UN DESTINO COMÚN

Antes de que se cumpliera siquiera un mes, desde el reventón social, ya había ilustres intelectuales chilenos que habían publicado libros sobre el fenómeno. Así de rápido se han hecho los análisis y sacado las conclusiones. Lo cierto es que todos saben, o han acordado saber, que el 18 de octubre de 2019, cayó la gota que rebalsó el vaso. Todos saben cuando empezó esta escalada de movilizaciones, pero nadie sabe cuando terminarán.

Lo que fue pacífico o casi pacífico al comienzo, que fue masivo, festivo a ratos, fue dejando paso a escenas de pillaje, vandalismo y destrucción pocas veces vistas en Chile. El listado de demandas sociales encabezado por pensiones, salud y salarios, dio paso a un listado mas amplio, variopinto, diverso. De pronto se pasaba cuenta de todos los pendientes de la eterna transición a la democracia. De la incapacidad del gobierno para controlar el orden público, pasamos a la conducta pusilánime de la clase política, que desbordada totalmente, trataba de sumarse a la ola de demandas sociales. Personajes que han protagonizado la política del país, los últimos 30 años, figuraron rasgando vestiduras, con caras compungidas, hablando sobre la desigualdad.

Tanta hipocresía no les ha dado rédito alguno. Forzados por las circunstancias, de una asonada callejera que amenazaba la estabilidad del gobierno y de las instituciones, tuvieron que suscribir un pacto para llegar a un plebiscito en abril de este año. Obligados por el descrédito mas absoluto, los parlamentarios debieron aprobar leyes que reducen sus cuantiosas dietas, y otra que fija un límite a la reelección. Ambos proyectos fueron aprobados, en medio de aplausos de los mismos parlamentarios, pero aún falta su ratificación en la sala del Senado. Si efectivamente se transforma en ley el límite a la re elección, políticos muy conocidos  dirían  adiós al Congreso. Sólo a título ejemplar, estarían despidiéndose del senado, en 2022:  Juan Pablo Letelier,  Gido Girardi,  Andres Allamand,  Carlos Bianchi, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Víctor Pérez.

Se avizoran presiones de los afectados para dilatar su deceso parlamentario, pero se espera que la opinión pública esté muy pendiente de esta materia.

Vamos para los 4 meses de movilizaciones, en las ciudades más grandes del país, se ha convertido prácticamente  un hábito. El deterioro del espacio público en estas ciudades, salta a la vista, con sólo recorrer las calles del centro. Ciudades tranquilas y bien mantenidas, como las del sur austral, tampoco se han librado de vandalismo, de la destrucción, incendios, rayados con insultos y obscenidades.

Quienes hicieron de la política un oficio, quienes se hicieron fuertes y poderosos en ella, ahora callan. Las voces sensatas que antes llamaban a la moderación, que llamaban al encuentro entre ciudadanos, entre compatriotas, entre hermanos, hoy callan. Se teme a la respuesta violenta de quienes medran en las redes sociales. Esta actitud de cobardía, cuando no de complicidad interesada, la hemos visto en todo el espectro político. Es la glorificación de la protesta violenta, se rinden loas y alabanzas al que oculto en el anonimato de la multitud, quiebra los vidrios de museos o profana tumbas.

Nadie se arriesga a decir lo que el grupo más radical no quiere oír. Mientras 8 millones de chilenos continúan yendo todos los días a sus trabajos. Llegando como pueden por la destrucción de paraderos, y estaciones de metro. Ellos, los sujetos cuya vida sacrificada, y llena de privaciones, ha sido la justificación del estallido social, han visto afectada su ya difícil existencia. En las grandes ciudades la vandalización de supermercados, de pequeños comercios, de farmacias, de oficinas, ha significado la pérdida de empleos, pero también el deterioro de los barrios. La destrucción de luminarias, de semáforos y de cámaras de seguridad, y rayados e insultos en las fachadas de modestas casas particulares, afecta la vida misma de quienes debieran ser la principal preocupación, en el nuevo Chile.

Existe una lección que aprender acá. No existe ningún atajo para lograr el desarrollo económico. No existe ninguna posibilidad de construir una sociedad prospera e inclusiva, sin crecimiento económico. No se logra el crecimiento económico, sin orden público y estabilidad en las instituciones.

Estamos como país en un punto de inflexión, lo que los economistas llaman “la trampa de los países de ingresos medios”. Para salir de este bache, y poder saltar al desarrollo, se requiere de un gran acuerdo, de un gran consenso social y político. Esa es ni más ni menos, la oportunidad que tenemos por delante. La posibilidad de acordar las condiciones en que nos desarrollaremos como país. La discusión constituyente, no es un mero ejercicio para abogados o juristas, es la oportunidad de que fijemos el rumbo, que miremos por primera vez en nuestra historia republicana, a Chile, como un espacio que construimos todos juntos.

Y todos juntos, significa el encuentro con quienes piensan distinto a nosotros, un encuentro que requiere paz, requiere orden público y requiere instituciones funcionando. Incluido el congreso y el presidente de la República, Eso es lo que le debemos a quienes han quedado a la vera del camino a lo largo de la historia. Abrir espacios, abrir sendas y tender puentes, todos los necesarios, para que  nadie quede atrás, y lleguemos juntos a nuestro destino común.

FUERZAS ARMADAS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

El Artículo 101 de la Constitución política del estado, señala: “… las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. En tanto, respecto de las fuerzas de orden y seguridad, dice que “están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.”

     “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

              Desde octubre de 2019,  en todo Chile, se produjeron manifestaciones de descontento social, marchas, caceroleos, bocinazos, expresiones pacíficas del denominado “estallido social”. Sin embargo como un producto residual de estas manifestaciones, como un efecto no deseado, se produjeron también en todo Chile, acciones de violencia,  desmanes, vandalismo, saqueos e incendio de comercios, oficinas, atentados en contra de iglesias y profanación de tumbas y monumentos.

              El llamado a expresarse pacíficamente, no ha sido escuchado por grupos minoritarios, que persisten en una suerte de acción directa, que no distingue ni discrimina sus objetivos. Han terminado dañando mobiliario público, e infraestructura urbana, que es usada a diario por millones de trabajadores, para ir a sus trabajos y a sus casas.

              El rol que las autoridades de gobierno han pretendido que asuman las fuerzas armadas, en un primer momento, con la declaración de estado de excepción constitucional. Demostró el riesgo que eso implica tanto para la sociedad civil, como para los integrantes de los cuerpos armados, que existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”.

              Con más de 110 días de refriegas constantes en las calles, el saldo de fallecidos, heridos graves, y detenidos, ensombrece la historia de esta movilización social. Y ha afectado gravemente la imagen pública del gobierno, que se hunde en las encuestas de opinión. La imagen internacional del país, sufre con 4 informes de organismos internacionales, que condenan las violaciones a los DDHH perpetradas por agentes del estado. Se sindica a Carabineros de Chile, como la principal entidad pública que ha cometido estos actos, derivado de excesos en el uso de la fuerza, como por no cumplir los protocolos de control de disturbios. Se trata de la institución que junto a la Policía de Investigaciones, según la constitución “Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior”.

Se acerca a pasos agigantados el plebiscito constituyente. La instancia en la que con un lápiz y un papel, sin miedo y sin violencia, resolveremos si queremos una nueva constitución, y si queremos se elabore en una Convención constituyente. Mixta, o elegida íntegramente por votación popular. Las discusiones acerca de los contenidos de que podría tener una nueva constitución política,  ya comienzan a darse. Tanto en medios académicos, organizaciones gremiales, Juntas de vecinos, y empresas.

Un tema ineludible, en estas discusiones preliminares ha sido las atribuciones y facultades que el constituyente entregará a entidades tan importantes, y con tan distinta naturaleza, como es el Banco Central, el Tribunal Constitucional y  las fuerzas armadas.

Sucede que para muchos, la transición a la democracia, recién concluiría, con una nueva constitución política del estado, donde se aborde directamente estas instituciones. Ya que dentro de las cuarenta reformas constitucionales que se hicieron desde 1990, prácticamente no tocaron a las fuerzas armadas. Con timidez, cuando no con temor, los gobiernos democráticos avanzaron en temas como la posibilidad de que el presidente de la república, pueda llamar a retiro a los comandantes en jefe y al general director de Carabineros. Asimismo, y  casi 30 años después se logró modificar la denominada, “Ley reservada del cobre”, que establecía el sistema de financiamiento de las fuerzas armadas, el famoso 10 % de las ventas de Codelco. Que le entregó cifras ingentes de dinero a los institutos armados.

Los escándalos descubiertos en el ejército y en carabineros de Chile, conocidos como “Milico gate”, y “Paco gate”, no hicieron sino ratificar que hasta el día de hoy, el poder civil ejerce un control casi inexistente sobre el poder militar. O dicho de otro modo, los controles existentes  se han comprobado ineficaces, para velar por el respeto del interés nacional.

Una sociedad democrática moderna, debe contar con instituciones armadas, altamente profesionalizadas, sujetas de manera irrestricta a la constitución y a la ley. Por ello es de vital importancia, que la sociedad civil, se interiorice de las regulaciones que han fallado, y porque no decirlo, discuta acerca del rol que se espera de las fuerzas armadas en el Chile del siglo XXI.

Una formación académica rigurosa, no sólo para el cuerpo de oficiales, valores, ética, respeto absoluto a los derechos humanos. Para contar con dotaciones incorporadas a la dinámica de un país que aspira al desarrollo.

Es vital mantener y fortalecer, la colaboración y el apoyo de las fuerzas armadas, a las actividades productivas de zonas extremas. La actividad económica que se realiza en lugares de geografía o condiciones meteorológicas extremas, muchas veces requiere del apoyo logístico de las fuerzas armadas. También es importante mantener y dinamizar la actividad de divisiones, como el cuerpo militar de trabajo.

Un aspecto a discutir de manera prioritaria, en la nueva constitución, deberá ser la  de circunscribir a las fuerzas armadas a su rol específico, y no sobrecargarlas de tareas administrativas. La incidencia de decisiones de la burocracia militar, es gravitante sobre la actividad económica, sobre todo en las zonas extremas.

La sociedad civil requiere optimizar los procesos, reducir tiempos de tramitación, eliminar burocracia. Los conflictos entre particulares y los institutos armados, son de difícil solución. Normalmente terminan en tribunales, debido a la infinita cadena de mando. Una decisión discrecional o arbitraria, puede detener la actividad de una región completa.  La decisión final siempre radica en la capital.

Nos ha sucedido en Magallanes en más de una ocasión. Decisiones inconsultas, como fue en su momento autorizar el “landing”, a cruceros extranjeros. Que significó un duro golpe a las empresas chilenas que operan en nuestras aguas, brindando servicios de transporte turístico. Con la consiguiente pérdida de ingresos y de empleos. Y nos vuelve a suceder ahora, en una situación que ya ha producido perjuicios millonarios, tanto a empresas de transporte argentinas, como chilenas. Ha ocasionado cientos de reclamos de turistas, detenidos por largas horas a la espera de un cruce en Punta Delgada.

Ha sido cubierto difusamente por los medios locales. Una vez más una decisión imprudente y falta de fundamentos de un mando medio, le asesta un fuerte golpe a la economía local. Muchos atribuyen al desconocimiento de la dinámica económica de la temporada estival, por parte de un funcionario del norte del país. Resulta alarmante que la autoridad pertinente, no dimensione, el carácter estratégico de mantener el funcionamiento fluido del transporte marítimo.

En los tiempos que vivimos en Chile, y en la región, no estamos para  tolerar el entorpecimiento de nuestra principal vía de transporte con Tierra del Fuego. La dilatación innecesaria,  muy cercana a lo arbitrario,  de la autorización de zarpe para la moderna nave “Kaweskar” de la empresa regional Transbordadora Austral Broom, constituye un despropósito, y debe determinarse responsabilidades.

La sociedad civil merece contar con cuerpos armados, que sirvan leal y honestamente al interés nacional. La discusión en cabildos y asambleas, ha incluido la relación con las fuerzas armadas y de orden y seguridad. El adecuado financiamiento de sus operaciones, y el control estricto y la rendición de cuentas, para evitar irregularidades.

Del nuevo ordenamiento constitucional, deberá derivarse en lo sucesivo una profunda revisión de los estatutos jurídicos de los institutos armados. Estos son imprescindibles para nuestro desarrollo como país y como región, pero con una concepción moderna de su rol, que facilite  el libre y ágil desarrollo de la actividad económica.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, Lunes 17 de febrero de 2020.-

NO TEMAS ABRIL

Este año 2020, tendremos en Chile una seguidilla de instancias electorales.  El 26 de abril será el plebiscito, donde decidiremos entre las opciones APRUEBO y RECHAZO, a una nueva constitución. Deberá votarse en la misma instancia, entre un CONVENCIÓN MIXTA (Integrada en parte por representantes electos y en parte por integrantes electos por el parlamento) y la CONVENCIÓN CONSTITUYENTE (integrada totalmente por representantes electos por la ciudadanía).

El 26 de febrero inicia la propaganda electoral de las opciones en disputa, y el 27 de marzo  inicia la franja electoral gratuita en canales de televisión de libre recepción. La propaganda electoral concluye a las cero horas del 23 de abril.

Pero este año se eligen alcaldes y concejales, y además por primera vez los gobernadores regionales. Se efectuarán elecciones primarias para elegir a candidatos a alcalde y gobernador regional el domingo 7 de junio.

Las elecciones de alcaldes, concejales, y gobernadores regionales, se efectuarán el domingo 25 de octubre. En dicha fecha, eventualmente, se elegirá a los convencionales constituyentes.

El 22 de noviembre se efectuaría la segunda vuelta electoral, del gobernador regional, si en primera vuelta ninguno superara el 40% de los votos.

En medio de esta verdadera vorágine electoral, las preocupaciones de las grandes masas asalariadas, están muy distantes del calendario que políticos de gobierno y oposición ya manejan al dedillo. El descontento social, expresado en todo el país, a partir de octubre 18, tiene por fundamento condiciones estructurales de nuestro modelo de desarrollo. Aunque no suene popular decirlo, el cambio de constitución no resolverá ni el desequilibrio crónico en la distribución de los ingresos, ni la calidad de la salud, la educación o las pensiones de millones de chilenos.

Por qué, entonces toda la discusión pública, aparece capturada por el tema constituyente? Muy sencillo, porque el origen de nuestro actual ordenamiento constitucional, aparece cuestionado mayoritariamente, por su ilegitimidad de origen, y por la orientación ideológica que la inspiró. Parece un contrasentido, porque la constitución del 80´ la redactó media docena de abogados, sin participación ni discusión popular, y nos ha regido hasta ahora, pese a los más de 40 cambios efectuados. La necesidad de redactar un nuevo texto, se asocia al mejoramiento de la calidad de nuestra convivencia democrática. También en el inconsciente colectivo, está la idea de una redistribución del poder. Es el aspecto en que coincide la academia con la calle, en un nuevo pacto social, se plasma el tipo de sociedad que aspiramos a tener.  En este caso, sería la primera ocasión en nuestra historia republicana, que estaríamos ante un proceso constituyente, tan amplio y participativo.

La realidad económica y social que enfrentamos desde el año pasado en Chile, dista mucho de las promesas efectuadas por la actual administración. Sin embargo, las causas del denominado “estallido social”, son mucho más amplias y profundas. Abordar con claridad y transparencia la respuesta a las materias de la agenda social, es un imperativo que debiera convocar a todas las fuerzas políticas. Sin embargo, el liderazgo político parece capturado por la estridencia, por la lógica de trincheras, que nos lleva a un conflicto con suma cero. No se trata  de revivir la experiencia de la “política de los acuerdos”, de los años 90’, a la cual nos referimos en columnas anteriores. Se trata de sentar las bases de un nuevo diálogo social, el cual deberá manifestarse también en la discusión constituyente.

La tarea de todos sin exclusión, es generar las condiciones, para que podamos hablar y acordar una agenda social de urgencia. Antes que toda la energía se vuelque, a las campañas del plebiscito, de las primarias de alcaldes y gobernadores. Y posteriormente en octubre la votación para elegir al gobernador regional, alcalde, concejales, y convencionales constituyentes.

Quienes más se han oído en medios y redes sociales, son los sectores más extremos de derecha e izquierda. Son los partidarios del estatus quo. Con discursos que fomentan la animadversión, cuando no el odio, por nuestros compatriotas, pretenden sembrar el temor acerca del futuro. Y ya lo han conseguido en parte. Personalmente conozco decenas de pequeños y medianos empresarios, temerosos de lo que está pasando en las calles. La destrucción de semáforos, y cámaras de seguridad, mobiliario urbano, ha sido seguida por el incendio de locales comerciales, oficinas, atentados contra edificios públicos, monumentos, tumbas e iglesias.

Lamentablemente quienes no creen en la democracia representativa, ni en los derechos humanos, se mimetizan detrás de las marchas y manifestaciones pacíficas. Y ha existido tibieza, en el rechazo a la violencia y el pillaje, por parte de los dirigentes políticos.

El pueblo de Chile, ha demostrado una y otra vez que es amante de la paz, que desea mejorar su condición actual, pero sin perder lo que tiene. Sin perder el empleo, sin perder el entorno donde vive y trabaja. Se equivocan quienes creen que los grupos más violentos, representan al pueblo de Chile. Minorías iluminadas, existieron antes y existen ahora, sin ninguna relevancia, y sin ninguna vinculación con el tejido social.

Hay que tranquilizarnos, sembrar semillas de paz, generar ambientes propicios para el dialogo, en empresas, juntas de vecinos, y sindicatos. El pacto social que construiremos, consagrará derechos y respetará libertades, garantizará la dignidad del trabajo,  el valor del emprendimiento y la libre empresa.

Para llegar a un desarrollo integral e inclusivo, no existen atajos, ni balas de plata que maten la desigualdad. Debemos ponernos de acuerdo como sociedad, y un paso imprescindible es realizar un ejemplar proceso constituyente.  Trabajemos por ello, y recuperemos la fe y la esperanza.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, Lunes 10 de febrero de 2020.

EL CONSENSO

La política de los consensos o política de los acuerdos, es el sello con el que ha quedado en la historia, el período de la Concertación de partidos por la democracia.  Según coinciden, unos con más apasionamiento que otros, el período  de gobierno más estable y exitoso de nuestra historia. El crecimiento económico récord, a tasas nunca más vistas, la reducción de la pobreza de un 40% a un 12%. Como suele suceder con los procesos de transformación social y política, a medida que nos alejamos de los hechos, el juicio histórico va cambiando. Y lo que ayer era considerado un proceso de transición a la democracia, modelo en el mundo, ahora deviene en algo no tan  puro ni transparente.

La información con la que se cuenta hoy,  es similar a la que se sabía de antes, pero ahora documentada, e incluso con numerosos procesos judiciales en marcha. Sucede que durante ese mismo periodo, de los 20 años de la concertación, se inició el financiamiento irregular de la política, la relación incestuosa del dinero y la política, y el poder desmedido y sin control de quienes tienen el monopolio de las armas. Los escándalos de corrupción que golpearon empresas y partidos políticos, detonaron después, así como el de la corruptela conocida como “Milicogate” y “Pacogate”. En la práctica los hechos se produjeron durante décadas, sin sanción ni reproche alguno de las instancias fiscalizadoras y de control.

Cuando hablamos del consenso de los años 90´,  recordamos esas eternas reuniones en La Moneda o en grandes hoteles, donde un joven Enrique Correa, hacía gala de su habilidad para crear redes, y negociar, tanto con la derecha como con los militares. De él, llegó a decir el propio dictador, que si lo hubiese tenido en su gabinete no hubiera perdido el poder. Una aplaudida política de acuerdos que a la luz de los hechos posteriores, permite dudar acerca de su existencia.

Gran parte del contenido de la constitución política de Guzmán y Pinochet, tuvo por propósito impedir el ejercicio de las grandes mayorías. La idea era constreñir de tal modo a los adversarios del dictador, si llegaban al gobierno, que en la práctica, se vieran obligados a actuar muy parecido a como ellos mismos lo harían. Se diseñó un entramado legal con  senadores designados por el propio dictador. Con un sistema electoral binominal que empataba artificialmente a las fuerzas de oposición y de gobierno. Los quórum supramayoritarios que impiden hacer modificaciones estructurales, sin contar con el apoyo de los adversarios políticos. Leyes de “amarre” dictadas en los últimos días de la dictadura el año 1989, y las llamadas “leyes secretas”, que ni siquiera se publicaron en el diario oficial.

Decíamos que la propia existencia del consenso y la política de los acuerdos, con el devenir de tiempo, es controvertida. En el fondo a las autoridades de gobierno de la concertación, no les quedó otra alternativa que someter su acción política, a lo que estuvieran dispuestos a conceder los partidos que defendían el legado de Pinochet.

La política de los consensos, más bien fue la política “En la medida de lo posible”, la famosa frase del presidente Aylwin, refiriéndose al objetivo de su gobierno, en cuanto a justicia en casos de DDHH.

Nunca se contó con mayorías parlamentarias suficientes para sortear las barreras instaladas por Guzmán y asociados. La Concertación hizo lo que pudo, con el beneplácito y la aprobación de los grandes grupos económicos, a quienes garantizó estabilidad. No hubo ni grandes cambios laborales ni tributarios, y se mantuvo contenida a la Central de trabajadores y grandes sindicatos.

Cuando nos enfrentamos hoy, a 30 años del retorno a la democracia, a una nueva instancia decisiva. Enfrentamos las mismos dudas, de esos primeros años de gobiernos democráticos. La amenaza de que cosas horribles pasarían si el dictador no ganaba el plebiscito. Se actualiza por sus herederos,  llamando  a conservar lo que queda de la constitución de Pinochet.

Sin el miedo de hace 30 años, el denominado “estallido social”, nos muestra la necesidad de construir verdaderos consensos en nuestra patria.  El sueño de que en 2020 Chile sería desarrollado, no se cumplió. Tampoco que a esta fecha los jubilados sacarían el 100% de su remuneración como pensión. Hay muchas razones para el descontento. La confianza en las instituciones está por los suelos, y hoy en día no existen figuras públicas que conciten una adhesión y respeto, que les permita liderar.

En este escenario, con más incertezas que certidumbres, es imprescindible que todos y cada uno de nosotros, ciudadanos comunes y silvestres, tomemos el control de nuestras vidas. Tenemos una oportunidad histórica de ser dueños de nuestro propio destino. Pero debemos hacerlo en paz. Debemos construir puentes allí donde se alzan barricadas y cercos policiales. Debemos llevar tranquilidad y apoyo allí donde se teme abrir el pequeño comercio o la oficina. Debemos conocernos más, con nuestros vecinos, nuestros caseros de la feria o el almacén. Con la cara descubierta y las manos limpias. Es el único camino posible para retomar la senda del progreso, y que esta vez, llegue a todos.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 3 de febrero de 2020.-