UN ESTADO EMPRENDEDOR

Amigos y amigas, esta semana estuvo nuevamente marcada por los temas económicos. El FMI alertó que la economía en Chile sólo crecería 2,1% este año, cifra que contrasta con el 11,7% del año 2021. Cifra engañosa, ya que fue alcanzada gracias a una explosión de gasto público, nunca antes visto en Chile. Recordemos que, a los retiros multimillonarios de los fondos de pensiones, se sumó, los IFE otorgados de manera universal por el gobierno de Piñera, en la misma época. La combinación de ambas inyecciones de circulante, y la escalada de consumo privado, gatilló la inflación que hoy estamos sufriendo. No obstante, el precario crecimiento proyectado, el FMI, alabó la gestión de las autoridades de gobierno de Chile, por el bajo índice de deuda pública, por el nivel de reservas internacionales y por la liquidez de las líneas de divisas. Asimismo, el Fondo, destacó las medidas adoptadas por el Banco Central, para contener la inflación. Lamentablemente fue poco destacado en los medios nacionales, pero el FMI, encontró “notable”, el desempeño fiscal de nuestras autoridades durante 2022. Donde se relevó en especial, los esfuerzos para reasignar recursos en apoyo de sectores más vulnerables, para mitigar las alzas de precios, subsidio al empleo y transferencias a hogares. El escenario de bajo crecimiento económico, pone en alerta al gobierno del presidente Boric. El avance de su agenda legislativa, estará condicionada por la falta de mayorías parlamentarias, proclives a la agenda progresista. La búsqueda de acuerdos lo suficientemente amplios, para avanzar con los proyectos emblemáticos del gobierno, reforma tributaria y reforma de pensiones, chocan con los pruritos ideológicos existentes en ambos lados de la vereda. Es imperioso para romper el virtual estancamiento económico, el allegar ideas nuevas, el generar discusión en torno a la economía, al problema económico, y sus posibles soluciones. En ese sentido, se entiende y felicita, la invitación de universidades locales, a economistas como Joseph Stiglitz y Mariana Mazzucato, que han realizado conferencias, y dado entrevistas por estos días. En particular, y porque vengo comentando hace varios años sobre su trabajo, destaco en particular la conferencia que realizó Mariana Mazzucato en la escuela de negocios de la Universidad de Chile. El decano de la facultad, José “Pepo” De Gregorio, que no es ningún frente-amplista, valoró los planteamientos de la economista, precisamente por lo necesitados que estamos en Chile de incorporar nuevas ideas al debate. Lo que Mazzucato plantea que el estado debe estar orientado “a la misión”, es decir, que el estado no debe sólo atender a los intereses de los grupos o sectores que llegan con sus demandas, sino que se debe generar valor para toda la sociedad. Señala como ejemplo, que, en la pandemia global, la misión no era comprar vacunas, sino vacunar a todo el mundo. Que fue básicamente la misión que adoptó la OMS en su programa “Salud para todos”. El problema de la baja productividad y de la vulnerabilidad social en Latinoamérica, no es sólo una falla de la gestión pública, sino también de la privada. El bien público es un objetivo, que requiere para lograrlo una gobernanza de la inteligencia colectiva. Para esto, no se requiere que el estado sea grande, sino que un estado estratégico, que se anticipe y haga inversiones, para crear o desarrollar mercados, antes que el sector privado esté interesado. Mariana Mazzucato da como ejemplo, de este estado emprendedor, que se anticipa, el desarrollo del algoritmo de google, el desarrollo de Apple, la creación de la internet, y del GPS. Todas estas iniciativas contaron con un fuerte subsidio estatal, lo que permitió el desarrollo posterior de una industria, de productos y de servicios privados de alcances globales. El “estado emprendedor “, que plantea Mazzucato, está muy distante de esa caricatura, del estado controlador y rígido, propio de los regímenes totalitarios en la guerra fría. No se trata de llenar de chimeneas de Arica a Magallanes, produciendo lo que podemos comprar más barato y de mejor calidad, en el mercado global. Tampoco se trata del estado subsidiario, que se limitaba a hacer aquello que los privados abandonaban por no ser buen negocio. Se trata de generar una nueva alianza público privada, que permita co-crear valor público, donde la innovación y la creatividad, la agilidad, propias del sector privado, se traspasen al sector público. Es, por ejemplo, la experiencia, del Laboratorio de gobierno, una agencia del Estado que tiene por misión “Co-crear soluciones a problemas públicos prioritarios e instalar capacidades para innovar en las instituciones públicas, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y su relación con la ciudadanía, desde una mirada sistémica con foco en los usuarios”. Las grandes oportunidades que hoy vislumbramos como país, en el desarrollo de la industria del Litio o del Hidrógeno verde, debemos enfocarlas desde un enfoque de misión, que conecte el esfuerzo público y privado, para ir más allá de la mera extracción de recursos, como lo hicimos en otras etapas de nuestra historia. La innovación público-privada nos permitirá agregar valor, escalando en la complejidad de nuestra industria, facilitando que el crecimiento se dirija en el sentido esperado socialmente. Un nuevo tipo de asociatividad público-privada, requiere de un estado flexible, que permita diseñar políticas públicas con enfoque local, o centradas en objetivos determinados, que sirvan de base a futuros desarrollos. Según la también economista Jeanette Von Woldersdorff, el aporte que hace Mariana Mazzucato, en su libro “El estado emprendedor”, es muy útil para Chile, en nuestra etapa de desarrollo, dado nuestro bajo crecimiento económico proyectado, necesitamos de reformas que eleven nuestro crecimiento tendencial. Es una buena orientación para Chile, ya que debemos pasar de un estado que conserva el estatus quo, a uno que genere nexos entre los intereses de los actores, para un crecimiento en base a la innovación. Se destaca, que en el planteamiento de Mazzucato, es complementario el rol del estado y de los privados en el ecosistema de innovación. El rol del estado emprendedor se justifica, según Von Woldersdorff, ya que, en etapas iniciales, los privados no abordan riesgos, como hizo el estado en el impulso de innovaciones como el internet, el GPS, o al algoritmo de un buscador, además que los privados, por sí solos no son capaces de crear ecosistemas. En Chile, se ratifica la presencia del estado, en la génesis de numerosas empresas privadas. Por ejemplo, de las 100 startups más prometedoras del ranking Forbes, el 84% fueron financiadas en alguna etapa de su vida por la CORFO. Dentro de los desafíos que se vislumbran en nuestra economía, aparte de levantar las cifras de crecimiento tendencial, señala Jeanette Von Woldersdorff, que siguiendo a Mazzucato, podríamos asumir con enfoque de misión, el incentivar la formación de un ecosistema de empresas medianas. Se verifica la existencia de unas pocas grandes empresas, y una multiplicidad de micro empresas, siendo el segmento de las empresas medianas, un campo por desarrollar. Cuando el ámbito económico, vuelve a ser un territorio en disputa en el mundo, las ideas de Mariana Mazzucato, permiten aterrizar a la política pública, propuestas de desarrollo que involucran un nuevo enfoque de co-creación de valor, entre el sector público y el privado. Los recientes triunfos de gobiernos progresistas en Chile, Colombia y Brasil, brindan la posibilidad de ejecutar políticas de desarrollo responsables y coherentes, para un crecimiento sostenible, y la superación del estatus quo. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 31 de octubre 2022.-

MUEVAN LAS INDUSTRIAS

Amigas y amigos, esta semana los medios tradicionales y las redes sociales, estuvieron varios días tomadas por lo que se suponía que iba a suceder el día 18 de octubre. El primer aniversario del estallido social, durante el gobierno progresista, recibió la fecha con sensaciones encontradas. Si bien la génesis del descontento social en Chile, se puede encontrar mucho más atrás, quedará marcado el 18 de octubre de 2019, como el día en que eclosionó el movimiento social y político. La masiva protesta social en contra de los abusos y la desigualdad, forzó a la institucionalidad política, a reiniciar el proceso de discusión constituyente. Recordemos, que entre 2017 y 2018, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se efectuó un proceso de discusión ciudadana, para iniciar un proceso constituyente. La propuesta de reforma constitucional que debía plebiscitarse, fue desestimada en 2018 por el gobierno de Piñera. Al cabo de poco más de un año, desde esa errónea decisión, el gobierno de derecha, se vio forzado a retomar el camino constituyente. Mucho se ha dicho ya sobre el resultado del 4 de septiembre, y el rotundo rechazo a la propuesta de la convención, que puso puntos suspensivos al proceso. Sin embargo, es un hecho más o menos evidente, que los partidos políticos con representación parlamentaria, acordarán la forma de continuar el proceso. Esto obliga a las máximas autoridades del país, a centrarse en las tareas de gobierno, y a resolver las acuciantes necesidades de la población. Así lo ha bien entendido el presidente Boric, quien ha transmitido que las prioridades son brindar seguridad, tanto en las calles, con el combate a la delincuencia, como en el ámbito social, con la protección del empleo, y el proyecto de reforma de pensiones. En una correcta lectura de los eventos de 2019, el presidente ha sostenido que el estallido social, no fue una revolución anti capitalista, ni fue una explosión de delincuencia descontrolada. Con sus brillos y sombras, la dimensión exacta de lo que realmente aconteció, lo determinará la historia, que se escribirá en muchos años más. En buena hora, el ejecutivo ha decidido centrarse en la contingencia, y las preocupaciones de la gente, la delincuencia, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, el desempleo. En el ámbito legislativo, procurará avanzar en sus iniciativas principales, la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Esta decisión es de gran realismo y responsabilidad, es totalmente acertada para la delicada situación social y económica que enfrenta el país. Pero esta decisión presidencial, debe ir acompañada por un vigoroso despliegue de las principales carteras ministeriales. Se requiere reimpulsar el magro crecimiento económico, y para ello, se necesita no sólo un presupuesto 2023, moderadamente expansivo. Sino también máxima eficiencia en la gestión pública, en particular en los ministerios inversores como el MINVU y el MOP. Y aquí se divisa un primer escollo, las siderales alzas de precios en los materiales de construcción, el alza del dólar, y del petróleo, están produciendo una debacle en el ámbito de la construcción. Proyectos en actual ejecución, enfrentan una abrumadora diferencia entre los valores considerados en los contratos, y los valores que se dan en la realidad. Este no es sólo un problema que atañe a la actual administración, la inversión pública, atañe al estado de Chile. Los proyectos de inversión, son aquellos aprobados por rigurosos procesos de evaluación en el Ministerio de desarrollo social, y aprobados por los representantes del pueblo, en los consejos regionales del país. Son iniciativas destinadas a resolver necesidades sociales, concretas, reales, por lo que cualquier postergación, suspensión de contrato, o liquidación, afecta directamente a la población. Pero el afectado también es el estado de Chile, no sólo se pierde tiempo valioso, donde debe volver a licitarse proyectos, sino que debe adicionarse los mayores valores, asociados, a los fenómenos económicos que hoy nos afectan. No se trata de algo circunstancial, es algo que está sucediendo hoy mismo por todo Chile. Quizás el signo más ejemplificador de esta delicada situación, es la noticia del cierre de la Constructora Claro Vicuña Valenzuela, una empresa con 65 años de historia, con más de 200 contratos en actual ejecución. Son más de dos mil quinientos trabajadores y trabajadoras, más sus respectivas familias. Que se verán afectados por el cierre. Si consideramos a proveedores y otros prestadores de servicios, hablamos de un pueblo entero, que queda sin ingresos. En siete meses de gobierno, sería excesivo responsabilizar a las actuales autoridades. Pero no cabe ninguna duda, que se requiere implementar en forma urgente, el seguimiento y control de los proyectos de inversión. No es que esto no se realice, pero la gestión de la inversión pública requiere estabilidad, porque la continuidad de los proyectos de inversión, va más allá de los gobiernos de turno. Se requiere revisión de procesos, y eliminar nudos de gestión. Dentro de los más comunes, y que enumera en su carta de despedida a sus trabajadores, el gerente de la constructora Claro Vicuña, se encuentran entre otras: Excesiva burocracia, que produce atraso en los estados de pago mensuales. Retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar. No recepción y finiquito de obras terminadas, con la consiguiente retención de estados de pago finales y la retención de boletas de garantía. Sin lugar a dudas, la continuidad de las empresas que ejecutan las obras de inversión pública, es del mayor interés nacional. Sin empresas ejecutoras, es imposible satisfacer las necesidades sociales, consideradas en las iniciativas de inversión pública, y, además, se atenta en contra la eficiencia y eficacia, en la gestión de los recursos públicos. Aparte del seguimiento y control, y la eliminación de trabas a la gestión, como la excesiva burocracia, el tema más importante, es decisión exclusiva de la autoridad política. Este es, la actualización de valores en los contratos en ejecución, con un polinomio que incorpore no sólo la inflación, sino también el incremento del dólar, de los materiales de construcción y del petróleo. Como se puede apreciar, amigos y amigas, el tiempo actual, para el gobierno y para quienes trabajan en la economía real, es de acción, de tomar decisiones ejecutivas, que produzcan efectos concretos en la ejecución de la inversión pública. Esa destinada a satisfacer las necesidades sociales, de personas como tú o como yo, que vivimos el día a día en las calles de nuestras ciudades. Si no se toman estas decisiones, se van a multiplicar los casos de empresas ejecutoras, que deberán cerrar, entregar sus contratos y despedir miles de trabajadores. De la correcta resolución de este problema, dependerá el nivel de ejecución de la inversión pública, y el término de obras, durante la actual administración. En caso contrario, se multiplicarán los proyectos que deberán volver a licitarse, con el consiguiente incremento del costo de inversión, y de los tiempos de ejecución. El éxito del gobierno progresista, está más en resolver los problemas concretos de las personas comunes y silvestres, que en tratar de encauzar el proceso constituyente. El éxito del gobierno progresista, en las casas y en las poblaciones, depende de proteger el empleo, y los sectores productivos. No hay agenda más progresista, que velar por los trabajadores y trabajadoras, no hay agenda más progresista, que mover las industrias. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 24 de octubre de 2022.-

EL PUEBLO QUIERE UN RESPIRO

Amigos y amigas, esta semana estuvo marcada por trágicos y lamentables hechos delictivos, que impactaron en lo más profundo a la opinión pública nacional. El más publicitado, y con mayor repercusión, fue el ataque sufrido por un carabinero en Santiago. Se trata del Sargento segundo Carlos Retamal Jaque, quien había acudido a atender un caso de carreras clandestinas en San Antonio, y fue golpeado en su rostro con una gata hidráulica. El presunto autor de la agresión, se entregó días después, gracias a la presión ejercida en medios de comunicación y redes sociales, pidiendo a los asistentes su identificación. Se trata de un hombre de 24 años, conocido en redes sociales por su adhesión a grupos de ultra derecha. Como pocas veces antes, se produjo un inmediato y transversal rechazo a este hecho criminal, y fue ocasión para que el gobierno reafirmara su compromiso de lucha sin cuartel a la delincuencia. En palabras del propio presidente, “Seremos unos perros en el combate a la delincuencia”. Desde ya, el aumento sustantivo de presupuesto a las instituciones de orden y seguridad, es un anticipo del compromiso asumido, para todo el mandato. Como hemos advertido en columnas anteriores, vivimos momentos de crispación, el clima político en Chile está más polarizado que antes del plebiscito del 4 de septiembre. Esta polarización se manifiesta de formas brutales. Lo vimos, cuando en medio de las muestras de dolor y de solidaridad con la familia y la institución de Orden y seguridad, políticos de ultra derecha difundieron un video trucado, con las declaraciones de la vocera de gobierno Camila Vallejo. En un hecho incalificable de mentira y manipulación, un acto artero, se extrajeron 10 segundos del video, donde la ministra hacía un llamado a los asistentes a la carrera clandestina. Señalando que se sabía que no habían tenido la intención de participar en un hecho como el que se produjo. Con el video editado, se daba a entender que la ministra estaba exculpando a priori a los responsables, de la trágica muerte del Sargento Retamal. Este video, fue profusamente difundido por dirigentes políticos de derecha, incluido el ex candidato presidencial José Kast. Fue transmitido en canales de TV abierta, y comentado en programas de opinión. Lo que es más grave, es que una vez detectada la manipulación, la noticia falsa, siguió repitiéndose y comentándose. Así estamos en Chile, amigos y amigas, todo sirve para tratar de sacar provecho. En este caso, todo sirve para pegarle al gobierno. Descubiertos en la mentira, lejos de echar pie atrás y disculparse, la ultra derecha, se lanzó a una nueva campaña. Cómo siguiendo el manual de Goebbels, para tapar una mentira, inventar otra. Y se encuentran hoy haciendo arqueología en twitter y otras redes sociales, para demostrar que los miembros del gobierno, han avalado la violencia en contra de carabineros de Chile. Lamentablemente para nuestro futuro inmediato, la moderación, la prudencia, siguen ausentes. La altura de miras, también ausente poner el interés del país, por sobre todo. Ni siquiera las conversaciones para dar curso a un nuevo proceso constituyente, han estado exentas de este clima. Esta semana pudimos ver una escena patética, en el congreso nacional, en reunión de la “mesa paralela” a la mesa dirigida por los presidentes del senado y la cámara. Se produjo una reyerta a gritos, entre el diputado Gaspar Rivas y los demás integrantes, quienes, en sus palabras, serían defensores de la dictadura de Pinochet, y como tales, contrarios a modificar la constitución del dictador. Empujones para allá y para acá, terminaron expulsando a Rivas, a gritos de la sala. Quienes deben poner cordura en este sector, no lo hacen. Los partidos de derecha continúan en su estrategia dilatoria, pese a grandes avances en la definición de los ya famosos “bordes”, se niegan a suscribir el acuerdo en el mes de octubre. Se señala que no se quiere dar a entender un apoyo al “octubrismo”. Un argumento que suena más a una nueva excusa para seguir dilatando. Lo claro es, que un eventual proceso constituyente, requiere de una reforma constitucional, que deberá aprobarse por los 4/7 de la cámara y el senado. Proyecto que debe ser confeccionado y presentado por el gobierno. En este punto, podemos decir que la derecha sigue jugando a cuenta del 62% del plebiscito. Juega a cuenta de un capital que no le pertenece a ningún sector político. En esto, el gobierno es el más interesado, en que el acuerdo cuaje, y se pueda dar curso a un nuevo proceso. Los ecos de las protestas callejeras de 2019, siguen presentes. El impacto de la violencia desatada por grupos marginales, pero que produjeron enorme daño, aun se puede ver en distintas ciudades del país, y en la capital. Y lo que es más grave, que no se puede ni debe olvidar jamás, las cicatrices de la represión desmedida, las víctimas de violaciones de derechos humanos, por agentes del estado. Todo esto, es una advertencia para el mundo político, sobre todo para aquellos que se han rápidamente acomodado a una supuesta, nueva posición de poder. Nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, y la posibilidad de un nuevo estallido, que, aunque sea menos masivo, pueda ser más violento y destructivo, es una posibilidad real. Algo similar ha advertido, en entrevista de esta semana, el gran dirigente político socialista, y uno de sus grandes intelectuales, Luis Maira. Este afirma algo que pocos en la izquierda nos hemos atrevido a sostener en público. La izquierda, el progresismo, sufrió una derrota estratégica el 4 de septiembre, y para rehacerse de esta caída, es esencial asumir que parte de la plataforma programática, no es viable en este escenario. En particular, señala Maira, que el actual gobierno, debe incorporar cambios en la forma, asumiendo que inicialmente, se habría pecado de una suerte de arrogancia. Se debe ajustar el discurso a la nueva realidad del país, para convocar a los sectores moderados, a los sectores que tradicionalmente estuvieron con el progresismo, pero que se sintieron intimidados, o derechamente asustados por la propuesta constituyente. La suerte del gobierno dependerá de la capacidad que este tenga, para allegar apoyos a sus proyectos legislativos, que conciten mayor adhesión popular. Luis Maira, que mantiene una buena amistad con el presidente Boric, señala, que éste es muy buen conversador, y que siempre pregunta y toma nota, acerca de episodios de la historia política de Chile. Encuentra que el presidente, está consciente de los cambios que debe introducir en esta nueva etapa. Cuando nos acercamos a un nuevo aniversario del estallido social, es totalmente atingente y relevante, asumir con realismo la situación actual del país. Vivimos una situación económica delicada, la alta inflación golpea a los hogares, los salarios reales se han estancado o han disminuido, versus el alza en el costo de la vida. El ciudadano de a pie está agotado, del estallido a la pandemia, y de ahí a la virtual recesión económica, no hay estómago ni nervios que resistan, sin riesgo de colapso. La clase política está en deuda con el pueblo de Chile. No se puede jugar con las expectativas de la gente. Todas las personas, sin importar su color político, o lo que votó en el plebiscito, esperan una mejora en sus vidas. Esperan un alivio. Hoy no podemos esperar ese placebo, que fueron los retiros de las AFP, donde el alivio fue transitorio, y la dolencia continúa, y hoy nos tiene pagando los costos en inflación. No es, por tanto, sólo un alivio económico, de recibir más transferencias del estado, es sentir que por fin el país se enriela en un camino de paz, de concordia, que nos permita construir nuestras vidas en libertad, y prosperar. Esto es tarea del gobierno y de la oposición. Dejar atrás los egos, y construir juntos, el tiempo corre rápido, y la historia toca a la puerta. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 17 de octubre de 2022.-

LA LLEGADA DE NOAM

Amigos y amigas, esta semana, en medio del debate parlamentario para fijar las bases de un nuevo proceso constituyente, ha surgido con fuerza la problemática económica. Como hemos señalado en anteriores columnas, la responsable conducción del ministro de Hacienda, y las medidas del Banco Central, auguran que el escenario de alta inflación, estaría llegando a su tope, tras el cual podríamos esperar una disminución en los próximos meses. Sin embargo, ya se da por descontado que tendremos un crecimiento cercano al 1% el año 2023. Escenario que se ha enfrentado por la actual administración, con un presupuesto fiscal contra cíclico, es decir fijando un gasto fiscal de 4,3%, por encima del crecimiento de nuestra economía. En cierta forma, la discusión constituyente, pese a su importancia para nuestra estabilidad futura, ha cedido en urgencia, a la discusión de los temas de la agenda económica y social. En esto se aprecia con claridad una posición, que insiste en poner el proceso constituyente por encima de toda otra cosa, y la postura de quienes, con realismo, y quizás leyendo de mejor forma el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, sostienen que hay que impulsar la agenda legislativa del gobierno. El ejecutivo ha comprendido que los principales temas de preocupación de los chilenos y chilenas, son la delincuencia y el clima de inseguridad, los efectos de la inflación sobre los precios, y los menguados salarios, y las bajas pensiones. La prolongación semana a semana, de las conversaciones de los partidos políticos en el parlamento, desgastan cada vez más el interés de la ciudadanía en el proceso. Vuelven a oírse voces alegando que cualquier dialogo “sin la calle”, es cocina, los mismos que criticaban el acuerdo del 15 de noviembre, critican ahora, el dialogo que pretende reimpulsar el proceso constituyente. Por otra parte, se ha instalado nuevamente el debate por la reposición del voto obligatorio, el gobierno ha puesto urgencia a la discusión del proyecto, en trámite hace tiempo ya, en el parlamento. El mundo político no termina de convencerse del voto obligatorio. Mientras la derecha, que se atribuye el triunfo en el plebiscito del 4 de septiembre, piensa que los nuevos electores les serán favorables, otros, sostienen que el voto obligatorio con inscripción automática, podría tener efectos adversos. Esto sería por el “agotamiento electoral”, es decir, por el cansancio o hastío de los ciudadanos, a participar en sucesivas votaciones, sólo separadas por algunos meses la una de la otra. Sin ir más lejos, si se llega a concretar un nuevo proceso constituyente, las fechas de estas votaciones obligatorias, serían tentativamente en abril 2023, para elección de constituyentes y diciembre de 2023, para plebiscito de salida. En tanto en el año 2024, se iniciaría el ciclo de votaciones para cargos de elección popular, de alcaldes y concejales. Luego en 2025 elecciones presidenciales, parlamentarias, y de gobernadores y consejeros regionales. Todo un cóctel electoral, que con seguridad motiva a quienes están inmersos en la actividad política, pero no producen el mismo entusiasmo en la población general. Este contraste, esta contradicción aparente, entre los intereses de las grandes mayorías, y los de una minoría dirigente, es fruto de décadas de individualismo, décadas de sálvense quien pueda y de ráscate con tus propias uñas. No es que la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas estén equivocados, o les falte educación, como han burdamente pretendido algunos, para explicar el rechazo del 62%. Es lisa y llanamente, la realidad que nos toca vivir. Nuestra sociedad se ha estructurado así, y quienes queremos transformarla, primero debemos conocerla, mejor aún formar parte de ella. No dictar catedra desde una importante testera, no despreciar o ridiculizar al que prefiere seguir apostando, que asociarse a otros para resolver los problemas. En esta tarea de reflexionar, de mirar crítica y autocríticamente nuestra realidad, no estamos solos. Como una grata sorpresa, hemos leído esta semana, sendas entrevistas a Noam Titelman, economista, unos de los fundadores del frente amplio, y ex presidente de la FEUC. Un intelectual que ha pasado los últimos cinco años, estudiando un post grado en el London School of Economy, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Contra lo que pudiera pensarse, por esta presentación, Noam Titelman, es crítico y auto crítico con su sector político. Entre los puntos que más me interesaron, fue su diagnóstico sobre la derrota del apruebo. La errónea idea de que Chile podría sintetizarse como una simple suma de demandas particulares. Esto también es aplicable al actual gobierno, donde la tarea es representar a todos los chilenos y chilenas, y no a un sector específico en particular. Una diferenciación que me parece de los más atingente, ya que Titelman, diferencia claramente la función del gobierno de impulsar un proyecto país, que es mucho más complejo, que impulsar un listado de reivindicaciones particulares, que es el rol del activismo. En esto se juega el éxito de la gestión del gobierno, no se puede intentar satisfacer a un nicho de electores, sin atender primero, las materias que involucran a todos los chilenos y chilenas. El economista Titelman, es muy ponderado en sus juicios respecto a los gobiernos de la concertación y de la Nueva Mayoría, y destaca que en ese período se logró instalar una mirada o enfoque económico, que fue desarrollado por largos años, en centros de estudio como CIEPLAN. Lo que no ha ocurrido posteriormente. Advierte de una falencia de la izquierda chilena, en este sentido, porque se concentró exclusivamente en su crítica al neoliberalismo, en los 90’ y 2000. Posteriormente, no ha existido un desarrollo teórico, que pueda aportar a un proyecto de país, con una mirada progresista. Se ha planteado reiteradamente, que el estado debe tener un rol más activo en la economía, pero no se plantea cómo. Esta idea, se relaciona bastante, con una reciente entrevista de la destacada economista italiana Mariana Mazzucato, quien apunta justamente a como enfrentan los gobiernos progresistas la problemática económica. Básicamente, señala Mazzucato, que los gobiernos progresistas de Latinoamérica, “Deben centrarse más en la productividad, que en la redistribución”. En resumen, existe coincidencia, en la necesidad de generar ideas y propuestas económicas, que sean alternativas realistas en la actualidad. Desde ya, está claro, que apuntar desde la izquierda a un modelo desarrollista, es tan anacrónico como un modelo de economía central planificada. Ambos superados por una larga historia de experiencias fallidas, y resultados calamitosos. Resulta esperanzador, leer a jóvenes intelectuales como Noam Titelman, de la misma generación del presidente Boric. No sólo aporta un análisis, que permite distanciarse de la refriega cotidiana, centrada en superficialidades, sino que aporta una mirada estratégica al gobierno progresista, que, si es escuchado, le permitirá consolidar una única coalición de gobierno, y una agenda económica viable y de futuro. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 10 de octubre de 2022.-

EL DESAFÍO ECONÓMICO

Amigos y amigas, esta semana en Chile, la agenda estuvo marcada por los temas económicos, aunque había tenido su introducción, el 22 de septiembre con la presentación del informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esta es una organización internacional a la que Chile fue invitado a participar e ingresó durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Siendo el único país de sud américa, y el segundo de Latinoamérica, en integrarse después de México. El objetivo de la OCDE es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. Para ello, trabaja en colaboración con los gobiernos, como un centro de conocimientos para la recopilación de datos y análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Busca establecer estándares internacionales y proponer soluciones a los retos sociales, económicos y medioambientales, basándose en datos empíricos. En su último informe sobre Chile la OCDE, destaca la solidez de las instituciones que han permitido gozar de estabilidad macroeconómica al país, sorteando tres grandes shocks. El producido por el estallido social de 2019; el de la pandemia de Covid-19 en 2020; con su alto costo en vidas y medios de subsistencia, que llevó a la contracción más aguda de los ingresos en 40 años. Y el shock de 2022, por la guerra de Ucrania, que produjo escasez mundial de suministros, aumento de precios, y presiones inflacionarias. El informe describe, la fuerte respuesta dada por Chile, a través de políticas económicas expansivas. Que permitieron la rápida recuperación de la pandemia en 2021, pero la mantención de la expansión del gasto fiscal y los tres retiros de fondos de pensiones, provocaron un sobre calentamiento de la economía. Sólo los retiros de fondos entregaron recursos ascendientes al 18% del PIB a los hogares. Si se considera los subsidios estatales entregados en forma universal, los recursos y la liquidez llegaron a un 30% del PIB. De este modo, la inflación aumentó a su máximo nivel en 30 años. Observa la OCDE, que, a raíz de esto, las autoridades económicas debieron adoptar medidas de política monetaria, para contener las presiones inflacionarias. Asimismo, se observa que los retiros de los fondos de pensiones, implicaron que las AFP liquidaran parte de los activos a largo plazo de su cartera. Como consecuencia de esto se ha reducido la profundidad del mercado financiero. Esto impacta, por ejemplo, en las tasas y condiciones para el otorgamiento de créditos hipotecarios. El informe de la OCDE hace una serie de recomendaciones, a nuestro país, entre las que destaco las siguientes: • Mantener una política monetaria restrictiva para asegurar el retorno de la inflación a la meta. • Reforma tributaria. Movilizar ingresos fiscales adicionales a través de una reforma integral de los impuestos: sobre la renta personal, sobre la propiedad, y por mejoras en la administración tributaria. • En materia de productividad y competencia. Agilizar y unificar los procedimientos municipales de concesión de licencias y fomentar la digitalización de los procedimientos pertinentes. Revisar el conjunto de regulaciones existentes y su impacto en la competencia. • Potenciar el apoyo a la I+D centrándose en los programas más eficaces, manteniendo una combinación equilibrada entre ayudas directas y créditos fiscales. • Formalización laboral. Establecer una estrategia integral para fomentar la formalización, que incluya la reducción de los costes laborales no salariales, la mejora de las competencias de los trabajadores, el refuerzo de la aplicación de la ley, y la mejora de la administración fiscal. • En materia de pensiones. Considerar incrementar las pensiones y aplicar tasas de contribución progresivas en el sistema de pensiones, asegurando fuertes incentivos a la creación de trabajo formal. • Mejorar el acceso universal a servicios de salud de calidad mediante la creación de un fondo único que mancomune los recursos financieros y los distribuya de forma más equitativa entre los aseguradores, con un mayor uso de ingresos fiscales generales. • Capacitación. Revisión completa de los programas de formación profesional, incluido el crédito por gasto de capacitación, para aumentar la pertinencia y calidad de la formación y mejorar la focalización hacia los trabajadores vulnerables. • Acelerar los avances en la descarbonización de la economía mediante una normativa más estricta y unas señales de precios más coherentes, utilizando tanto impuestos sobre el carbono como sistemas de permisos de emisión transables, protegiendo al mismo tiempo el poder adquisitivo de los hogares vulnerables. Considerar acelerar las exenciones del impuesto sobre el carbono para las centrales eléctricas que utilizan fuentes de energía renovables. Tras la presentación del informe de la OCDE sobre Chile, los actores económicos y políticos, esperaban la presentación del proyecto de ley de presupuestos 2023. Por cadena nacional del jueves 29 de septiembre, el presidente Boric explicó al país, el primer presupuesto de su gobierno. El presupuesto contempla un incremento en el gasto de 4,2%, en línea con la reducción del gasto fiscal que este año superará el 23%. El presidente destacó que, siguiendo la buena práctica de las políticas contra cíclicas, en períodos de bajo crecimiento económico como el que vivimos, será el estado el que hará un importante esfuerzo de inversión, para incentivar la economía. En su contenido, se cubren varias de las recomendaciones de la OCDE, asimismo, se aprecia que ha sido confeccionado, para dar cuenta de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Por esta razón el presupuesto se estructuró en tres áreas: Seguridad económica, seguridad ciudadana y seguridad social. Seguridad económica: El gasto total en inversión pública crecerá un 5,5% respecto de 2022. Corresponde a un monto de 1.6 billones de pesos, es decir, más de mil seiscientos millones de dólares, en un Programa de Infraestructura para el Desarrollo, que involucra la construcción de carreteras, puentes, vías férreas y aeropuertos por todo Chile. Este presupuesto tiene énfasis en lo local y en la descentralización, por lo que contempla un aumento de 6,2% en los fondos de inversión municipal y de un 2,9% la inversión regional que se entrega directamente a los Gobiernos Regionales. Para fortalecer los programas de acceso a créditos destinado a las pequeñas y medianas empresas, que otorgan más del 60% de los empleos del país. Se dispuso de un fondo de $ 58 mil millones de pesos, haciéndose cargo que muchas de ellas no están bancarizadas. Para incentivar la inversión, y facilitar la ejecución de proyectos, se anunció que se buscará acelerar la tramitación de permisos otorgados entre otros, por el Consejo de Monumentos Nacionales, los municipios y el Servicio de Evaluación Ambiental. De este modo, el gobierno se hace cargo de planteamientos que los distintos actores económicos han hecho, sobre escollos o trabas a los proyectos de inversión, también recogidos por el informe OCDE. Trabas burocráticas consideradas, verdaderos cuellos de botella para los grandes proyectos de inversión. También haciéndose cargo de las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales, y de los planteamientos de universidades y centros de investigación, el presupuesto de 2023, contempla una inversión extraordinaria en Ciencia y Tecnología de casi 76 mil millones de pesos, lo que significa un aumento histórico del 9,6% para potenciar la investigación y el desarrollo del país. En palabras del presidente Boric “La ciencia nos ayudará a encontrar soluciones para los problemas que nos aquejan día a día: la contaminación del aire, las listas de espera, los tacos en las ciudades, la burocracia”. Seguridad pública: Se aumentará el presupuesto de Orden público y seguridad a $164 mil millones de pesos (USD 170.560.000), es decir, un aumento de un 4,4% respecto de 2022. Se destinarán recursos a incorporar más policías, la recuperación del espacio público y combate al narcotráfico y al crimen organizado. En particular, se considera fondos de 38 mil millones de pesos para ejecutar la nueva Política Nacional Contra el Crimen Organizado, que fortalecerá la capacidad operativa de Carabineros de Chile y la PDI. Asimismo, para incrementar la presencia policial, y mejorar sus tiempos de respuesta, se contempla un aumento de 25 mil millones de pesos el presupuesto a Carabineros de Chile. Seguridad social. Se destinarán más de 750 mil millones de pesos para continuar con el IFE Laboral, el Ingreso Mínimo Garantizado, el Subsidio Protege y el Bono de Canasta Protegida. En salud, continuando con la política de copago cero, implementada en el sistema público para los usuarios de FONASA, se pondrá en marcha el plan piloto de Atención Primaria Universal. Este contempla en mejorar los consultorios, entrega de fármacos a domicilio, compra de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para pacientes con tratamiento GES y no GES con foco en la prevención de las enfermedades. En materia de salud mental, se destinará más de 19 mil millones para el refuerzo de la salud mental. Para la reducción significativa de las listas de espera se destinará 28.360 millones de pesos, para hacerse cargo del aumento extraordinario ocurrido durante la pandemia. En materia de pensiones. Un 60% del presupuesto del año 2023, está destinado a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), de casi 2 millones 300 mil personas con un monto de $193.917, producto de la ampliación de la cobertura al 90% de las personas mayores de 65 años. El presidente Boric reiteró el compromiso de su gobierno de llegar a un mínimo de 250 mil pesos de PGU, a fines de mandato. Como se puede apreciar, de esta extensa crónica sobre el Informe de la OCDE sobre Chile y sobre el proyecto de ley de presupuesto año 2023, enfrentamos una realidad económica compleja, marcada por el bajo crecimiento y la alta inflación, donde adquieren todo su valor la existencia de un Banco Central autónomo, y autoridades económicas responsables en el gobierno. La reducción del déficit fiscal ha sido radical, y se espera que el efecto de esa medida junto a las alzas en el tipo de cambio dispuestas por el banco central, contengan el alza en la inflación. Nos espera un año 2023 con bajo crecimiento económico, por lo que es vital concentrar la inversión pública, en las áreas intensivas en mano de obra. Asimismo, es coincidencia tanto de los expertos de la OCDE, como de los agentes económicos locales, que es imprescindible una reforma tributaria, dada la existencia de demandas sociales, que consideran un gasto permanente. No resulta lógico que más de la mitad del presupuesto anual, se destine solamente a financiar la pensión garantizada universal. Es algo a tener en mente, con miras a la discusión de un nuevo proceso constituyente. Ernesto Sepúlveda Tornero Punta Arenas, lunes 3 de octubre de 2022.-