental, que Chile tendrá con el Estado Social y democrático de derecho. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 18 de abril de 2022.- NASH, C. (2011). ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATIVO DE DERECHO EN CHILE, TAN LEJOS, TAN CERCA. DERECHO Y HUMANIDADES N° 18, 73-84.

LA SEGURIDAD SOCIAL UNA TAREA URGENTE

Cuando ha transcurrido un mes desde el inicio del gobierno progresista, ya se ha descargado gran parte del arsenal mediático de la derecha económica, sobre las flaquezas, y errores no forzados del gabinete. Se podría decir, que este gobierno no tuvo “luna de miel”, ese período de algunas semanas, donde al inicio del gobierno, todo es “miel sobre hojuelas”, prensa favorable, buenas encuestas, y apoyo transversal. Si se quiere, se puede culpar a los propios errores ya mencionados, una especie de auto boicot, pero prefiero ser benevolente, con quien mora, en “La casa donde tanto se sufre”. Las tareas que tiene por delante el presidente Boric, son tantas, y tan desmesuradas las expectativas de la población, que sería injusto, no brindarle apoyo, para salir de estos primeros entuertos. Como decía, los desafíos son enormes, y poco el tiempo. Por esta razón, creo que el objetivo central del gobierno debiera ser, el nuevo sistema de seguridad social. Más allá de la discusión en la convención, que correrá por cuerda separada, y en los plazos que ya conocemos, con plebiscito de salida el día 04 de septiembre. Por la magnitud de la tarea, debiera concentrarse todos los esfuerzos y energías en la creación de este nuevo sistema de seguridad social. Contrarrestar la campaña comunicacional patrocinada por las propias AFP, y sus dueños, requiere una actitud activa. No basta con responder por twitter. Es una materia que se ha venido estudiando hace décadas, y existe un consenso más o menos transversal, en que la capitalización individual, no puede ser obligatoria, ni mucho menos la única alternativa para los trabajadores chilenos. El tema es escabroso, los fondos constituidos, en base a las cotizaciones que se extraen de las remuneraciones de los trabajadores, han acumulado ya unos 200 mil millones de dólares. Una cifra que representa varias veces el presupuesto fiscal. Como es sabido, esos recursos constituyen la base del sistema de capitales chileno, ya que las AFP, operan como administradoras de inversiones, y “colocan” estos recursos, en las empresas que cotizan en bolsa. La base de la bolsa de valores chilena, son estos capitales de los trabajadores chilenos. Es un sistema que ha funcionado con cambios menores desde su creación en 1980, y se impuso por la fuerza, durante la dictadura fascista de Pinochet y los grupos económicos, que le daban el sustento civil. En Estados Unidos, cuna de Milton Friedman, y donde se formaron los “Chicago Boys”, la derecha nunca ha logrado eliminar el sistema de seguridad social, con sistema de reparto, que existe hace 70 años. Se entiende, entonces, la razón por la que el sistema se impuso en Chile, sólo a los trabajadores civiles, persistiendo hasta el día de hoy, un sistema de seguridad social de reparto en las FFAA. Quienes detentaban el poder de las armas, se reservaron para sí, un verdadero sistema de seguridad social, y no aplicaron en sus filas, la capitalización individual, que predicaban, daría pensiones equivalentes al 100% de las remuneraciones. La seguridad social en Estados Unidos, es desconocida para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras chilenos. Ni las AFP, ni las grandes empresas, ni los activistas económicos de derecha, informan de su funcionamiento. Es curioso. Tan curioso, como que la presidenta de la asociación de AFP, es hoy una profesional, que trabajó toda su vida en los Estados Unidos, y vaya paradoja, esta pensionada por la seguridad social de ese país, con un sistema de reparto. Esta es una materia en disputa, en los Estados Unidos también intentaron durante el gobierno de Bush, eliminar la seguridad social, y pasar a u sistema de cuentas individuales. A continuación, citaré a Paul Krugman, premio nobel de economía del año 2008. En su libro “Contra los zombis”, reproduce una serie de columnas, publicadas en “The New York Times”. El título del libro alude, a esas ideas que se vuelven a plantear una y otra vez, aunque existe abundante evidencia, para probar que son falsas. Se niegan a morir, como los zombis. “…la mayoría de los jubilados dependen de la Seguridad Social para obtener la mayor parte de sus ingresos y, para una tercera parte aproximadamente, es prácticamente su única fuente de ingresos…”. “Dos cosas, principalmente, salvaron a la Seguridad Social de la privatización: la inmensa oposición de la opinión pública cuando comprendió lo que estaba ocurriendo y la postura firme de los dirigentes demócratas, en especial de Nancy Pelosi, en contra de las estupideces de la élite. (Al preguntarle a Pelosi cuándo iba a presentar su propio plan para la Seguridad Social, respondió: «Nunca. ¿Le sirve nunca?».) “. “El informe anual del Consejo de Administración de la Seguridad Social, revela un sistema que goza de bastante buena salud financiera. De hecho, bastaría con pequeñas inyecciones de fondos para mantener el nivel actual de beneficios durante al menos los próximos setenta y cinco años.” El mayor riesgo al que se enfrenta ahora la Seguridad Social es político. ¿Utilizarán quienes odian el sistema tácticas para asustar y cálculos confusos para derribarlo? Después de que Alan Greenspan pidiera recortes de las prestaciones de la Seguridad Social, miembros republicanos del Congreso declararon que la respuesta era crear cuentas de jubilación privadas. Es asombroso que sigan pregonando este elixir milagroso; y más increíble aún que los periodistas continúen dejando que se salgan con la suya.”. “El problema de la Seguridad Social es en sí un asunto demográfico: a medida que la población envejezca, la cifra de jubilados aumentará con más rapidez que la de trabajadores. Como consecuencia, los gastos en prestaciones aumentarán en aproximadamente un 2 % del PIB a lo largo de los próximos treinta años y lentamente a partir de entonces.”.” ¿Debemos considerar emprender reformas modestas que reduzcan los gastos o amplíen la base de ingresos de la Seguridad Social? Sin duda. Pero cuidado con quienes afirman que debemos destruir el sistema para salvarlo”. Como podemos apreciar, el sistema de seguridad social en los Estados Unidos existe hace más de 80 años, y pese a los intentos de la derecha por transformarlo en un sistema de cuentas individuales, esto no ha sido aceptado por el rechazo de la población. Y por la fuerte oposición del partido Demócrata. La creación de un verdadero sistema de seguridad social en Chile, es un problema político, las razones económicas entregadas por los administradores de inversiones, no tienen asidero en la realidad. Son “idea zombi” que se repiten, aunque carezcan de evidencia para fundarlas. En los Estados Unidos la seguridad social se financia con un impuesto sobre las nóminas, nada muy diferente de lo que se puede hacer en Chile, con la contribución tripartita que ya está consensuada. La existencia de una agencia fiscal que administre los recursos, se ha probado eficaz tanto en el ejemplo del país del norte, como en la propia administración que se hace en Chile, con las pensiones de los uniformados. Si el gobierno del presidente Boric, quiere resolver los problemas que aquejan a Chile, debe partir por esta tarea, la más difícil, la que mayor resistencia encuentra en los grandes grupos económicos, del sector financiero y bursátil chileno. Para esto sí que encontrará un apoyo masivo y decidido en los trabajadores y trabajadoras chilenos. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 11 de abril de 2022.-

DEFINICIONES PRESIDENCIALES

Este domingo, se inició la primera visita de estado del presidente Gabriel Boric. El destino escogido, fue la hermana república Argentina, con quien Chile mantiene estrechos lazos comerciales, sociales, y recientemente, políticos, dada la cercanía entre los dos presidentes. En la antesala, días atrás, medios argentinos de oposición, replicaron las críticas formuladas en Chile, a la designación de la embajadora Bárbara Figueroa. Y más recientemente, hace unos días, sectores políticos de gobierno y oposición trasandinos, reaccionaron con molestia, a declaraciones de la ministra del interior Izkia Siches. En su mención de la palabra “Wallmapu”, refiriéndose a la región de la Araucanía y provincia de Arauco. En preparación de su arribo, el presidente Boric, brindó una entrevista al conocido medio argentino “El clarín”, donde fue consultado, por todos los aspectos de su proyecto de gobierno, y también retazos de su historia personal. Cabe señalar, que la figura del presidente chileno, es seguida con simpatía y atención, en esferas políticas del continente, pero también por los ciudadanos de a pie dada su juventud, y trayectoria como dirigente social. Es de alto interés para el lector común y silvestre, para el ciudadano de a pie en Chile, conocer algunas definiciones presidenciales, expuestas en la entrevista del Clarín. Y no se crea, que dijo cosas nuevas, que sorprendan o llamen al escándalo. Se trata de reiteraciones, de planteamientos conocidos de don Gabriel Boric, de su período de campaña, que ahora se explican con mayor detención: -El tema mapuche. Dice el presidente que, por su complejidad, no se puede reducir sólo a un asunto de seguridad u orden público, porque es un conflicto de carácter histórico y político. Que la relación del estado de Chile con el pueblo Mapuche, viene marcado desde 1860, con la mal llamada “pacificación”, que no fue tal, y que significó el despojo territorial, que hasta esta fecha no se resuelve. Sobre el mismo, el presidente reitera su deseo de recuperar las confianzas, para el establecimiento de instancias de dialogo, entre el estado de Chile y el pueblo mapuche. Aboga por resolver las diferencias a través de medios pacíficos, en el marco del estado de derecho. “Nosotros no vamos a cejar en el camino del diálogo y quienes crean de cualquier sector que la violencia es el camino para solucionar algo yo les digo que están totalmente equivocados”. Asimismo, el presidente vincula el esfuerzo del gobierno, con el trabajo de la convención constituyente, como intentos del estado de generar confianzas. Se requiere salir del discurso meramente de orden público, y entrar en la “discusión sobre tierras y autodeterminación, que no es lo mismo, y en esto quiero ser muy claro, que ni independencia ni secesión”. Esta aclaración, es de la mayor importancia. Es el marco en el que se desarrollarán las relaciones del estado de Chile con el pueblo mapuche. Más allá de lo que resuelva la convención constituyente, se ha trazado aquí la base de principios sobre el tema mapuche. Voluntad de diálogo, de solución pacífica de diferencias, y establecimiento de relaciones de respeto entre el estado de Chile y el pueblo Mapuche. Asimismo, una clara definición del marco de la acción política del gobierno de Chile. Voluntad de avanzar en los planteamientos sobre recuperación de tierras, pero con claridad, en relación a que no habrá secesión, ni independencia de ningún sector de territorio nacional. Y una separación total y absoluta, entre la política de dialogo con el pueblo mapuche, que impulsa el gobierno, y la persecución criminal de graves hechos delictivos, que corresponde a condiciones básicas del estado de derecho. -Sobre el tema de los derechos humanos. En su entrevista a diario EL Clarín, reitera lo que ha sido su posición invariable, como candidato, y antes como dirigente estudiantil. Respeto a los DDHH como un tema de principios, en todas partes: “Deben respetarse, hacerse valer y promoverse sin importar el color del gobierno que los vulneren. Y eso corre, partiendo por casa, Chile, como para Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ucrania, Rusia, Yemen, Israel, etcétera”. Aunque, como hemos dicho, esta definición, no es novedad en la política chilena, ya que es de público conocimiento, y es lo que distinguió a Gabriel Boric, de otros políticos de izquierda. En Argentina, sí constituye una diferencia, por la cercanía tradicional que ha tenido el peronismo K, con la Venezuela chavista. - En materia económica. En una definición, que constituye un rayado de cancha, esencial para la estabilidad económica de Chile, el presidente manifiesta un compromiso decidido con la responsabilidad fiscal. Y dice, que “Debe ser una política de estado porque además es lo que garantiza que uno pueda llevar adelante los procesos de reforma.” “Es lo que las hace posibles, sustentables y sostenibles en el tiempo”. - En materia de pensiones. El presidente reafirma el propósito de que su gobierno, logre cambiar el sistema actual administrado por las AFP. En sus palabras: “Nosotros vamos a construir un sistema de seguridad social, en donde, y en esto también quiero ser muy claro, vamos a respetar los ahorros de las y los trabajadores”, y “Los ciudadanos son dueños del derecho a tener una pensión digna y de seguridad social”. Esto despeja con claridad, el bulo instalado por políticos y medios de derecha, ya que no existe ni existirá expropiación de fondos de los trabajadores. El presidente Boric, ha mantenido silencio mediático, entregando a su gabinete la tarea de comunicar las políticas de gobierno. Esta es una señal de confianza en su equipo ministerial, a la vez, que es un gesto que devuelve al cargo presidencial, su rol de estado. En este contexto, las definiciones presidenciales, entregadas a la prensa argentina, se aprecian por su claridad y pertinencia. Despejan dudas y acallan a críticos agoreros. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 04 de abril de 2022.-